Con el concurso público en marcha para designar a los comisionados ciudadanos, quienes elegirán al nuevo contralor del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) publicó una fe de erratas que cambió la puntuación de un apartado de los méritos.

En el Registro Oficial del 27 de octubre de 2021 se publicó un “alcance a una fe de erratas” a una primera fe de erratas divulgada el 28 de septiembre al instructivo al reglamento para el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado.

En ella se pidió al Registro que se cambie mediante una fe de erratas el cuadro de valoración de méritos en el numeral 3.1 sobre liderazgo para que conste: “Se reconocerá cada actividad por dos puntos”.

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Esto, pese a que el pleno del Consejo aprobó la norma con el texto “se reconocerá cada actividad por un (2) punto”.

El artículo dispone que se calificará el liderazgo con un acumulable de hasta ocho puntos por haber liderado o participado en actividades o iniciativas relacionadas con derecho, economía, control gubernamental, ética pública, entre otras.

Este error no fue parte de los cambios propuestos en la sesión 50 del pleno del Consejo, que se realizó el 11 de agosto y en la que se aprobó el instructivo al reglamento del concurso para elegir al contralor, que incorporaba el cuadro de valoración de méritos.

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Incluso, en esa plenaria mientras el secretario general, Ángel Oviedo, leía dicho cuadro acentuó sobre la existencia de este error en la descripción de la puntuación sobre liderazgo. “Se reconocerá cada actividad por un, entre paréntesis dos, punto. Así está escrito”, alertó a los consejeros, quienes no aprobaron ningún cambio al respecto.

Es más, así consta en la Resolución 646 de esa sesión, en la que se expone que, sobre el liderazgo, se reconocerá cada actividad por “un (2) punto”.

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Estos cambios hechos por fe de erratas no han sido debatidos por el pleno del Consejo.

Es así como el alcance a la fe de erratas no fue solicitado al Registro Oficial por la presidenta Sofía Almeida, sino por Oviedo y se hizo mientras estaba en curso la etapa de inscripción de la ciudadanía para ser parte de la comisión ciudadana de selección de esta autoridad.

Ello porque la convocatoria a postularse se desarrolló del 18 al 29 de octubre último. Es decir, este alcance de fe de erratas se publicó el 27 de octubre, dos días antes de que se cierre esta fase.

No obstante a este primer hecho, el mismo Oviedo envió el 28 de septiembre la primera fe de erratas al instructivo al reglamento, en la que pedía aclarar el cuadro de méritos sobre Liderazgo que “DEBE DECIR (sic) se reconocerá cada actividad por un (1) punto”, y no “se reconocerá cada actividad por un (2) punto”.

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Oviedo argumentó en su oficio remitido al titular del Registro Oficial, Hugo del Pozo, que este texto en la normativa “podría producir confusión en los postulantes”.

Pero luego, el 27 de octubre se pidió publicar el alcance a la fe de erratas que modificó, sin la observación de los consejeros, el puntaje sobre liderazgo. Y fue publicado el mismo día, junto con la codificación del reglamento para el concurso público para la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Este cuadro de valoración no se aprobó como parte del reglamento general para la selección de la autoridad de la Contraloría del Estado, como lo dispone el artículo 21 del reglamento para la conformación de las comisiones.

Ahí se señala que los postulantes serán evaluados sobre 50 puntos, y los criterios de valoración se establecerán en el reglamento para elegir al contralor.

Al contrario, el cuadro se aprobó como parte del instructivo, por lo que en la primera fe de erratas se pide que se incorpore como un Anexo I al reglamento para la designación del nuevo contralor.

Con base en este instructivo se reformó el reglamento de selección del contralor en cuanto a la puntuación de los méritos de los comisionados ciudadanos, ya que los vocales de mayoría: David Rosero, Ibeth Estupiñán, Mónica Moreira y Javier Dávalos, resolvieron que no se puntuará el título de bachiller.

Esa propuesta la hizo el vocal Javier Dávalos, quien alegó que hay que ser “más exigentes”, pues por tener título de bachiller un candidato podía alcanzar hasta 12 puntos y lo que se requiere es gente de “altos perfiles académicos”.

Bajo este contexto, estos criterios jurídicos para aprobar los reglamentos fueron cuestionados por el excoordinador jurídico Hugo Icaza, que en su carta de renuncia presentada el 27 de octubre reveló que hubo “decisiones equivocadas” por parte del Consejo.

Recriminó que “personas que no tienen el conocimiento ni la experiencia necesaria para asesorar en decisiones hayan sido parte de la redacción de proyectos de reglamentos e instructivos”, en referencia al asesor de la presidenta Sofía Almeida, Alejandro Gallo.

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Gallo no tiene título de tercer nivel registrado en la Senescyt, pero fue parte de varios equipos técnicos que elaboraron reglamentos e instructivos para los concursos de selección de autoridades que lleva a cabo el Consejo; y ahora conforma el equipo técnico que revisará los méritos de los candidatos a ser los comisionados que elegirán al próximo contralor.

A la renuncia de Icaza se sumó la de Oviedo, que la presentó este 5 de noviembre alegando motivos personales. Aunque se conoció que mantuvo discrepancias con uno de los asesores del despacho de Almeida. (I)