El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria al Referéndum 2023, que se realizará en conjunto con las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, y con ello iniciará la etapa de inscripción de las organizaciones sociales y políticas que deseen participar en la campaña electoral por el Sí o el No.

La noche de este martes, 6 de diciembre, los cinco consejeros electorales sesionaron de forma virtual a las 20:00 para conocer y aprobar el texto de la convocatoria al referéndum de ocho preguntas que propone el presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, y que fueron aprobadas por la Corte Constitucional (CC).

Aprobado el texto, el Consejo Electoral prevé divulgarlo en cadena nacional de radio y televisión la noche de este miércoles, según se conoció extraoficialmente.

Publicidad

El documento de unas 30 páginas convoca de manera obligatoria a los ciudadanos mayores de 18 años, y a quienes tienen el voto facultativo, como son las personas entre 16 y 18 años, los mayores de 65 años, a los ecuatorianos domiciliados en el exterior, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, y extranjeros que residan en el país al menos cinco años, a pronunciarse sobre las ocho preguntas propuestas por el Ejecutivo.

Una vez que se dio paso a la convocatoria y se divulgue en cadena nacional, está previsto que desde el jueves 8 de diciembre y hasta el 12 de diciembre se abra una etapa de inscripción para las organizaciones sociales y políticas interesadas en promocionar el Sí o el No por el referéndum.

La campaña electoral se dará entre el 3 de enero y el 2 de febrero del 2023, cuando también arrancará la promoción de los candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales y de los vocales de juntas parroquiales; así como la de los siete aspirantes a ocupar las vocalías del CPCCS, aunque sobre estas últimas autoridades la responsabilidad de darlos a conocer es únicamente del Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

Quito 1 de Diciembre del 2022. El CNE con sus consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera en rueda de prensa para dar a conocer sobre el referéndum que se dará en las próximas elecciones. API / DANIEL MOLINEROS Foto: El Universo

Para financiar la campaña electoral por el Sí y el No, la autoridad electoral aprobó el límite máximo del gasto electoral (recursos privados) por $ 2′690.009,40 para cada una de las opciones. Y por cada pregunta se permitirá un límite de gasto por $ 336.251,18.

En tanto que el Fondo de Promoción Electoral, que corresponde a recursos del Estado, asciende a $ 403.501,41 y equivale al 15 % del límite de gasto electoral.

Publicidad

La publicación de los resultados oficiales de este referéndum está prevista para el 21 de marzo del 2023, cuando supere la fase de escrutinio de las ocho preguntas y la resolución de recursos legales a los resultados numéricos, tanto en sede administrativa como es el CNE y judicial ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El cuestionario contiene ocho preguntas y sus anexos y son las siguientes:

  1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  2. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  3. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  4. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  5. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  6. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
  7. El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enmendando la Constitución según el anexo?
  8. El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución según el anexo?

Para realizar este referéndum, el Consejo Electoral aprobó el 2 de diciembre un presupuesto de $ 18′081.698 que se destinará, entre otros ítems, a la contratación de personal operativo y la impresión de las papeletas que se encargará al Instituto Geográfico Militar (IGM), que también imprime las papeletas de las candidaturas a las seccionales y del CPCCS. (I)