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Concluyen plazos para que instituciones del Estado y autoridades de elección popular rindan cuentas

Está prohibido que se realicen actos con grupos musicales, adornos u otros gastos suntuarios, en los eventos de rendición de cuentas.

El CPCCS es el organismo encargado de recibir los informes de rendición de cuentas de las instituciones que componen el Estado y de las autoridades de elección popular. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

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Más de 10.600 autoridades de elección popular e instituciones que manejan recursos públicos deben cumplir con rendir cuentas de la gestión correspondiente al 2021, hasta finales de marzo.

La leyes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de Participación Ciudadana obligan a las autoridades e instituciones del Estado a rendir anualmente cuentas de su gestión.

La ley del Consejo en su artículo 9 establece que el Consejo de Participación Ciudadana es el órgano encargado de “establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión”.

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Los obligados a cumplir con esta disposición son las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones, de acuerdo con la ley.

El último informe que dispone el Consejo sobre esta actividad corresponde al año 2019 en el que se observó que 4.509 instituciones del Estado y 6.106 autoridades de elección popular estaban sujetas a cumplir con esta disposición.

En ese entonces, de las 4.509 instituciones públicas, 3.721 rindieron cuentas y 788 no lo hicieron.

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Las funciones Electoral, Judicial y Legislativa habían cumplido esta obligación en un 100 %. Al contrario, el Ejecutivo, los Gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales, parroquiales y provinciales, así como las instituciones que son parte de la Función de Transparencia y Control Social, tuvieron un “incumplimiento superior al 90 %”, detalla el informe del CPCCS.

Asimismo, de 1.172 medios de comunicación obligados a rendir cuentas, incumplieron 559.

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Respecto de las autoridades de elección popular, se registró que 5.260 rindieron cuentas de 6.106. Es decir, 846 no lo hicieron.

El reporte de los incumplimientos fue enviado a la Contraloría General del Estado para que empiece con las acciones correspondientes, pues el CPCCS debe remitir la queja “para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información”.

En tanto, aunque aún resta por conocerse los resultados de las rendiciones de cuentas del 2020, este 31 de marzo culmina el plazo para que las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social realicen los procesos de deliberación con la ciudadanía de las actividades llevadas a cabo en el 2021.

En abril, deberán enviar sus informes al CPCCS.

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En el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados, hasta este 31 de marzo debe realizarse la evaluación de la gestión y elaboración del informe anual; en abril se realizarán las deliberaciones públicas con la población y en mayo incorporarse las opiniones ciudadanas a dichos documentos para que sean remitidos al Consejo.

De acuerdo con el reglamento para la Rendición de Cuentas, en su artículo 29 está prohibido que los actos de deliberación pública se realicen con programas artísticos, protocolos, decoraciones, y otro tipo de gastos suntuarios que atenten al principio de austeridad.

De conocerse estos hechos, la ciudadanía puede presentar una denuncia ante el propio Consejo. (I)

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