Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevén debatir este miércoles la metodología que aplicarán para ejecutar el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, que se suscribió este 15 de noviembre, luego de una reunión con el presidente Guillermo Lasso y los titulares de las principales funciones del Estado.

Dicho acuerdo emanó de los últimos acontecimientos ocurridos entre el 12 y 13 de noviembre últimos, cuando 62 personas privadas de la libertad (PPL) fueron asesinadas en la Penitenciaría del Litoral en medio de actos violentos provocados presuntamente por bandas delictivas. A este hecho se suman más de 80 muertes registradas en febrero pasado, otras 22 en julio y 118 muertes en septiembre.

46 de 62 cadáveres de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral ya han sido reconocidos

En el diálogo entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y los titulares de las funciones del Estado se solicitó al CPCCS que promueva la participación de la ciudadanía en mesas de diálogo con el Estado, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de “reparación integral a las familias afectadas”.

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Para dar viabilidad a este procedimiento, los consejeros debatirán en su seno este Acuerdo.

Por ejemplo, el consejero Hernán Ulloa remitió a la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, un pedido para que en la sesión convocada para este miércoles, se haga una “explicación amplia de los diálogos que dieron como resultado la conformación por parte del CPCCS de mesas de trabajo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria, en el marco del Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, y qué acciones se implementarán para su pronta ejecución”.

El vicepresidente del organismo, David Rosero, explicó que el objetivo de estas mesas técnicas será generar recomendaciones o sugerencias que realice la sociedad civil y la academia para la aplicación de las instituciones estatales. Y como un primer paso se harán invitaciones públicas para que formen parte de estos diálogos.

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A este diálogo se llamará esencialmente a la academia y a las organizaciones no gubernamentales que protegen derechos humanos, para que planteen soluciones en materia judicial y del sistema penitenciario.

En el caso de la reparación a las familias afectadas por los hechos registrados en las cárceles, se recogerá la información pertinente para remitirla a la Defensoría del Pueblo, de ser el caso.

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“Haremos el acompañamiento a estas mesas técnicas, para lo que convocaremos a la sociedad civil, a la academia, y trasladar los resultados de estas a las instituciones que corresponda. Sea en materia de justicia, presupuesto, el SNAI, la Defensoría del Pueblo, para que con la participación de la ciudadanía se puedan implementar las políticas públicas. Haremos también un acompañamiento, vigilancia y seguimiento de que estas recomendaciones sean implementadas”, precisó Rosero.

Incluso, consideró que podrían recomendar a la Fiscalía General que se hagan las investigaciones pertinentes a los funcionarios carcelarios que no ejecutaron controles para evitar estos hechos. En materia de indultos, conocer los pedidos de la ciudadanía para “agilitar estos procesos”.

“La idea es que haya un cambio de 180 grados en el sistema, y desde el Consejo de Participación Ciudadana será realizar estos diálogos que permitan que la academia y la sociedad civil puedan plantear las alternativas, y será la obligación de la Función Judicial, del Gobierno, de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas... implementarlas”. (I)