Consejo de la Judicatura rechaza fallo que acepta recurso de 23 jueces y conjueces de Corte Nacional destituidos en 2019

“No vamos a tolerar presuntas irregularidades en el proceso de expedición de fallos. Este Consejo de la Judicatura (CJ) ha sido el más respetuoso de la independencia judicial, pero no vamos a soportar irregularidades en la expedición de fallos“.

Así se pronunció la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, cuatro días después de que una Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió aceptar, el 30 de diciembre pasado, la acción de protección presentada por quince jueces y ocho conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fueron removidos al no alcanzar el puntaje requerido en el proceso de evaluación de 2019.

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La resolución del Tribunal Penal de la Corte de Pichincha declaró una vulneración de derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso por la destitución de 23 jueces y conjueces de la CNJ y dispuso una reparación económica a cada uno de los afectados tomando en cuenta la remuneración percibida al momento de la remoción, más los correspondientes beneficios de ley a los que tienen derecho.

La resolución de la Corte Provincial de Pichincha, para Maldonado, va en una vía contraria de lo que decidió la Corte Constitucional (CC) el 21 de diciembre pasado, cuando en sentencia definió que el reglamento que usó el CJ en 2019 para evaluar a jueces y conjueces de la Corte Nacional era inconstitucional. Ante ese fallo, el CJ presentó la semana pasada el recurso de ampliación y aclaración.

Según Maldonado, el fallo de la CC ratificó la competencia del CJ para evaluar, que no existe vulneración a la independencia judicial, la constitucionalidad por la forma de sus resoluciones, ratificó que la remoción no atenta contra la garantía de estabilidad, pero la sentencia de la Corte Provincial, asegura la presidenta del CJ, afirma todo lo contrario.

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El director general del CJ, Santiago Peñaherrera, entiende que si la sentencia de la Corte Provincial fue emitida después de la notificada por la CC, esta debía mantener armonía con la hecha por el mayor órgano de justicia constitucional del país, pero “eso no existió”.

Para Peñaherrera, el Tribunal que resolvió la acción de protección no solo que tuvo un retraso exagerado para emitir la sentencia, sino que esos mismos jueces, por ejemplo, jamás le respondieron al CJ al requerimiento de archivo de la acción, es decir, sostuvo, existió una afectación al derecho de una de las partes procesales.

“La CC establece que no existe una vulneración a la independencia de la Función Judicial, sin embargo, la Corte Provincial habla de una vulneración a la independencia. La CC establece un mecanismo de reparación económica en el Contencioso Administrativo desde la fecha en la que fueron removidos hasta la fecha del año 2020 en que se cumplía el primer tercio. La Corte Provincial va más allá y definió que la reparación debe darse por el tiempo que falta para cumplir los nueve años de funciones de los jueces y conjueces”, apuntó Peñaherrera.

A las irregularidades detectadas por el CJ se sumaría el que una de las juezas que integró el Tribunal de la Corte Provincial que resolvió la acción de protección a favor de los 23 jueces y conjueces actuó estando suspendida su jurisdicción, informó la vocal del CJ Ruth Barreno. La jueza cuestionada habría estado en gozo de su periodo de vacaciones.

Pese a que la presidenta del CJ asegura que cumplirán la sentencia de la CC, Maldonado aclara que lo que se analizó no era la evaluación de cada tres años, sino una evaluación por las denuncias de irregularidades presentadas en la administración de justicia contra ciertos jueces.

Recordó que en este caso no se puede olvidar el contexto político que vivía el país en 2018, una debilidad institucional que provocó una consulta popular y un referéndum el 4 de febrero de 2018 en el que se pronunció el pueblo ecuatoriano. Maldonado está clara en que lo que hizo el CJ fue responder a una disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio debido a 885 denuncias por el mal accionar de ciertos magistrados.

La vocal Barreno adelantó que ante todas estas posibles irregularidades detectadas en el fallo del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, el CJ tomará todas las acciones correspondientes a las que se encuentre asistido como parte procesal afectada. (I)