La comisión pluripartidista que procesará la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, acusada de supuesto incumplimiento de funciones, fue notificada este 27 de abril a las 14:45, de la resolución tomada por el pleno de la legislatura con el respaldo de 81 votos.

Los cinco integrantes de esa mesa ocasional tuvieron una reunión previa para definir la hoja de ruta y se auto convocaron para este jueves a las 14:50 para designar a las autoridades de la mesa, y acordaron que la primera sesión de trabajo se realizará el viernes en la tarde.

La comisión está integrada por los legisladores: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).

Entre cuatro de los cinco miembros de la comisión existen coincidencias de que la investigación estará dirigida exclusivamente a la presidenta de la legislatura, como lo determina la resolución aprobada por el pleno de la Asamblea. En tanto, la representante de UNES, Pamela Aguirre, deja abierta la posibilidad de que se extienda a los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Integrada la comisión pluripartidista que tramitará denuncia contra Guadalupe Llori y que busca su destitución como presidenta de la Asamblea Nacional

El asambleísta Pedro Zapata (PSC) afirmó que la comisión constituida y sustanciadora del proceso de investigación en contra de Llori, es legal y el compromiso de la comisión es trabajar de inmediato y para ello habrá una primera reunión, no oficial.

La evaluación, añadió, está enfocada en Guadalupe Llori, y consideró que el informe estaría antes de los 35 días de plazo que concedió el pleno de la Asamblea. Si se pretende evaluar a los siete integrantes del CAL, dependerá de una decisión del pleno y previamente de ese mismo organismo, anotó.

Zapata manifestó que no puede afectar el proceso una eventual decisión judicial sobre lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa, pues dijo que existe un rechazo generalizado en el Parlamento sobre una injerencia de otra función del Estado.

La resolución aprobada por el pleno delimita el trabajo de la comisión a conocer la resolución adoptada por el CAL, el 11 de abril, que calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres, en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional por presunto incumplimiento de funciones.

Torres acusó a Llori de no dar paso a una apelación a la presidencia en la sesión 766 del 24 de febrero; y por la no reinstalación de las sesiones 766 y 759 en plazo de 30 días, con lo cual habría incumplido el artículo 129 de la ley orgánica de la Función Legislativa donde se determina que si en una sesión no se agota el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión.

La delegada de UNES ante la comisión indicó que la investigación deberá ser hacia todas las autoridades del CAL, aunque dijo que espera ser notificada con la resolución. Pero insistió: “Nosotros no creamos una comisión solo para investigar a Guadalupe Llori, eso sería terrible”.

Con la notificación oficial, explicó, Aguirre convocará a la primera sesión donde se elegirán autoridades y se aprobará un plan de trabajo para la evaluación.

El representante del bloque oficialista BAN, Juan Fernando Flores, cuestionó que los miembros de la comisión evaluadora no tengan claro el contenido de la resolución, y refiriéndose a la legisladora Aguirre dijo que ahora sostiene que se tiene que investigar a los siete integrantes del CAL. La ignorancia castiga, anotó.

Según Flores, lo resuelto por el pleno el 26 de abril fue validar un proceso ilegal sobre una decisión que tomó una sesión del CAL sobre una denuncia, y no sobre tres denuncias. Y lo que debe investigar el incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea.

El legislador también cuestionó la inclusión del asambleísta independiente John Vinueza, dentro de la comisión, y que no se haya tomando en cuenta al delegado de la Bancada Acuerdo Nacional que posee 27 asambleístas.

Vinueza defendió su nominación como integrante de la comisión de investigación y aseguró que fue electo por la organización política Unión Ecuatoriana y aclaró que la comisión tiene un objetivo específico, que es sustanciar la denuncia en contra de Llori. Una vez notificada la resolución, se reunirán de manera informal.

Lucía Placencia, de la ID, también señaló que el procedimiento para integrar la comisión pluripartidista es legal, aunque dijo que fue sorprendida por su designación como parte de la mesa que investigará a Llori.

En tanto, Peter Calo, representante del ala rebelde de Pachakutik, admitió que su nombre para integrar la comisión pluripartidista surgió de entre los legisladores que son considerados rebeldes. Que días atrás el grupo de seis asambleístas considerados rebeldes de Pachakutik propuso su candidatura. (I)

Denuncia

La mayoría de legisladores, incluidos los voceros de la bancada Pachakutik, cuestionaron la decisión de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los legisladores que aprobaron la integración de la comisión pluripartidista.

Llori, el 26 de abril a las 16:00, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Guadalupe Llori denuncia a la Asamblea Nacional por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente

El jefe de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, dijo que no está de acuerdo con esta acción de Llori, porque se enmarca dentro de la intromisión de la justicia en la Asamblea. Pero que esa es una responsabilidad de la presidenta de la legislatura y que tendrá que asumirla.

Aclaró que están de acuerdo con la evaluación y la conformación de la comisión, pero no en la forma en que se hizo, donde no se consultó a los bloques sobre su delegado, pero en la resolución del 26 de abril se impusieron los nombres de sus integrantes.

Su coideario Ricardo Vanegas sostuvo que la acción judicial de Guadalupe Llori es débil porque para poder llegar al tipo penal que alude en su denuncia ante la Fiscalía, esto es, una supuesta violación a una disposición de autoridad legítima, es necesario que primero exista el pronunciamiento del juez, en este caso, el Tribunal de Garantías Penales. Además, indicó que existe una providencia de la Defensoría del Pueblo de que se cumplieron las medidas cautelares.

La asambleísta Johanna Moreira (ID) rechazó que la titular de la Asamblea haya optado nuevamente en acudir a la justicia para defender sus intereses personales para continuar al frente de la legislatura. Este es un precedente nefasto. (I)