Consejo de Participación Ciudadana habilita a candidatos morosos con el Estado a continuar en el concurso para la selección del defensor público

Los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no dieron paso a la descalificación de ocho concursantes que mantendrían deudas con el Estado, por lo que continuarán en el concurso público de conformación de la comisión ciudadana que seleccionará al titular de la Defensoría Pública, a menos que en la etapa de impugnación ciudadana algún ciudadano los impugne.

Fue el pasado 15 de diciembre que la consejera María Fernanda Rivadeneira evidenció que al menos ocho de los 62 aspirantes admitidos a ser comisionado ciudadano estarían incursos en inhabilidades legales, pues constaban como morosos en el pago de deudas al Sistema de Rentas Internas (SRI), al Seguro Social (IESS) y de pensiones alimenticias, por lo que pidió su descalificación.

El pleno, por decisión de los consejeros que hacen mayoría: David Rosero, Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos, pidieron al equipo técnico (integrado por ocho delegados escogidos por ellos) que amplíen el informe de cumplimiento de requisitos.

En el CPCCS se calificó a ocho postulantes a ser comisionados para elegir defensor público que no habrían cumplido requisitos

De esta forma, en una sesión virtual de este 27 de diciembre, la coordinadora de ese equipo, Zaidy Mora, relató que luego de solicitar información a los organismos competentes en estos ocho casos, se confirmó que dos candidatos mantenían deudas con el Estado; y en otros, habían llegado a acuerdos de pago de las pensiones alimenticias.

Pese a esto, los cuatro consejeros resolvieron aprobar el informe del equipo técnico, pero no se descalificó a los concursantes incumplidos, por lo que continuarán en el concurso. Pero exhortaron a la ciudadanía a que formalicen impugnaciones si consideran que han incumplido requisitos.

Además, desafiaron a Rivadeneira, mediante un “exhorto”, a que denuncie en la Fiscalía General a los ocho aspirantes para que pruebe que habrían incurrido en presunto perjurio. Esto por declarar en una declaración juramentada que no estaban incursos en ninguna inhabilidad.

Los consejeros de minoría, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y Rivadeneira, cuestionaron la resolución, alegando que los participantes debían ser descalificados y que se está atentando a la transparencia del proceso eleccionario.

Ulloa incluso mostró que por sentencias judiciales emitidas entre el 16 y 17 de diciembre, a dos postulantes se les había obligado a pagar las pensiones alimenticias. Es decir, luego de la convocatoria a postularse a ser comisionado que se mantuvo abierta entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre y una vez que Rivadeneira denunció que se estaba calificando a ciudadanos que no cumplían con los requisitos legales.

Esto va en concordancia con el artículo 10 del reglamento de designación que determina que “toda documentación entregada fuera del plazo correspondiente o que no esté conforme a lo dispuesto en la normativa se consideró como no presentada”.

El vocal Ulloa mocionó que sean descalificados, pero los consejeros de mayoría no votaron por esta postura.

“Los concursos avanzan con falencias. Es evidente lo que está pasando: continuar con el concurso con personas que están objetadas por incumplir requisitos”, alertó el consejero.

“¿No les da vergüenza?”, increpó Rivadeneira, y tildó como un “descaro” que la desafíen a denunciar a los postulantes.

Por su parte, Rosero justificó que “no son jueces” sino consejeros y que el concurso debe continuar; mientras que Almeida aseguró que la decisión adoptada está dentro del debido proceso y respetando las leyes.

Antes de convocar a la etapa de impugnación ciudadana, el Consejo deberá realizar un sorteo público para escoger a los 30 mejor postulantes calificados de los 62 admitidos, entre los que están algunos que no habrían cumplieron con la norma al momento de su inscripción.

Sofía Almeida: ‘No he recibido una presión de ningún partido por elegir a una autoridad. De nadie’

Respecto de otros concursos de elección de autoridades, en esa misma plenaria y por decisión de los vocales de mayoría, se aprobaron los informes de admisibilidad de los delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, a ser parte de las comisiones ciudadanas que designarán a dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al titular de la Contraloría General del Estado.

Según los informes elaborados por los equipos técnicos, los funcionarios asignados para ocupar este cargo cumplieron los requisitos legales y no están incursos en inhabilidades.

Los consejeros de minoría no respaldaron estos informes, alegando que no se les entregan las hojas de vida de los postulantes, y que tampoco se les permite formar parte del equipo técnico que revisa los expedientes, por lo que desconocen a quiénes se está calificando para ser parte de las comisiones.

Respecto de la convocatoria a conformar la veeduría ciudadana para vigilar el concurso de selección de los representantes de la sociedad civil a los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Discapacidades, de Movilidad Humana, Intergeneracional y de los Pueblos y Nacionalidades, no hubo ningún inscrito.

El pleno resolvió volver a hacer un nuevo llamado para que la ciudadanía participe. (I)