El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ofreció a legisladores de la Asamblea Nacional que designará “lo más pronto posible” a una autoridad encargada que asuma la Defensoría del Pueblo, ante la ausencia del titular Freddy Carrión, quien fue destituido y censurado mediante un juicio político que se sustanció en la Legislatura.

Hasta este viernes, el CPCCS no tenía una definición de cuándo, cómo y a quién designará como autoridad encargada, pese a que desde hace cuatro meses el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, estuvo ausente por cumplir una medida de prisión preventiva, investigado como presunto autor de un delito sexual.

A esto se suma que la defensora subrogante, Zaida Rovira, ya no lo reemplazará pues su acción de personal que dispone la subrogación culmina este sábado.

Defensoría del Pueblo se quedará sin un titular; defensora subrogante, Zaida Rovira, vuelve a ser vicedefensora

En consecuencia, este 17 de septiembre se cumplían los tres meses de ausencia temporal del exdefensor Freddy Carrión, por lo que se configuraba su ausencia definitiva, como lo contempla el artículo 15 de la Ley de la Defensoría.

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Por ello, Rovira anunció que desde mañana volverá a su cargo de vicedefensora.

El vicepresidente del Consejo, David Rosero, había anunciado días atrás que se estaba elaborando un criterio jurídico analizando la solicitud de vacaciones y otros permisos que solicitó Carrión mientras estaba preso, para definir cuándo se cumplían los tres meses de ausencia definitiva y nombrar a una autoridad encargada.

El pleno no ha conocido ningún informe al respecto. Al contrario, el miércoles último, al conocer que la Asamblea censuró y destituyó a Carrión el 14 de septiembre, resolvió que se elabore un nuevo informe para decidir cómo y a quién se encargará este cargo, hasta realizar el concurso público por el cual se designe a un defensor definitivo.

Sin embargo, este viernes ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional los consejeros de mayoría Sofía Almeida, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos dejaron con dudas a los legisladores y justificaron que no han resuelto la designación de una autoridad encargada, porque fue apenas hace 48 horas que se destituyó a Carrión.

La legisladora Johanna Moreira de la Izquierda Democrática (ID) fue quien solicitó la comparecencia de los vocales ante la Comisión, para que expliquen el procedimiento que implementarán.

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dijo que su atribución es solo nominar a la autoridad principal y no pueden intervenir en las decisiones administrativas de otras instituciones, por eso no se tomó una decisión antes.

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Consejo de Participación Ciudadana esperará un informe jurídico para resolver la crisis de la Defensoría del Pueblo

Sobre la designación de un encargado, explicó que la Ley “no indica el mecanismo, ni las características del encargo”. “Es potestad exclusiva del Consejo analizar y revisar cómo se hará este encargo, tenemos la autonomía para revisar los parámetros de este encargo y el perfil. Lo que haremos es revisar cuál es el mejor candidato”, añadió.

Ella levantaba la voz e interrumpía a los legisladores, por lo que el presidente de la Mesa, Alejandro Jaramillo, le aclaró que él le daría la palabra. Le insistió en la pregunta: “Zaida Rovira concluye esa función ¿qué harán para evitar que la institución se quede en acefalía?”.

Almeida persistió que lo harán “lo más pronto posible”, pero que es “decisión del Consejo tomar la mejor resolución porque la Ley es amplia”. “Cuando se cumplan estos tres meses de esa ausencia definiremos la forma en que lo haremos. Pero es una decisión de nosotros”, afirmó.

Moreira le increpó “cómo es que no se ha analizado el tema” si la Defensoría pasó tres meses sin titular.

“Mañana se acaba (la subrogación de Rovira) y tenían que haberlo analizado. Es impresentable que digan que se van a tomar el tiempo para dar una respuesta a la ciudadanía”, le reclamó.

El consejero Hernán Ulloa intervino y aclaró a los asambleístas los procedimientos que establece el artículo 15 de la Ley de la Defensoría para elegir a un encargado. Les recordó que fueron los consejeros de mayoría que aprobaron el 23 de julio pasado una resolución en la que dieron “validez” a la resolución que cesó en funciones a Rovira.

Ello pese a que dicha resolución se habría suscrito con la firma electrónica de Carrión que, al encontrarse en la cárcel, autorizó a su equipo de abogados para que disponga el cese en funciones de Rovira, lo que fue observado en el juicio político.

Además, Ulloa advirtió que con esa decisión se dio “un espaldarazo” a la exautoridad, y se exigía celeridad a la Fiscalía del Estado para que investigue a Rovira por usurpación de funciones.

En su defensa, Almeida dijo que el criterio jurídico con el que se emitió dicha resolución no era vinculante y se acogió con salvedades.

Fue una plenaria tensa. Los asambleístas de UNES, como Fausto Jarrín y Jhajaira Urresta, exigían respeto para que la Comisión no sea el espacio en el que los consejeros ventilen sus discrepancias internas.

Con 75 votos afirmativos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo como defensor del Pueblo a Freddy Carrión

Según Jarrín, cada dos semanas se llama a los consejeros a comparecer cuando deberían estar dedicados a los concursos de elección de autoridades. En la Comisión, “¿estamos muy preocupados por las autoridades que se elijan?”, cuestionó.

Jaramillo le respondió que el tema es de interés nacional, pues una institución se quedaría en acefalía.

Otra crítica la realizó el legislador Dalton Bacigalupo (ID), quien les dijo a los consejeros, que no gozan de la confianza de la ciudadanía y que están creando su “propio desprestigio”.

“Ustedes están creando su propio desprestigio. En cada reunión para la que son convocados a la comisión se hacen evidentes las violaciones legales que se cometen en el interior de ese organismo. Si la minoría tiene razón en el derecho, la mayoría ordena. El asesor jurídico presenta un informe contrario a derecho y toman decisiones en contra de la ley. Hay un manejo descaradamente politiquero en el organismo”, apuntó Bacigalupo.

Finalmente, los asambleístas no obtuvieron respuestas de los consejeros sobre cuándo y cómo designarán a esta autoridad encargada. “No quedó claro, ni hubo las respuestas”, lamentó Moreira.

Se anuncia un pedido de juicio político a los vocales del CPCCS

Aunque no dio mayores detalles sobre las causales, el legislador de Pachakutik (PK), Ricardo Vanegas, anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El anuncio se hizo en el marco de una comparecencia a la que asistieron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana este 17 de septiembre, para que expliquen cómo designarán a la autoridad encargada de la Defensoría del Pueblo, luego que Freddy Carrión fue censurado y destituido por un juicio político que se sustanció el 14 de septiembre.

El legislador Vanegas fue uno de los interpelantes en el enjuiciamiento en contra de Carrión, y este viernes anticipó que impulsará este proceso contra los miembros del CPCCS. “Pronto van a conocer la petición de juicio político para estos señores del Consejo”, dijo Vanegas, al tiempo que exhortó a sus colegas de la Comisión para que lo respalden con las firmas.

El asambleísta Dalton Bacigalupo (ID) aconsejó a los consejeros que rectifiquen sus procedimientos internos, de lo contrario “con consulta o sin consulta (popular) van a ser cesados moralmente”.

“Se habla del reglamento al nuevo contralor que está manoseado, y las denuncias vienen del propio organismo. Hago un llamado para que actúen de común acuerdo, para que esa sea la base de la legitimidad de sus actuaciones, de lo contrario, con consulta o sin consulta sepan que ustedes moralmente van a estar prontamente cesados ante la opinión pública”, regañó Bacigalupo, con indignación.

Al tiempo les pidió que no actúen con “pugnacidad, que no la terminan por resolver por intereses inconfesables”, en referencia a los concursos de selección de autoridades.

Vanegas solicitó semanas atrás la comparecencia de estas autoridades en el seno de esta mesa legislativa. El objetivo era conocer cómo se aprobó la resolución del 23 de abril, con la que se removió de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo.

Tras la decisión del CPCCS, mocionada por Sofía Almeida y que se aprobó con los votos de Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Almeida, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dejó sin efecto la remoción y dispuso el reintegro “inmediato” de Murillo.

Además, que se le repare el daño material, lo que comprendía una compensación por pérdida o detrimento de sus ingresos.

De forma paralela, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, certificó que el vocal “no tiene impedimento legal para ejercer funciones”, como se dijo en un informe elaborado por el exministro Andrés Isch, y que fue el argumento del CPCCS para removerlo. (I)