Consejo de la Judicatura adopta acciones ante el anuncio de que Estados Unidos ‘revocó visas’ a jueces ecuatorianos

Horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer que ha “revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial”, el Consejo de la Judicatura (CJ) toma acciones para conocer quiénes son los funcionarios judiciales que hacen parte de esa lista.

Por una parte, el CJ solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos o siguen en sus funciones.

Revocatoria de visas: la Embajada de Estados Unidos afirma que continuará revisando las visas otorgadas y las solicitudes realizadas

Además, con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas para EE. UU. han sido revocadas.

Esta es la segunda vez que desde la Embajada de Estados Unidos se habla de la revocatoria de visas a “jueces y abogados”. A mediados de diciembre pasado, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en una entrevista a un medio digital reveló la preocupación de su Gobierno por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y las fuerzas del orden.

“Esta semana está el caso de los ‘narcogenerales’, y ya hemos retirado visas. (...) Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros, como Petroecuador, compras públicas en el sector de la salud; esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos, estamos quitando visas. (...) Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes”, señaló Fitzpatrick.

Días después, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador notificó a cinco generales de la Policía Nacional del retiro de las visas con las que podían ingresar a ese país. Finalmente, en otro hecho que se hizo público, el 7 de enero pasado, Jorge Acosta, presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral y abogado de figuras políticas, como los expresidentes Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno, el excontralor Carlos Pólit y el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda, dio a conocer en su cuenta de Twitter que Estados Unidos le revocó la visa que le otorgó en el 2007.

Estados Unidos revoca visa a Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y quien ha sido abogado de varias figuras públicas

Según un boletín de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito, emitido la tarde del lunes último, la revocatoria se dio al determinar que las personas ya no califican para estas visas. “Debido a que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho”.

En el caso de Acosta, quien aseguró que no ha defendido nunca a narcotraficantes ni a violadores, y que no tiene “amigos verdes”, la revocatoria se basó en información adicional que fue proporcionada a la Embajada después de la aprobación y emisión de la visa, la cual indicaba que él podría ser inadmisible a los Estados Unidos e inelegible para recibir una visa. “Debido a las presentes circunstancias, sus vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador y, por consiguiente, su visa fue revocada”.

Al tratarse de información personal, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, asegura no tener conocimiento de a quiénes se les habría retirado la visa estadounidense, pero reconoce que esa es una decisión soberana. En diciembre, cuando se conoció del retiro de visas a jueces y abogados, Saquicela dijo que esta es una situación preocupante que “merece una respuesta y tiene que investigarse con prontitud, oportunidad y objetividad”.

Para el presidente de la Corte Nacional, lo que le hace bien a la justicia es que, si se determina la existencia de infracciones o de un acto de corrupción, tiene que sancionarse. Por ello cree que esta es la oportunidad para que el CJ investigue y solicite la información pertinente, para así evitar generalizaciones de corrupción en la justicia ecuatoriana, sino que se hable de casos puntuales en los que se haya demostrado que existió una irregularidad, mediante un debido proceso.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, explicó que en diciembre último el organismo solicitó oficialmente información a la Embajada de Estados Unidos y están a la espera de una respuesta. Pese a ello adelantó que podrían existir limitaciones de orden legal debido a disposiciones señaladas en la legislación estadounidense.

En cuanto al pedido de que jueces informen si han sido objeto de la revocatoria de sus visas de Estados Unidos, Maldonado apuntó que la institución está revisando los nombres de jueces que hayan sido destituidos por actos de corrupción por el CJ. “Hemos declarado a la lucha contra la corrupción como nuestro primer eje de acción”.

Mediante un comunicado emitido cerca de la medianoche del lunes último, el CJ sostiene que continuará ejerciendo sus competencias, como lo ha hecho desde 2019, implementando políticas y acciones enmarcadas en su primer eje de gestión: lucha contra la corrupción, mediante el cual, como parte del control disciplinario, han destituido a 240 servidores judiciales: 75 jueces, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 servidores administrativos; y se expidieron 177 sanciones de suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

“La Embajada de los Estados Unidos se toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. (...) La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. Impide el crecimiento económico y socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instancias. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, igualmente involucrado”, se señala en la declaración sobre revocatoria de visas hecha por la Embajada de Estados Unidos en Quito.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó el contendido del comunicado del CJ, debido a la generalización que se promovería sobre la imagen de los jueces asociándola a la corrupción, lo cual debilitaría la independencia judicial.

En el manifiesto público del la Aemaj se aclara que los jueces ecuatorianos han atravesado las fases de méritos y oposición en los concursos para acceder a la carrera judicial, por lo que, se sostiene, han demostrado por meritocracia cumplir el perfil de los servidores de la Función Judicial. Por ello, no están de acuerdo que se requiera a los jueces informen sobre si se se les ha retirado sus visas estadounidenses.

“(La medida) desconoce por completo la totalidad de los jueces del país que conforman la Magistratura, la trayectoria que los legitima; así como atenta con vulnerar los derechos al buen nombre, imagen y presunción de inocencia”, indica el comunicado de la Aemaj, el cual concluye rechazando toda medida “apresurada y atentatoria” a la dignidad humana de los jueces, “disfrazada de transparencia”. (I)