Consejo de Participación Ciudadana esperará un informe jurídico para resolver la crisis de la Defensoría del Pueblo

La defensora subrogante de la Defensoría del Pueblo, Zaida Rovira, se mantendrá en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resuelva en su pleno designar a una autoridad encargada en tanto realice un concurso público para designar a un nuevo titular.

Esta situación que vive el organismo de defensa de los derechos humanos se da una vez que Freddy Carrión Intriago fue destituido de su cargo y censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político que determinó el incumplimiento de funciones, contemplado en el artículo 131 de la Constitución.

Carrión está en prisión preventiva desde el 17 de mayo pasado, acusado de ser el presunto autor de un delito de abuso sexual que denunció la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, el cual se habría perpetrado la noche del 15 de mayo.

Para este viernes está prevista la instalación de una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, para que un tribunal resuelva si lo declaran culpable o inocente de los cargos.

Defensora subrogante asegura que la designación del remplazo de Freddy Carrión está en manos del Consejo de Participación Ciudadana

La exautoridad se vio envuelta en un escándalo público y una gresca, al participar en una reunión en la casa de Falconí en la que se consumió alcohol, cuando estaba en vigencia un estado de excepción que prohibía las reuniones sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. Acudió a ella en el vehículo institucional y con seguridad de la Policía Nacional.

En su defensa, Carrión dijo al pleno del Legislativo, en la sustanciación del juicio político que se efectuó el martes último, que no incumplió sus funciones. Que acudió a esa reunión porque Falconí le había ofrecido entregar información de presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en el gobierno de Lenín Moreno.

Se describió como la víctima de una persecución política selectiva, porque se pretende “invalidar” el informe de las protestas de octubre del 2019 que elaboró una Comisión de la Verdad promovida por la Defensoría; y que no fue a una “fiesta clandestina ni a una reunión social”, pues incluso no llevó una “chaqueta” al no tener previsto quedarse.

Tras el debate legislativo, que se extendió por casi 16 horas, con 75 votos afirmativos del PSC, CREO, ID e independientes; 47 negativos de la bancada correísta de UNES, a la que se sumó el independiente Jhonn Vinueza (Unión Ecuatoriana); y 14 abstenciones de PK, se concluyó con su destitución y censura, por lo que no podrá ejercer un cargo público por dos años consecutivos.

Al conocer la decisión, los consejeros del CPCCS debatieron este 15 de septiembre una resolución para que la Coordinación Jurídica elabore un criterio jurídico que les recomiende qué acciones tomar.

En el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se establece que, en el caso de ausencia definitiva de la máxima autoridad, se nombrará una autoridad encargada hasta que mediante un concurso público se elija a un nuevo defensor.

Rovira, en declaraciones a la prensa este miércoles, precisó que se ha configurado la ausencia definitiva del titular y lo que corresponde es que el CPCCS nombre a un encargado, y ella estará en funciones hasta que se consume ese procedimiento.

Recordó que, independientemente de la censura y destitución, este viernes se configuraba su ausencia definitiva del cargo, pues se cumplían tres meses de su ausencia temporal, como lo explica la norma.

Freddy Carrión fue designado por el CPCCS-Transitorio en abril del 2019 y sus funciones concluían en 2024.

Con 75 votos afirmativos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo como defensor del Pueblo a Freddy Carrión

El trámite de su enjuiciamiento marcó posiciones en la Asamblea, llegando incluso a trastocar el voto orgánico de la bancada de Pachakutik.

Días atrás, Salvador Quishpe advertía que no estaban seguros de si apoyarían el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó la censura y destitución.

Quishpe cuestionó las causales que se plantearon, como el uso del vehículo institucional para actividades no relacionadas con su función, la cual fue motivada por su coideario Ricardo Vanegas, interpelante y miembro de ese bloque.

La mañana del martes, el jefe del bloque, Rafael Lucero, anunció que la decisión había sido votar por el juicio político, pese a las divergencias internas.

Sin embargo, minutos antes de la medianoche del martes, cuando se votaba, 14 de los 24 legisladores de PK se abstuvieron.

Previamente, Quishpe y Édgar Quezada participaron en el debate y defendieron a Carrión, alegando que el juicio era un mecanismo para diluir las conclusiones del informe de las protestas de octubre del 2019.

Quishpe cuestionó que se quisiera lanzar a la “hoguera” a Carrión y comparó su situación con la de líderes como Tupac Amaru y el exmandatario Jaime Roldós. Desde la bancada correísta lo aplaudían y felicitaban.

El legislador de CREO Diego Ordóñez se sorprendió de la postura de Quishpe y le recordó que los legisladores que lo aplaudían fueron los mismos que años atrás “lo arrastraron en la calle” en manifestaciones que se produjeron en contra del Gobierno de Rafael Correa.

La subcoordinadora de PK, Cecilia Velásquez, dijo que se discutiría internamente por qué cambiaron su voto.

Ella desconocía a qué se debieron estas posiciones, pues dentro de los análisis se concluyó que Carrión incumplió sus funciones, y discrepó del criterio de que el informe de octubre del 2019 se invalidaría por enjuiciar al exdefensor. “Eso no depende de una persona. La institución de derechos humanos tiene que actuar con o sin la cabeza, porque esa es su responsabilidad, y las autoridades están en su obligación jurídica y moral de defender los derechos”, dijo. (I)