El Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori Abarca (Pachakutik), por ser responsable política al cometer “actos reprochables” al beneficiarse de la renta de un vehículo de alta gama que lo usaba para su movilización en territorio, cuyo costo era cubierto por sus colaboradores.

Marjorie Chávez (PSC), Luisa González (UNES) y Dalton Bacigalupo (ID) modificaron el texto del informe borrador que presentó el presidente del Comité de Ética, José Chimbo (Pachakutik), que inicialmente recomendaba el archivo de la denuncia presentada por la legisladora Johana Ortiz (UNES) contra Llori por falta de contundencia en las pruebas testimoniales y documentales presentadas.

Comité de Ética entra a votar informe que definirá si destituyen o no a Guadalupe Llori como asambleísta

Antes de aprobar el documento, que pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, tanto Bacigalupo como González denunciaron ante la mesa de Ética que recibieron amenazas de parte de Julio César Sarango, abogado procurador de la asambleísta acusada, quien habría señalado “que si no hace justicia, lo harán por cuenta propia”.

Los legisladores también se refirieron a un pedido de protección que realizó Roxana Meza Cevallos, especialista de servicios generales, a la presidencia de la Asamblea Nacional, debido a amenazas que recibió en su celular, vía WhatsApp, luego de rendir su versión en el caso confirmando que ella pagó el 70 % de su sueldo para alquilar el vehículo e inclusive hizo depósitos a uno de los policías que custodiaban a la expresidenta para el pago de combustible en la movilización de Llori.

Informe y posiciones

La asambleísta Chávez tomó la iniciativa de plantear cambios en el informe final de la mesa y consideró que lo más grave aparte del alquiler del vehículo para que Llori se movilice dentro de territorio es que el arrendamiento del automotor corrió a cargo de funcionarios del Parlamento.

Que este arrendamiento pagado para el uso de la expresidenta Llori no solo es antiético o ilegal, sino también una afrenta a lo más sagrado que es el salario de un trabajador; “y arrebatarle el salario a un empleado es un acto en sí mismo ruin y despreciable”.

En el texto aprobado se determina que tras el examen y análisis de los hechos denunciados, de las pruebas de cargo y de descargo presentadas, así como de los argumentos esgrimidos por la legisladora denunciante, el Comité de Ética concluye que los actos realizados por la asambleísta Guadalupe Llori, y que han sido denunciados por su colega Ortiz, se enmarcan dentro de la prohibición que deben observar todos los legisladores, descrita en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, principalmente en lo que se refiere a “... percibir… aportes, contribuciones... no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.

Además, el Comité determinó que por las declaraciones de la funcionaria Roxana Meza Cevallos, del asambleísta Augusto Guamán y de los demás elementos de acervo probatorio se puede señalar que:

• Roxana Meza Cevallos pagó por el alquiler del vehículo Ford Explorer, color negro, de placas PDM-4156, que contrató a la empresa Avis Rent a Car, que suplía necesidades personales de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y no necesidades institucionales, con su dinero, siendo funcionaria pública de la misma Asamblea Nacional y por pedido directo de Gloria Larenas, administradora general de la Asamblea Nacional y delegada de Guadalupe Llori, el valor de $ 1.452, en el mes de julio, que representó el 70 % de su remuneración, valor que fue depositado y pagos corrientes contra facturas emitidas a su nombre.
• Que Roxana Meza, además, realizó un depósito al servidor policial Freddy Yugcha Catota, por un valor de $ 120, por concepto de combustible para el vehículo alquilado y este pago fue realizado mediante transferencia bancaria al policía Freddy Yugcha Catota, asignado como personal de seguridad a la presidenta de la Asamblea Nacional.
• Que existen indicios suficientes respecto de que Carlos Cadena, también exfuncionario de la Asamblea Nacional, realizó pagos por motivo de alquiler del vehículo en mención, por un monto aproximado de $ 600, presuntamente en el mes de agosto de 2021.
• El Comité de Ética con base en lo descrito en el informe concluye que la asambleísta Guadalupe Llori ha incurrido en la prohibición común a todos los asambleístas, descrita por el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”; por lo que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori Abarca, a quien debe imputársele responsabilidad política por los actos que ha realizado y cuyas conductas reprochables han sido suficientemente justificadas.

Uno de los primeros bloques que reaccionaron frente a la decisión del Comité de Ética fue Pachakutik. El coordinador, Salvador Quishpe, manifestó que esperan conocer las pruebas del proceso, pero que si algo se ha hecho y gestionado ha sido para el cumplimiento del rol como presidenta de la Asamblea Nacional.

Indicó que Pachakutik hará el análisis pertinente y “seguramente habrá un acto de solidaridad con la asambleísta Guadalupe Llori”. (I)