Mientras en la Asamblea Nacional ya se da por consumada la negativa de aplicar tres reformas parciales a la Constitución de la República, para el Comité por la Institucionalización Democrática el camino aún no se agota y acudirá a la Corte Constitucional (CC) a pedirle un pronunciamiento sobre una eventual violación al derecho a la participación ciudadana.

En la sesión plenaria 696 del 16 de marzo, la Asamblea Nacional no reunió los 91 votos para dar paso a tres reformas que tenían relación con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una reestructuración de la Función Legislativa aplicando la bicameralidad y la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

En los 35 llamados a votación sobre las reformas constitucionales, la sala no recibió más de 63 votos, por lo que el documento presentado por el Comité por la Institucionalización no logró apoyo político.

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Asamblea Nacional no da paso a eliminar el Cpccs

Pablo Dávila, coordinador del Comité, anunció que acudirá en los próximos días a la CC a presentar un escrito de alcance a la primera petición de seguimiento que hizo el colectivo al dictamen que originalmente otorgó la Corte, el cual es de obligatorio y de inmediato cumplimiento.

Lo que pasó en el pleno, añadió Dávila, es que se concretó la advertencia que el Comité hizo a la Corte Constitucional, en diciembre pasado, sobre el incumplimiento del dictamen al dejar fuera del informe elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas la bicameralidad, lo cual transgredió los procedimientos constitucionales.

Que en lo resuelto por la Asamblea hay una violación al derecho de todas las personas que respaldaron la propuesta para llegar a las urnas, insistió Dávila, quien dijo que “particularmente hay una violación expresa del procedimiento previsto en el artículo 442 de la Constitución; entonces, vamos a pedir a la Corte que haga un seguimiento a su propio dictamen y adopte todas las medidas que estime pertinentes para resarcir el daño que ha causado la Asamblea, lo cual implica la posibilidad de que se convoque directamente a referéndum”.

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Para los asambleístas Henry Cucalón (PSC), Elizabeth Cabezas (antes de AP) y Héctor Muñoz (IND), el trámite parlamentario sobre las reformas concluyó con el pronunciamiento en el pleno, donde no hubo los votos.

Pero para Dávila es equivocada esa lectura de los legisladores, porque ellos nunca entendieron que son parte de un pronunciamiento y que “ellos son el decidor total, sino el pueblo en referéndum, por lo tanto, les correspondía tramitar la propuesta para que llegue a la ciudadanía”.

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En cambio, Cucalón señala que el trámite de las reformas, parlamentariamente hablando, “murió” o se acabó, y rechazó que los integrantes del Comité sostengan que la Asamblea tenía que ser un “ventanillero” o un “tramitador”, pues las reformas constitucionales pasan con votos.

Lamentó que se perdió la oportunidad de eliminar un organismo como el CPCCS, y destacó que el correísmo siempre defendió esa entidad, porque es su invento y su “joya de la corona”, y que eso lo demostró en la votación en el pleno.

En tanto, Muñoz renunció ayer a seguir integrando la comisión ocasional de enmiendas del Parlamento, como una acción de rechazo a lo que resolvió el pleno la noche del martes; y manifestó que no coincide con el manejo de la presidencia de la comisión por parte de Cabezas, a quien le pidió no tramitar su pedido de enmienda constitucional y que deje para la próxima Asamblea. “Lo único que hice en la comisión es perder el tiempo”, subrayó.

“Lo que hicieron en el pleno fue obstruir el trámite de las reformas desde el momento en que se mociona que se necesitan 91 votos para aprobarlas”, anotó Muñoz, quién destacó que le llamó la atención que la presidenta de la comisión ocasional, por un lado, defienda el informe en el que señaló que estaba a favor de la eliminación del CPCCS y la autonomía de la Fiscalía, y sin embargo, en su votación no se vieron esos resultados.

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Cabezas manifestó que hubiera sido un error y muy riesgoso aprobar un artículo de los planteados, porque todos tenían una relación entre sí.

Eso lo refutó Cucalón, quien dijo que no necesariamente se tenían que negar todos los temas planteados en la iniciativa del Comité, pues el pleno podía votar a favor de la eliminación de muerte cruzada, pero oponerse a la reducción del número de legisladores o a la fiscalización de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

Cabezas, tras lamentar lo que sucedió en el pleno, cree que a puertas de un nuevo Gobierno se puede hacer un análisis mucho más integral de cambios constitucionales y que podría mejorar algunos temas. Además, que el tema de la autonomía de la Fiscalía General del Estado se puede fortalecer a través de cambios normativos en las leyes correspondientes, no necesariamente con un cambio a la Constitución.

El politólogo Santiago Basabe indicó que poco le queda hacer al Comité frente a la decisión de la Asamblea Nacional, porque quien aprueba las reformas según la Constitución es el pleno en dos debates; por lo tanto, “la Asamblea tiene la absoluta potestad para conocer, aprobar o desechar las reformas”, anotó.

Insistió en que al Comité no le quedan recursos legales para insistir ante la CC, cuando ese organismo no tiene mucha capacidad de decidir en este tema; y recalcó que él es uno de los firmantes del pedido de consulta popular sobre reformas constitucionales, pero que inicialmente era para un solo tema como la eliminación del CPCCS, pero en el camino entraron nuevos temas, lo cual dificultó las cosas. (I)