El anuncio de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, el vocal de este organismo Xavier Muñoz y la removida vocal Maribel Barreno es el nuevo problema para integrantes de la Judicatura, que nace de supuestas irregularidades y la falta de transparencia en el concurso para la selección y designación de siete jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lleva adelante el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Aún se buscan las firmas para concretar el pedido formal que llegará de parte de la bancada legislativa de Construye y el asambleísta Jorge Peñafiel. “La impunidad se encuentra también en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Terán deberá responder por jueces que liberan narcos”, señaló Peñafiel en su cuenta personal de la red X.

Este anuncio de juicio político llega a poco de que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, presentó una acción de protección, con medidas cautelares, para suspender definitivamente el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social que se inició el 28 de julio pasado con la fase de convocatoria.

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Aún no existe fecha para la diligencia, pero se conoce que será la jueza de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, Martha Vimos, quien conocerá el recurso constitucional.

Entre las irregularidades dadas en el concurso que menciona Ocaña está el que en unos casos se hayan aplicado rigurosamente las normas y en otros no. Como ejemplo tomó el caso de una participante que actualmente es jueza de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y que, por no presentar la documentación dentro del tiempo especificado, se la calificó con cero; pero a otro postulante que también tenía la misma situación sí se le calificó la documentación entregada a destiempo.

Otra situación en la que no ve mucha transparencia es en la designación del comité de expertos elegido para el concurso, y la repetición de la prueba de confianza para los postulantes que quieran también llama mucho la atención al representante de los abogados de Pichincha y el país.

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Abogados se juntan en torno a una acción de protección que busca ‘suspender definitivamente’ el concurso para seleccionar siete jueces de Corte Nacional

El que algunos participantes vuelvan a rendir la prueba de confianza y no todos, para Ocaña, violenta el principio de igualdad formal y material. “Muchas personas hemos levantado la voz e incluso una comisión internacional está analizando el tema, con Diego García Sayán a la cabeza. Pero nosotros ya hemos presentado una acción de protección que es la vía judicial para suspender el concurso. Por eso, las medidas cautelares llevan la solicitud de la suspensión definitiva. (...) Quieren poner jueces a dedo y eso es evidente”.

El martes 28 de noviembre último, Wilman Terán llegó a la Asamblea Nacional para entregar una serie de insumos para que el Legislativo pueda iniciar el trámite de un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) para prevenir y combatir actos de corrupción en el sistema de justicia. Se reunió con el presidente del Poder Legislativo, Henry Kronfle, y su vicepresidenta, Viviana Veloz,

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“El conjunto de insumos que se entrega plantea ideas con las que se puede impactar tanto el COIP, el COF, entre otros cuerpos jurídicos, a fin de poder blindar y autorizar este combate abierto hacia ese crimen organizado y, en lo sustancial, también a la corrupción”, explicó el titular del CJ.

De concretarse este anuncio de juicio político sería el segundo relacionado con integrantes del Consejo de la Judicatura que deberá evacuar la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la cual está presidida por la correísta Pamela Aguirre. El juicio político que quedó pendiente en la cesada Asamblea está dirigido contra el actual vocal y expresidente del CJ, Fausto Murillo, y el removido vocal de la Judicatura Juan José Morillo.

Tanto Morillo como Barreno fueron separados de sus cargos en la Judicatura luego de que fueron llamados a juicio por el delito de tráfico de influencias. Ambos, además de Terán y Muñoz, son investigados dentro del caso llamado Independencia Judicial por el delito de obstrucción de la justicia. En esta última causa aún está pendiente que se realice la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, el 29 de agosto pasado. (I)