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Comisión de Justicia buscará ratificar texto del proyecto de ley de aborto por violación; hay diálogos con las bancadas para reunir los 92 votos necesarios

El veto parcial del Ejecutivo al proyecto regresó de la Corte Constitucional al Legislativo y este 14 de abril se resolverá en el pleno.

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de mujeres al manifestarse en favor de la despenalización del aborto, en Quito. Foto: EFE

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La objeción parcial del presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación se resolverá en el pleno de la Asamblea Nacional la tarde de este jueves 14 de abril, luego de que regresó de la Corte Constitucional (CC), que determinó que el veto no es por inconstitucionalidad, como lo aseguró al enviárselo el Legislativo, que ahora debe reunir 70 votos para allanarse a las observaciones del Ejecutivo o 92 para ratificar el texto original.

Ambos escenarios se vislumbran complejos, ya que las bancadas dejaron en libertad a sus legisladores para que decidan sobre esta ley desde que se inició su debate.

El asambleísta Alejandro Jaramillo (antes de ID), presidente de la Comisión de Justicia, menciona que lo sucedido con el proyecto sienta “un precedente nefasto en el procedimiento legislativo”, y asegura que la mesa buscará ratificarse en los textos, para lo que están dialogando con todas las bancadas.

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“El pleno ya ha sido convocado para mañana (14 de abril) a las 18:00, y la Comisión de Justicia buscará ratificarse en los textos. Vamos a apelar a la sensibilidad de todos los legisladores por el bien de las niñas, adolescentes y mujeres del país que han sufrido violencia sexual. Estamos dialogando con todas bancadas políticas para lograr ratificarnos en nuestros textos”, indica.

Jaramillo subraya que no se rendirán en la lucha por sacar adelante el proyecto y que no permitirán que pase por ministerio de la ley.

“No nos vamos a rendir en esta lucha, que no es mía, no es de la Asamblea Nacional, es de las víctimas de violación. Vamos a insistir y no vamos a dejar que la norma entre por ministerio de la ley, y menos que el nuevo texto, personalísimo y religioso del Ejecutivo, se aplique en un país laico y de libre pensamiento y decisión”, agrega.

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Si hasta el 15 de abril el Legislativo no aprueba una resolución, el proyecto entrará en vigor como ley con los cambios planteados por el mandatario en su veto. Sin embargo, esto no evita que en el futuro se puedan solicitar controles de constitucionalidad.

El proyecto de ley de la Asamblea Nacional contempla que las víctimas de violación en el área urbana, que resulten embarazadas, puedan abortar hasta la semana 12; y en el caso del área rural, se incrementa a 18 semanas. La objeción parcial del Ejecutivo unifica el plazo a 12 semanas en todos los casos.

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Jaramillo cuestiona también que “se ha sentado un precedente nefasto en el procedimiento legislativo” luego de que Lasso, en calidad de colegislador, “remitiera 61 artículos alternativos a los 63 que contiene la propuesta de ley, que nació de una sentencia de la Corte Constitucional”.

A través de una ‘objeción’ con el nombre de ‘parcial’ se puede remitir prácticamente una nueva ley. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Qué hacemos como Asamblea, si el presidente de la República quiere hacer y decidir todo lo que le parece?”, apunta.

Por su parte, Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES, considera que para ninguna de las dos posturas existe la cantidad de votos que se requiere, y que estarán atentos a las propuestas que se realicen en el pleno para poder mediar si es necesario.

“Para ninguna de las dos posturas existen los votos que se requieren; hay que buscar un consenso”, dice, y menciona que se debe respetar el mandato de la Corte, pero siempre apegándose a los parámetros internacionales sobre el tema.

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Álvarez manifiesta que, hasta el momento, su bancada no ha participado en ningún diálogo sobre el tema, y considera que “fue un error de la Asamblea Nacional enviar el veto a la Corte Constitucional, cuando no era el momento todavía”.

“La Corte envía el veto a la Asamblea diciéndonos, prácticamente, ‘hagan ustedes su trabajo’; y lo que corresponde y lo que correspondía era informar a la Corte sobre el cumplimiento o incumplimiento de ese mandato constitucional en su sentencia”, indica.

En tanto, para este jueves está previsto que organizaciones y colectivos feministas se reúnan en los exteriores de la Asamblea para esperar la resolución. (I)

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