El Comité de Ética definirá si la asambleísta Guadalupe Llori (PK) será o no destituida del cargo por haber recibido, de parte de sus colaboradores, contribuciones económicas a través de la renta de un vehículo para su movilización cuando ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional.

Hay dos posiciones al respecto. El informe borrador del presidente del Comité, José Chimbo (PK), recomienda el archivo de la denuncia presentada por la asambleísta Johana Ortiz (UNES), por falta de contundencia en las pruebas testimoniales y documentales.

Chimbo dijo que en las pruebas testimoniales presentadas durante el proceso no se pudo evidenciar que Guadalupe Llori dispuso verbalmente o mediante memorándum el alquiler de un vehículo para su movilización, no hubo claridad, más bien generalidades.

Además, sostuvo que la responsabilidad recae en la exadministradora Gloria Larenas, por lo tanto, la denuncia debió presentarse en contra de la exfuncionaria en las instancias respectivas. No hay evidencias de que la presidenta de ese entonces dispuso el alquiler de un vehículo.

Otro informe

La legisladora Johana Ortiz (UNES) presentó la denuncia en contra de Guadalupe Llori por supuesto beneficio de contribuciones que realizaban sus excolaboradores para poder rentar un vehículo para movilizarse, lo cual está prohibido en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se señala que los legisladores no podrán “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”. El incumplimiento de esta disposición implicará la pérdida de la calidad de asambleísta.

La legisladora Luisa González, delegada de UNES ante el Comité de Ética, cuestionó el informe borrador de presidencia y anunció que han presentado un informe con el respaldo de los delegados de UNES, PSC y la ID, que recomienda iniciar el proceso de juicio.

González afirmó que se encontraron elementos de convicción que ratifican la denuncia de que Guadalupe Llori hizo alquilar un vehículo de alta gama en el cual se movilizaba la expresidenta en territorio.

La legisladora comentó que uno de los testimonios recibidos en el proceso decía que el 70 % del salario de una funcionaria se fue en el pago de la renta del vehículo y que hasta la fecha no se han devuelto esos valores; por lo tanto, en el informe se recomienda la destitución de Guadalupe Llori.

La asambleísta Johana Ortiz, proponente de la denuncia contra Llori, manifestó que en la sustanciación de la denuncia lograron demostrar con pruebas que la misma expresidenta dispuso el alquiler de un vehículo de alta gama para su movilización personal en julio y agosto de 2021. La renta del vehículo fue pagada por servidores legislativos, insistió.

Es impresentable que el presidente del Comité de Ética, José Chimbo, recomiende el archivo de la investigación cuando “se ha demostrado que la asambleísta Llori incurrió en una de las prohibiciones que tenemos los legisladores”, comentó la representante de Loja. (I)