Con ocho procesados arrancan los 90 días de instrucción fiscal para definir la existencia de una red dedicada a la venta de cargos públicos

“Pilas con el currículum en el MIES”, “Que tengan paciencia en BanEcuador”, “Necesito gente para la Senae”. “Para hablar sobre el problema CFN”, “Puestos de trabajo en el hospital”, “Cargo en Huaquillas”. Esas fueron parte de las transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas desde hace un año y que presentó la Fiscalía para formular cargos por el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias contra ocho personas detenidas dentro de la Operación Danubio.

La audiencia en este caso se inició a las 21:00 del jueves último y concluyó a las 02:00 de este viernes ante el juez con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil, Marco Guerra Guerrero.

Por el delito de asociación ilícita, el cual genera penas de entre tres y siete años de cárcel, se inició una instrucción fiscal de 90 días contra Juan José A., Marcos Enrique L., Jhon Medardo S., Víctor Manuel J., Marcos Alberto R., Sergio Jesús P., Henry Ronny C. y Pedro Enrique G. A todos se les definieron las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país, pero los siete primeros lo deben hacer todos los lunes, mientras que el último lo hará cada quince días ante la Fiscalía.

Ocho detenidos por presunta red que ofertaba cargos en entidades públicas

La investigación previa de esta causa arrancó el 23 de septiembre de 2021 ante información entregada a través de una llamada al 1800-Delitos. En esa denuncia se hablaba de supuestos actos de corrupción en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), entre ellos, alguien se comunicó con un funcionario de ese organismo para que le consiguiera un puesto a uno de los ahora detenidos por el que daba $ 3 millones. Aparentemente se buscaba colocar en el Senae a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las importaciones o exportaciones y el origen de esa millonaria cantidad sería financiado por supuestos exportadores.

Respecto a este caso en el que existiría la posibilidad de la venta de cargos públicos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que la justicia deberá hacer su trabajo y quienes estén involucrados tendrán que responder.

“Tiene que establecerse quiénes, de ser el caso y de haberse producido ese delito, han participado, y actuarán sin temor ni favor con nadie, con todo el rigor que la justicia requiere. Nosotros estamos absolutamente tranquilos, a la expectativa de lo que resuelvan las investigaciones, por supuesto acataremos los fallos y lo que esperamos es que sea justo, que sea un proceso que evidencie si es que alguien ha participado ahí, cuáles son sus niveles de culpabilidad. Nosotros no vamos a interferir en la administración de justicia”, apuntó el ministro Jiménez.

Conocida la denuncia, se solicitaron órdenes de seguimiento, vigilancia, tomas fotográficas e interceptación de números celulares a jueces de Guayaquil, Quito y Riobamba. Ante esa información recabada en más de diez meses de investigaciones y seguimientos se procedió a realizar allanamientos simultáneos en Pichincha, Chimborazo, Azuay y Guayas en 16 viviendas y en oficinas de Talento Humano del Senae en Guayaquil.

La noche del jueves último, la Fiscalía reconoció que uno de los allanamientos se dio en un domicilio de Juan José Pons, exasesor presidencial en temas bananeros de Guillermo Lasso, se negó su detención y no se dieron mayores detalles argumentando que el proceso estaba en etapa reservada de investigación.

“Hay un proceso de indagación previa de la Fiscalía. Aparentemente, en este proceso fiscal ha surgido mi nombre. Entonces, la Fiscalía ha hecho un allanamiento, ha hecho lo que tiene que hacer: tomar la computadora, tomar el teléfono, tomar las cosas que tiene que tomar (...), para verificar, para investigar, para seguir el debido proceso”, detalló Pons al ser consultado por Diario EL UNIVERSO.

En una de las conversaciones por celular interceptadas se refieren los ahora procesados a que existe la posibilidad de que salga un tema y se afirma que “sí se tienen los contactos” y también comentan que Juan José es más amigo del presidente que Guido y que por el lado de Juan José “se puede pelear eso”.

El comandante de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, Víctor Hugo Zárate, explicó que los ocho detenidos realizaban acciones ilegales para ofertar y exigir cargos públicos en diferentes instituciones del Estado. De entre los ahora procesados, Jhon Medardo S. y Henry Ronny C. mantienen antecedentes policiales por estafa y tráfico ilícito, respectivamente.

“Entre los detenidos constan personas con antecedentes delictivos y se dedican específicamente con medios tecnológicos a contactarse con diversas personas de ese círculo social. Me refiero con esto a que hay dos personas que se dedican al ejercicio del derecho, otra persona que se enfoca en el movimiento indígena y otra persona que es exservidor del Senae. (...) Físicamente no se habría logrado el cometido, es por eso que la oferta que realizan estas personas es el inicio para poder continuar con estos actos de corrupción”, explicó uno de los agentes que participaron en la investigación.

Entre las evidencias presentadas en la audiencia en Guayaquil estuvieron $ 27.000 en efectivo, 12 laptops, 425 documentos vinculantes, como 20 hojas de vida y credenciales de servidores públicos, 20 teléfonos celulares y artefactos tecnológicos como CPU, tablets, memorias USB, discos duros externos.

Como parte de los elementos de convicción para justificar la teoría del caso, desde Fiscalía se presentaron informes periciales técnicos de audio-videos y afines con la extracción de mensajes, explotación y materialización de los números telefónicos, explotación y materialización de mensajes de texto y voz de comunicaciones entre los ahora sospechosos. La investigación fue llevada por el fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Bolívar Burbano, y determinó que un grupo de personas se habría asociado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.

La teoría del caso habla de que los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del Senae. Según la Fiscalía, sobre la presunta intervención en otras instituciones públicas la investigación habría determinado que también habrían colaborado para entregar puestos de trabajo, valiéndose de ciudadanos reconocidos e influyentes en el campo político y social.

Mediante un comunicado, el Senae explicó, sin dar mayores detalles, que había denunciado actos ilícitos contra la Administración pública ante la Fiscalía, “quien ha realizado las pericias correspondientes para continuar con las investigaciones”. Desde esa instancia de control y recaudación del Estado se dijo que se brindaron todas las facilidades a la Fiscalía durante los allanamientos del jueves último y que ha entregado toda la documentación requerida del área de Talento Humano.

El comunicado termina señalando que la administración actual del Senae “maneja con manos limpias las actividades aduaneras en el Ecuador, así como la designación de cada uno de los colaboradores”.

El director nacional Jurídico del Senae, Raúl Espinoza, en una entrevista con la cadena Teleamazonas, confirmó que en el allanamiento se llevaron expedientes, los cuales, dijo, deberán ser analizados de manera técnica y pormenorizada. “Hubo ciertos indicios de actos que no tenían que ver con el buen funcionamiento de la institución como tal de parte de no funcionarios, sino de parte de grupos externos que buscaban favorecerse por intermedio de funcionarios dentro de la Aduana”.

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Los seguimientos hechos hablan de que los procesados se iban a acercar a funcionarios del Senae, de reuniones en el edificio La Previsora en Guayaquil, de citas en Quito en octubre de 2021, de reuniones en la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) en las que se dieron conversaciones, las cuales fueron materializadas y se puede leer que “borre todo para que le desbloquee el pito de las licencias”.

Toda esta información es parte del acta resumen de la audiencia que se encuentra subida en el Sistema Informático de Trámite Judicial de la Función Judicial.

Existirían más de 2.487 sesiones o conversaciones que han sido grabadas durante esta investigación. En ellas también se advierte de que tienen puestos de trabajo por $ 8.000 y $ 10.000, que si se quiere tramitar empiezan con $ 200, que le habrían pedido a alguien que se lo define como J. J. Jr., pero que él cobra $ 30.000.

También se hablaría de que quienes tuvieron sus teléfonos intervenidos dentro de esta investigación “se van a reunir con la ministra de Educación”. Asimismo existiría información para la negociación de cargos públicos en el Ministerio de Agricultura, Petroecuador y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). (I)