Holdingdine S. A., empresa del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), aún no concluye su proceso de liquidación que empezó en 2013 y que tenía previsto finalizar en agosto, según la estimación que dio en diciembre el ahora exdirector del Issfa Alejandro Vela.

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No obstante, Holdingdine ha contratado en los últimos dos meses a dos consultoras, una para hacer un avalúo de sus propiedades y otra para analizar las cuentas pendientes de cobrar. Además, Holdingdine seleccionó a un fiscalizador para que –tres años después– verifique los pagos realizados a tres empresas privadas por trece obras contratadas en 2018.

La empresa del Issfa, según señalan documentos que respaldan la contratación del fiscalizador, debía limitarse a liquidar la empresa, por lo que el anterior administrador “se habría extralimitado en sus competencias” al suscribir trece contratos con tres firmas: Macconstrucciones, Arprolus e IDG Iniciativa de Desarrollo Gubernamental para la rehabilitación de la casa hacienda La Remonta, en Cayambe, Quito.

Con esta revisión, detalla el proceso, se busca determinar en 60 días –hasta mediados de octubre– la legalidad de los contratos, verificar precios, montos cancelados, materiales usados y definir si hubo “pagos en exceso o indebidos”.

Arprolus S. A. hizo los diseños de restauración de esta hacienda patrimonial, construida en 1663, que estuvo bajo la administración del Ejército desde inicios del siglo XX y que quedó en abandono desde el 2008. En tanto que la ejecución de esas obras estaba a cargo de Macconstrucciones S. A. Pero estos trabajos fueron suspendidos el año pasado, durante la pandemia, luego que Contraloría iniciara un examen especial al proceso de liquidación.

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Ambas compañías, que comparten a uno de sus socios y administrador, Nicolás Macchiavello, no aceptaron una entrevista con este Diario, porque –según argumentaron– la Contraloría aún no ha emitido un informe final de la auditoría a la empresa del Issfa, cuyo liquidador, Byron Vizcaíno, tampoco se pronunció acerca del tema.

En el informe de Contraloría se estableció, el año pasado, que Holdingdine hizo inversiones prohibidas y que se contrataron servicios jurídicos que no le beneficiaron entre el 2013 y 2018. A diciembre del 2020, según el exdirector del Issfa Alejandro Vela, se habían recuperado $ 35 millones y aún quedaba pendiente de cobrar alrededor de $ 6 millones.

Este Diario solicitó una entrevista al nuevo director del Issfa, Frank Landázuri, pero no fue concedida. Por correo, la entidad señaló que al ministro de Defensa, Fernando Donoso, como presidente del Consejo Directivo del Issfa, le corresponde tratar este tema. No obstante, tampoco respondió.

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Arprolus, creada en 2013 y con ingresos de $ 96.406 el año pasado, no presenta en sus reportes financieros el monto del contrato por los diseños. Pero su relacionada, Macconstrucciones, sí detalla haber recibido de Holdingdine $ 552.819, en 2018, por el cerramiento de terrenos en las urbanizaciones Portales San Pedro; Ayora Nuevo, Esmeraldas; y en la hacienda La Remonta, que sumaban un área de 5.446 m2.

En 2019, Macconstrucciones también recibió un contrato por $ 31.173 para hacer arreglos eléctricos en las oficinas de Holdingdine. Y entre 2018 y 2019, esta firma tenía cuentas por cobrar a Holdingdine por $ 151.701 entre 2018 y 2019.

La tercera empresa contratada para obras en la hacienda La Remonta es IDG Iniciativa de Desarrollo Gubernamental, de la cual se desconocen las tareas que ejecutó. Su administrador, Fausto Salazar, tampoco atendió a este Diario. Esta empresa, dedicada desde el 2015 a dar consultorías sobre infraestructura básica, tuvo ingresos por $ 336.159 en 2020.

Avalúo de propiedades

Holdingdine contrató a la empresa consultora Arista Global Auditores, por $ 30.070, para hacer un avalúo de sus bienes muebles e inmuebles, en un plazo de dos meses, hasta fines de octubre. La contratista deberá, según el proceso, constatar, identificar, clasificar, registrar y revalorizar las propiedades, para conocer las condiciones en las que se encuentran. Para ello, la empresa debe entregar a la consultora el inventario de los activos, los estudios de valoración anteriores y la ubicación de los bienes.

Aunque, señala Holdingdine en el proceso, “no ha existido entrega formal de los inventarios por los anteriores administradores, tampoco la existencia histórica del manejo de bienes”. Pese a ello, se indica que no será un limitante para levantar la información.

En los primeros 30 días, la consultora debe entregar un informe de los bienes con registro fotográfico; en los siguientes quince días, la valoración de los activos con la depreciación y los valores comerciales de los activos; y los últimos quince días, un análisis del estado de los bienes electrónicos, eléctricos, vehículos y mobiliarios, y de aquellos en mal estado. Este avalúo servirá para rematar o “dar de baja” a los bienes que están en Quito, Sangolquí y Cayambe. (I)

Se analizan cuentas por cobrar por $ 10 millones

Otra de las contrataciones del Holdingdine S. A. es la de un consultorio jurídico contable para que analice la cartera vencida que mantienen doce compañías con la firma del Issfa por un monto total de $ 10 millones.

Entre la documentación entregada por la empresa, según el proceso, constan documentos de cuentas por cobrar que la consultora deberá definir si son cobrables o incobrables.

Entre ellas aparecen firmas como la Casa Moeller Martínez, con $ 2,4 millones; Surpapelcorp, con $ 2,8 millones; Cossfa, con un préstamos que le hizo en 2012 por $ 2 millones; Corpcys, con $ 1,4 millones; la empresa pública Santa Bárbara, con $ 1 millón; Hdineargos, con $ 685.711; Energyhdine, con $ 291.644, entre otras.

A mediados de agosto culminó el plazo para que el contratista Franklin Valencia Cisneros entregue los resultados de la consultoría. No obstante, esta información no consta en el proceso publicado en el portal del Servicio de Compras Públicas (Sercop).

El liquidador de Holdingdine, Byron Vizcaíno, no atendió un pedido de entrevista de este Diario; el contratista tampoco respondió las llamadas.

Valencia, abogado y magíster en Administración de Empresas, retomó su actividad de servicios profesionales en 2018, según el Servicio de Rentas Internas. Desde el año pasado y hasta el mes de agosto, Valencia fue docente a tiempo parcial de la Universidad Técnica del Norte. (I)