Comisión de Fiscalización reactiva juicio político en contra de Superintendenta de Bancos Ruth Arregui por incumplir funciones

El secretario relator de la Comisión de Fiscalización, Santiago Becdach, este 3 de enero, notificó a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui Solano, del inicio de la etapa de prueba dentro de juicio político planteado en su contra por parte del asambleísta, Darwin Pereira (PK), por incumplimiento de funciones.

El legislador de Pachakutik presentó ocho acusaciones en contra de Arregui que tienen relación con incumplimiento de funciones en el control sobre la captación ilegal de dinero, falta de control en las actividades financieras no autorizadas, renegociación de deudas, reclamos y quejas de fraude informático, pagos por convenios de cooperación, falta de control de actividades del sistema financiero y ausencia de defensores del cliente en las instituciones financieras.

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En la notificación, el secretario informa a la funcionaria del inicio de la solicitud de juicio político para que en un plazo de quince días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinente.

En el caso de Big Money, cuyo principal protagonista es Miguel Ángel Nazareno Castillo o “Don Naza”, que ofrecía a sus clientes el retorno del 90% de intereses en un plazo de siete días, según la denuncia la Superintendencia liderada por Ruth Arregui, no accionó y solo lo hizo a partir del 30 de junio de 2021, cuando la Fiscalía procedió a allanar varios inmuebles relacionada con el caso.

Pereira pidió información a la Superintendencia sobre ese caso en julio de 2021, pero asegura que la respuesta que recibió fue escueta, que se limitó a señalar que hizo una inspección que motivó el inicio de un proceso sancionador, que procedió a notificar, mediante tres boletas colocadas en el supuesto domicilio del investigado; que incluyó a Big Money en la lista de entidades financieras no autorizadas y que se ofició a la Fiscalía. Pero que de las inspecciones no existe fechas, hora y conclusiones, que se inició un proceso sancionador, pero no se identifica contra quién.

Por lo tanto, según el legislador Pereira, la Superintendencia de Bancos incumplió con su responsabilidad de notificar a la Fiscalía General del Estado, sobre los presuntos infractores de la prohibición general determinar en el artículo 275 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

El juicio cuenta con el respaldo de 36 firmas de asambleístas, donde consta una acusación denominada caso Madera, que se refiere a un supuesto incumplimiento en la calificación de Jorge Madera Castillo, como representante principal de la función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al no verificar que el funcionario tenía impedimento para el ejercicio del cargo por una sanción pecuniaria a título personal de $400, emitida por la misma superintendencia en noviembre de 2003, donde se evidenció un incumplimiento no solo a la normativa emitida por el mismo órgano de control, sino a la normativa del IESS, relacionada con la concesión y otorgamiento de créditos.

Respecto a los reclamos y quejas de fraude informático, el asambleísta interpelante, señala que el 7 de agosto de 2021, insistió a la Superintendencia de Bancos para que informe sobre los reclamos y quejas de los usuarios del sistema financiero a la banca privada, desde el 30 de abril 2019 hasta el 30 abril 2021.

En su respuesta, el organismo de control, señaló que durante ese lapso de tiempo se atendieron 6.717 trámites y que 3.535 corresponderían a trámites atendidos durante la pandemia de COVID-19. El legislador asegura que hay denuncias y reclamos a nivel nacional presentadas en contra de las instituciones financieras, sobre todo, en contra de la banca privada.

Que la Superintendencia de Bancos, el 14 de julio de 2021, reportó que desde el 30 de abril del 2019 al 31 de mayo de 2021, el número total de reclamos receptados por las entidades financieras bancarias privadas, ascendió a 280.613 casos.

Es decir que, durante el primer año de pandemia en Ecuador, los usuarios de la banca privada se vieron compelidos a tomar acciones individuales frente al abuso con que estaban actuando las instituciones financieras de la banca privada, manifestó Pereira, quien asegura que hubo omisión de las autoridades e incumplimiento de funciones por parte de la autoridad principal de la Superintendencia de Bancos. (I)