En temas clave para la Función Ejecutiva, que se han discutido en la Asamblea Nacional, como la investigación de los Pandora Papers y el proyecto de Ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la votación de los cinco legisladores de Pachakutik, acusados el 26 de marzo por el presidente Guillermo Lasso de haber pedido beneficios económicos a cambio de consignar sus votos para el proyecto de Ley de Inversiones, ha sido irregular y en ocasiones todos optaron por la abstención.

En el caso de la moción presentada el 26 de noviembre pasado por el legislador Carlos Zambrano (UNES), en la sesión 743, para aprobar el texto de ley aparejado al informe de minoría de segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, los cinco asambleístas, Rosa Elizabeth Cerda Cerda, Gissella Cecibel Molina Álvarez, Édgar Patricio Quezada Patiño, José Celestino Chumpi Jua y Cristian Omar Yucailla Yucailla, se abstuvieron.

En el mismo tema, en la moción de la asambleísta Mireya Pazmiño para negar y archivar el proyecto, la votación cambió y Cerda, Molina y Yucailla votaron a favor, mientras que Chumpi y Quezada optaron por la abstención.

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En la gráfica, varios de los legisladores de PK delatados de pedir supuestos beneficios económicos. Entre ellos, Celestino Chumpi (segundo izquierda), Gissella Molina (centro) y Édgar Quezada (centro). Foto tomada de la Asamblea Nacional. Foto: El Universo

Cuando los Pandora Papers salieron a la luz y se vinculó al presidente Lasso, la Asamblea inició una investigación legislativa para que este explicara su presunta vinculación.

El 7 de diciembre pasado, el pleno de la Asamblea votó, en la sesión 747, tres mociones: la primera, propuesta por Paola Cabezas (UNES), pedía la destitución del mandatario, pero solo alcanzó 51 votos a favor de UNES, uno de Pachakutik y uno de independientes; la segunda, de Pachakutik, fijaba un plazo de 30 días para que el presidente comparezca al pleno, pero tampoco alcanzó los votos; y la tercera, planteada por Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática), exhortaba al primer mandatario para que acuda al pleno, esta fue aprobada con 82 votos.

En la moción que fue presentada por el legislador José Cabascango (PK), como presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, los cinco asambleístas votaron así: Cerda, Chumpi y Yucailla se abstuvieron, mientras que Quezada y Molina estuvieron en contra.

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En cuanto a la del asambleísta Jaramillo, Cerda y Molina votaron por la abstención; Chumpi y Yucailla, a favor, y Quezada, en contra.

Quezada indicó en ese momento que “los legisladores de las distintas bancadas buscaban satisfacer intereses propios durante la investigación sobre los Pandora Papers” y aseguró que “no contaban con un solo elemento contundente”.

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En tanto, respecto del proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, discutido el 24 de marzo en la sesión 769, en la votación para la aprobación del texto íntegro, que fue negado con 89 votos en contra, 46 a favor y una abstención, los cinco asambleístas votaron en contra.

Y en la moción presentada en la misma sesión por el asambleísta Darwin Pereira (PK) para negar y archivar el proyecto, Cerda, Chumpi, Quezada y Yucailla votaron a favor, mientras que Molina votó en contra.

Molina aclaró en declaraciones a otros medios que votó para que se puedan hacer las reformas en el proyecto. “Entonces, significaría que yo de pronto accedí a algún tipo de coimas, como vienen diciendo. Y es un tema que queda en manos de la persona que me está acusando. Pero mi voto ha sido razonable”, apuntó.

Lasso solicitó, en una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que se investigue a los cinco legisladores y a Marcelo Rosero, asesor de Yucailla, tomando como referencia el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía respondió e informó el domingo –27 de marzo– que empezará una investigación previa contra los asambleístas.

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Este artículo se refiere al delito de concusión, el cual se configura cuando algunos ciudadanos, en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, exigen “la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.

Los cinco legisladores, que han asegurado que seguirán trabajando, rechazan las acusaciones y dicen que el mandatario busca desprestigiarlos y desprestigiar a la Asamblea Nacional.

“Causa asombro la denuncia efectuada por el presidente de la República por carecer de sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones, además de faltar a la verdad, ya que al analizar la disposición que él cita, esto es el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal, denotaría que el señor Guillermo Lasso como servidor público conoció de un hecho que podía configurarse en una infracción penal como es la concusión”, indica el comunicado.

Por su parte, Pachakutik pidió el mismo domingo a la Fiscalía que investigue con objetividad y transparencia y en el marco de la ley “todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario, y que de comprobarse actos dolosos, que se aplique el máximo rigor de la ley a quien corresponda”. (I)