Con un curso de formación de 52 horas concluirá proceso para llenar los catorce puestos para jueces especializados en corrupción y crimen organizado

Los catorce postulantes que consigan las mejores puntuaciones en el Curso de Formación Inicial serán quienes ocupen uno de los cargos vacantes para jueces de la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. A este curso solo accederán quienes obtengan un mínimo de 80 sobre 100 puntos en el concurso público de méritos y oposición para seleccionar a catorce jueces que tratarán siete delitos relacionados con corrupción y 37 con crimen organizado.

Según el último calendario que maneja el Consejo de la Judicatura (CJ), organismo que lleva adelante el proceso de selección, todas las fases del concurso tentativamente deberían estar terminadas el 19 de septiembre próximo. A finales de marzo pasado la Judicatura lanzó la convocatoria para seleccionar dos jueces de unidades especializadas, seis jueces para tribunales especializados y seis jueces de salas especializadas de Corte Provincial para apelación.

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Los postulantes que hayan obtenido un mínimo de 80 puntos sobre 100 en la sumatoria de los resultados de la fase de méritos (calificada sobre 50 puntos) y la fase de oposición (calificada sobre 50 puntos: 20 puntos para la prueba teórica y 30 puntos para la prueba práctica) habrán adquirido un cupo para el Curso de Formación.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, confirmó que serán 52 días los que dure un Curso de Formación Inicial que estará en manos de catedráticos nacionales y extranjeros que tendrán especialización en materias de corrupción y crimen organizado y a cargo de la Escuela de la Función Judicial. Quienes aprueben el curso con al menos 80 puntos sobre 100 integrarán el banco de elegibles para jueces especializados.

La capacitación deberá concluir a finales de octubre de este año, pues es la fecha que se ha definido para que entre en funcionamiento la nueva Unidad Especializada con sus salas de primer nivel y tribunales. Un total de 40 funcionarios judiciales, incluidos los jueces, laborarán en esta dependencia que funcionará en Quito, pero tendrá alcance nacional.

A finales de noviembre del 2021, el pleno del CJ resolvió la creación de esta Unidad Especializada, luego que la tarea de implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345 del 8 de diciembre de 2020.

Respecto a estos cambios definidos, en enero pasado se presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) contra la resolución del CJ y por la reforma al COFJ. Los abogados César García Sánchez y Vanesa Zavala Fonseca en su pedido aseguran que la creación de estas unidades en la ciudad de Quito “limita el libre ejercicio del derecho a la defensa de los procesados” y “da lugar a la creación de una ‘élite profesional’ en la capital”.

Los accionantes cuestionaron que se juzguen en Quito delitos cometidos en otras jurisdicciones, lo que establece una barrera geográfica para los procesados, pues no podrían escoger a un abogado de su confianza. Esto, aseguraron, atenta contra el debido proceso garantizado en la Constitución.

Al momento el juez constitucional Jhoel Escudero avocó conocimiento de la acción de inconstitucionalidad y ya notificó a las partes procesales: García y Zavala como demandantes, y como demandados a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional; y Fausto Murillo, presidente encargado del CJ.

Una vez que la Judicatura cuente con la lista de personas que aprobaron el Curso de Formación Inicial, Peñaherrera explicó que los artículos 72 y 73 del COFJ establecen que el pleno del CJ hará una designación de los jueces respetando el orden de la puntuación que hayan obtenido en el curso, es decir, que los catorce postulantes que hayan obtenido el mayor puntaje pasarán a ser jueces especializados.

Para garantizar el carácter especializado de estos jueces, el CJ y la Escuela de la Función Judicial estarían trabajando en una planificación de cursos permanentes de formación en la temática de corrupción y crimen organizado. Estas capacitaciones no solo estarían dirigidas a los catorce jueces que se seleccionen, sino para todos los que van a integrar el banco de elegibles.

Para finales de octubre próximo se pospone la entrada en funcionamiento de la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado

El objetivo de incluir a quienes queden en el banco de elegibles, anotó Peñaherrera, es para garantizar ante la salida de un juez, por las razones que sean, que quien los remplace y venga de la lista de elegibles de acuerdo con su puntuación esté bien capacitado para asumir el cargo.

Hasta el 19 de julio próximo se conocería el informe con la aprobación de resultados de la subfase de las pruebas psicológicas realizadas a los 113 postulantes que superaron el mínimo de 30 sobre 50 puntos que se necesitaba para pasar de la fase de méritos.

Las pruebas psicológicas no tienen un puntaje específico, pero sí tienen un carácter excluyente, es decir, quienes no aprueben esta subfase quedarán fuera del concurso y solo los declarados idóneos seguirán a las evaluaciones que son parte de la fase de oposición, en la que se medirían los conocimientos teóricos y prácticos de los postulantes. (I)