Durante dos días consecutivos, las autoridades de control presentaron sus informes de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional donde fueron recibidos con una sala semi vacía y mostró poco interés en las datos revelados sobre la gestión realizada.

Ocho funcionarios acudieron y en ninguno hubo el quórum reglamentario para continuar escuchando los avances del trabajo desarrollado en la Función de Transparencia, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría del Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

En el primer día, mientras el presidente de la Función de Transparencia, César Córdova, dio a conocer los enfoques preventivos aplicados en el 2022, para limitar y sancionar los actos irregulares e ilícitos que se presentan en las ocho instituciones que forman parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, destacó las cinco líneas de acción institucional como a lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional con capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, independencia judicial y control disciplinario, así como el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual.

También se refirió a la creación de la unidad especializada para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, lo cual obligó la selección de catorce jueces. Además, informó que ahora el país cuenta con una justicia especializada en violencia de género con la activación de 39 unidades judiciales en las 24 provincias del país.

El Defensor Público, Ángel Torres Machuca, destacó que su administración obtuvo 18 logros entre ellos la creación de la escuela defensorial para viabilizar procesos de formación continua y una defensa de calidad. Que logró renovar la infraestructura tecnológica y se incorporó profesionales en psicología para a atención a víctimas de violencia de género.

Reclamo

Pero quien levantó la voz de protesta por la falta de interés y la escasa presencia de legisladores en el pleno fue la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al señalar que si bien ha sido larga la sesión para escuchar a las autoridades, pidió a la ciudadanía que “exijamos a los señores asambleístas que tengamos mayor atención para que precisamente hacer estas actividades de fiscalización y control para las autoridades, porque muchas curules estuvieron vacías, otros legisladores estuvieron conversando y muy pocos asambleístas tuvieron la atención que corresponde, pero su gran mayoría no es”.

Salazar señaló que quizá es el momento de que busquemos otras alternativas para rendir cuentas a la ciudadanía, que es a la que nos debemos”.

En su exposición, Salazar habló sobre la creación de trece fiscalía, de las cuales tres se especializan en violencia de género, dos en investigación patrimonial sobre extinción de dominio, una en accidentes de tránsito, una en transparencia y lucha contra la corrupción, una ciber delito y una en medio ambiente.

Que en el último año la unidad transparencia y lucha contra la corrupción gestionó 301 casos, y los de mayor incidencia fueron los delitos de concusión, tráfico de influencias, peculado, cohecho y asociación ilícita.

En el segundo día, acudieron: Fernando Muñoz Benítez, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado; Carlos Riofrío, Contralor General del Estado.

Riofrío destacó que entre enero a diciembre de 2022 se aprobaron un total de 1.352 informes de auditoría: 1.120 informes generales y 232 informes con indicios de responsabilidad penal; que esos informes sugieren responsabilidades administrativas por más de $24 millones y responsabilidades civiles por más de $480 millones.

Además, que en los gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades relacionadas, en 2022 se ejecutaron 550 auditorías. En materia de vialidad y construcción de carreteras, el año anterior se realizaron auditorías a obras y proyectos en diferentes provincias del país. En el área de salud se aprobaron informes del análisis y verificación de los procesos de contratación de medicinas, insumos y dispositivos médicos, así como su uso, almacenamiento y distribución. En el área de educación se aprobaron 99 informes. Las acciones de control se efectuaron en el Ministerio de Educación y sus direcciones distritales a escala nacional, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Escuelas Politécnicas, Universidades y sus empresas.

La última funcionaria en presentar el informe anual de labores ante el pleno fue Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya casi no había legisladores en el pleno.

Ella centró su informe respecto al trabajo desarrollado por el CNE para llevar adelante el proceso electoral: su organización, financiamiento y seguridades.

Que el resultado de esa gestión se verá el próximo 5 de febrero como es la designación de alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el referéndum con ocho preguntas planteada por el Ejecutivo y una consulta popular para la cantonización de Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago.

Informó sobre la decisión de incrementar el número de miembros de las Juntas Receptoras del Voto que estarán integradas por cinco personas: un presidente, tres vocales y un secretario, con el objetivo de hacer dos grupos de trabajo y ser más efectivo en el conteo de votos, tanto para las autoridades seccionales como el referéndum. Esa se resolvió con base a simulacros, con el fin de evitar el retraso en el conteo. Hizo un llamado a capacitarse para la jornada de votación para el 5 de febrero.

Atamaint hizo hincapié que a diferencia de lo ocurrido en procesos electorales anteriores, el Ejecutivo entregó de forma oportuna los recursos para la ejecución del proceso electoral, y finalmente, invitó a los pocos legisladores presentes en la sala a juntar esfuerzos, y que superando las legítimas diferencias ideológicas, se constituyan en un solo equipo: el de Ecuador.

Ratificó el compromiso del CNE de cumplir sus competencias con honestidad y amor a la patria, y dijo que siempre está dispuesta a rendir cuentas a la gente y a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias. (I)