La Comisión de Fiscalización definirá hoy la unificación o no de las dos solicitudes de juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acusados de incumplimiento de funciones.

La sesión está convocada para este lunes a las 11:00, cuando conocerá dos pedidos de juicio político presentados por asambleístas que pertenecen a la bancada legislativa de Pachakutik.

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La primera solicitud la motivaron los legisladores Ángel Maita (PK) y Mireya Pazmiño (PK- Rebelde) en contra de cuatro consejeros del CPCCS: Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Las acusaciones que presentaron en su contra se refieren a una supuesta ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo del superintendente de Ordenamiento Territorial.

También se los responsabiliza de arrogación de funciones por la inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria n.º 3 del pleno del Consejo de Participación Ciudadana del debate de la reforma del reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

El segundo pedido de juicio lo solicitaron los asambleístas, también de Pachakutik, Ricardo Vanegas y José Chimbo. Las acusaciones están dirigidas a los siete integrantes del CPCCS: Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa, David Rosero y Francisco Dávalos.

El supuesto incumplimiento de funciones tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, tras un pedido del exministro del Trabajo Andrés Isch.

También responsabilizan a los integrantes del CPCCS de irregularidades en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y por conflicto de intereses para la designación del defensor del Pueblo, César Marcel Córdova.

Unificación

La Ley Orgánica de la Función Legislativa permite la unificación de solicitudes de juicio político a uno o varios funcionarios si hay identidad y conexidad de los hechos.

El artículo 80.1 establece que la Comisión de Fiscalización podrá acumular dos o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y conexidad en los hechos y que puedan ser tramitadas en los mismos tiempos procesales; una vez acumuladas las solicitudes, se considerará un solo proceso de juicio político. Cuando se trate de un juicio político en contra de los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas que se determinen serán individualizadas.

El asambleísta Ricardo Vanegas, proponente del juicio a los siete miembros del CPCCS, consideró que los dos pedidos tienen similitud respecto a la solicitud presentada por sus coidearios Ángel Maita y Mireya Pazmiño, porque en ambos hechos cuestionados participaron los siete miembros de ese organismo.

Que hay conexidad objetiva y subjetiva porque tanto la solicitud de los asambleístas Maita y Pazmiño como el pedido presentado por Vanegas y Chimbo se refieren al proceso de designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Vanegas advirtió que los bloques correísta y socialcristiano lo que buscan es que la Comisión de Fiscalización únicamente califique el primer juicio político a los cuatro integrantes del CPCCS, y con ello recuperar el control del CPCCS para designar a todas las autoridades del control.

Una vez que se pronuncie la mesa de Fiscalización, se iniciará el periodo de prueba con la notificación a los consejeros del inicio del juicio político en su contra, para lo cual tendrán quince días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. (I)