Consejo de Participación Ciudadana hizo una ‘interpretación’ a los reglamentos para conformar las comisiones ciudadanas que elegirán contralor y vocales electorales

Como parte de los concursos públicos para elegir al titular de la Contraloría General del Estado y de la renovación parcial de cuatro vocales (dos principales y suplentes) del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió realizar una “interpretación” al reglamento de conformación de las comisiones ciudadanas de selección de estas autoridades que están en marcha.

Mientras el país enfrentaba el paro nacional de 18 días convocado por el movimiento indígena, el pasado 28 de junio el pleno del Consejo de Participación Ciudadana ejerció la facultad reglamentaria del artículo 7 sobre “absolver consultas para la aplicación de las normas contenidas en el reglamento y resolver sobre situaciones no previstas en el mismo, cuyas resoluciones serán de cumplimiento obligatorio”.

Con ello, se decidió “interpretar” los reglamentos para integrar las comisiones ciudadanas de selección durante la etapa de impugnación ciudadana, debido a las posibles denuncias que presenten las organizaciones sociales o la ciudadanía a quienes postulan a ser comisionado.

Las comisiones ciudadanas se encargan de organizar los concursos públicos para elegir a las autoridades de control del Estado y están integradas por diez personas: cinco elegidas por sus méritos en representación de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.

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Luego de las etapas de admisión, verificación del cumplimiento de requisitos legales y calificación de méritos (sobre 50 puntos), los consejeros definen en un listado con los 30 candidatos de la ciudadanía que alcanzaron las notas más altas en sus méritos.

De estos 30 se escoge a diez por sorteo público, quienes pasan a la etapa de impugnación ciudadana, en la que pueden ser observados por incumplir requisitos legales o falta de probidad.

El pleno del CPCCS debe resolver si una impugnación es aceptada y el postulante será descalificado; o de lo contrario, archivar el caso.

Bajo ese escenario, los consejeros resolvieron que para garantizar la conformación de las comisiones en el caso de que sean descalificados uno o más postulantes por impugnaciones, serán los 30 mejor puntuados los que enfrentarán esta fase. Con esto se extinguió la restricción que constaba en los reglamentos, para que sean solo las diez personas escogidas por sorteo público las que sean impugnadas y de esta forma tener un ‘banco de elegibles’.

Esta interpretación estipuló que después de que los 30 ciudadanos superen “la etapa de impugnación, podrán ser sorteados entre los que superaron la objeción para conformar la comisión ciudadana, lo que se aplicará a todos los procesos de selección de autoridades”.

Esto se resolvió con los votos afirmativos de los consejeros Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa; Sofía Almeida y David Rosero se abstuvieron y Dávalos estaba ausente en esa plenaria.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, aseguró que esto no es una modificación a los reglamentos para la conformación de las comisiones, sino una interpretación que permitirá avanzar en el desarrollo de los concursos.

Explicó que los reglamentos vigentes “están inconclusos”, pues “se define a los 30 mejor puntuados, de los que se escogen diez por sorteo para que pasen a la impugnación ciudadana, pero no se contempla qué pasa si se acepta la impugnación, cómo deben llenarse esos espacios”.

“Ejercimos nuestra facultad interpretativa estableciendo una forma para evitar un círculo vicioso, porque como está diseñada la norma lo que corresponde es que si se aceptan las impugnaciones, otra vez hagamos un sorteo de los que quedan entre los 30 ciudadanos y pasen a la impugnación y así vamos a estar en un círculo vicioso y nunca vamos a poder conformar las comisiones”, reflexionó.

Precisó que lo que se “busca es que una vez que se elija a las diez personas por sorteo público, no solo ellos pasen a la impugnación, sino también los otros 20, para que en el hipotético caso de que de los diez salgan dos, cuatro, uno, ya no tengamos que volver a convocar a impugnación, sino escoger de entre los 20 que ya superaron esa fase”.

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En la víspera, los concursos de selección del contralor del Estado y de la renovación de los consejeros electorales se encuentran en la fase de escoger por sorteo a los diez ciudadanos que formaron parte de los 30 mejor puntuados en méritos.

Este 14 de julio, el pleno realizó un sorteo público en el que se escogió al notario que dará fe de los actos que se realicen en el concurso de selección del titular de la Contraloría.

El acto se realizó en la sede del Consejo en Quito, con la presencia de dos veedores ciudadanos y los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y David Rosero. Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Javier Dávalos se conectaron de forma virtual.

Dávalos y Almeida cuestionaron a Ulloa por convocar con pocas horas de anticipación a esta plenaria, lo que había impedido que asistan presencialmente, por lo que votaron en contra del sorteo público, en el que fueron escogidos Gil Aguilar Romero, de la notaría 61, y María del Pilar Flores Flores, de la notaría 12.

En tanto, está pendiente la reinstalación de la sesión 24 para escoger a las diez personas que irán a impugnación ciudadana en la conformación de las comisiones ciudadanas que elegirán al nuevo contralor y a los vocales del Consejo Electoral. (I)