Comisión desechó impugnaciones a Bárbara Terán y Jorge Sosa, quienes seguirán en el concurso de renovación de la Corte Constitucional

La Comisión Calificadora para la selección de tres jueces de la Corte Constitucional (CC) no calificó las impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de los candidatos Bárbara Terán Picconi y Jorge Sosa Meza, por lo que continuarán en el concurso público.

El comisionado Medardo Oleas confirmó que las impugnaciones planteadas fueron desestimadas, debido a que no reunieron los fundamentos legales para aceptarse, luego de evaluar las pruebas de cargo y descargo que se presentaron de forma escrita, como en las audiencias públicas que se efectuaron este 10 de enero.

En el caso de Sosa, la impugnación se desechó con el voto de tres de los miembros y un voto salvado; mientras que la impugnación a Terán no se aceptó con el voto de cuatro de los miembros presentes.

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Si bien son seis los miembros de la Comisión, Rafael Oyarte renunció a continuar en esa función en diciembre pasado, y el comisionado Luis Fernández había estado fuera del país y no pudo participar en esta etapa.

Sosa -auspiciado por la función de Transparencia y Control Social- fue impugnado por la ciudadana Natalia Roca, que argumentaba que no informó a la Comisión que fue candidato a asambleísta del Guayas en el 2017 por el partido Fuerza Ecuador (FE), que lo preside el expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz; además, que habría sido directivo de dicho partido.

Otro de los argumentos fue que adeudaba pensiones alimenticias.

El candidato a ser juez aseguró que su candidatura política no lo inhabilitaba a participar, y que no lo mencionó en su hoja de vida, porque la obligación es la de referir el ejercicio en los cargos públicos que sí se han ocupado.

Añadió que tampoco fue directivo de ninguna organización política, por lo que no incumplía el requisito constitucional.

Respecto del pago de pensiones alimenticias, aclaró que desde el 2017 no se han generado pagos porque su hijo está bajo su cuidado.

La candidatura de Terán -cobijada por la Presidencia de la República- fue objetada por la abogada Rocío Delgado, quien esgrimió falta de probidad por su actuación en un proceso legal entre particulares.

Terán dijo que esta se trataba de una “vendetta”, porque la impugnante había perdido unos siete juicios en los que las dos actuaron como defensoras de las partes.

Oleas detalló que en el análisis de estas impugnaciones se concluyó que ser candidato a legislador no es una prohibición; además que se había confirmado que no fue directivo de una organización política.

Ello, porque la Constitución en su artículo 433 establece como requisito no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de un partido o movimiento político.

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Y que en el caso de las pensiones alimenticias, Sosa tiene la tenencia de su hijo.

“Se demostró que no ha sido directivo de una organización política, por lo que se desechó la impugnación; también se demostró que no adeuda pensiones, con lo que está calificado como candidato a ser juez”, explicó Oleas.

Respecto a Terán, la impugnante Rocío Delgado presentó una causa que estaba prescrita, por lo que no abundó en fundamentos legales.

“En todo caso, las impugnaciones se desecharon por falta de argumentos legales, por lo que los dos candidatos siguen en el concurso”, añadió Oleas.

Con esto, el concurso continuará con ocho candidatos, quienes tienen calificados sus méritos, aunque por el momento la Comisión no los ha dado a conocer.

La siguiente etapa es evaluar sus conocimientos mediante una prueba escrita y oral, que se prevé realizar a finales de enero.

La Comisión Calificadora tendría designados a los nuevos tres jueces constitucionales a inicios de febrero, y la Corte Constitucional realizará de forma simultánea el sorteo público para definir quiénes serán los jueces que concluirán sus funciones.

Este concurso de selección se realiza en cumplimiento del artículo 432 de la Carta Política, que determina que la Corte se compone de nueve jueces, quienes estarán en los cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata, y se renovarán por tercios cada tres años.

En febrero próximo se cumplen los primeros tres años en funciones del pleno, pues los actuales jueces fueron posesionados en febrero del 2019, después del concurso público que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. (I)