La supuesta coima de China CAMC al excontralor Pablo Celi se reenvió a dos empresas panameñas ligadas a Xavier Neira

La ruta del dinero se comienza a esclarecer. Una asistencia penal de Estados Unidos entregada a la Fiscalía ecuatoriana estableció el camino que siguió un pago de $ 1,3 millones que le hizo China CAMC Engineering Co. Ltd., importante contratista del Gobierno ecuatoriano, a una sociedad extranjera que estaría ligada a Esteban Celi De la Torre, hermano del excontralor subrogante Pablo Celi De la Torre.

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Los documentos venidos de Estados Unidos mostraron que la mayoría de esos fondos, $ 990.000, se transfirieron a dos empresas panameñas relacionadas al político ecuatoriano Xavier Neira Menéndez. Estas compañías, Ranvill Investment S. A. y Forban Holding S. A., también aparecen en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

La Fiscalía sostiene que el pago de China CAMC es en realidad una coima que Pablo Celi habría recibido a cambio de desvanecer una glosa de $ 22,6 millones por irregularidades encontradas en la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, un enorme edificio ubicado en el norte de Quito que se inundó días antes de que fuera inaugurado por el entonces presidente Rafael Correa.

La Fiscalía ya terminó la investigación a finales de julio y pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, donde deberá presentar todas las evidencias recabadas. Los procesados son la empresa China CAMC, su exrepresentante legal Liang Yang (también conocido como Ángel Yang), los hermanos Celi De la Torre y el ecuatoriano Pedro Saona Roca.

China CAMC no es totalmente estatal

China CAMC Engineering es una empresa de responsabilidad limitada que cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen, uno de los tres mercados chinos junto con el de Hong Kong y el de Shanghái.

En el perfil de la compañía publicado en la Bolsa de Shenzhen está el listado de sus cinco principales accionistas, actualizado al tercer trimestre del año pasado. Como accionista mayoritaria aparece la estatal China National Machinery Industry Corporation Ltd., conocida como Sinomach, con el 62,86 % de las acciones.

Le siguen la financiera internacional Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (con el 1,02 %), el fondo privado Shanghai Minghe Investment Management Co., Ltd. - Minghe 2016 Private Fund (con el 0,63 %), la empresa China IPPR International Engineering Design and Research Institute Co., Ltd. (con el 0,55 %) y el ciudadano chino Du Chengpeng (con el 0,52 %).

China CAMC abrió una sucursal en Ecuador en 2012, en pleno boom de los créditos chinos para financiar obras en Ecuador. Es una de las compañías que más contratos obtuvo. La mayoría le fueron adjudicados directamente, sin concurso, bajo el argumento legal de que la contratista era una empresa estatal y que las obras tenían financiamiento externo.

EL UNIVERSO ubicó 21 contratos dados a China CAMC que suman un total de $ 1.005 millones. El más costoso fue para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, que se fijó en $ 198 millones. Lo firmaron en septiembre de 2015 el entonces director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Salvador Jaramillo Vivanco, y Liang Yang como apoderado de China CAMC en Ecuador.

En marzo de 2018, la Contraloría General del Estado aprobó un informe sobre esta obra. Este examen dio lugar a la predeterminación de una glosa solidaria de $ 22,6 millones en contra de China CAMC, Jaramillo Vivanco y otros dos funcionarios del Secob, Pablo Benalcázar Freire y Luis Macías Jaramillo.

Los auditores establecieron que China CAMC cambió el diseño original del edificio argumentando que esto optimizaría la obra. La modificación contó con la autorización del administrador del contrato y el fiscalizador. Sin embargo, el informe determinó que no se tomó en cuenta que esos cambios redujeron el costo de la obra y que ese valor no fue descontado del precio del contrato, originando así el millonario perjuicio al Secob y, por ende, al Estado.

La Contraloría emitió la predeterminación en julio de 2018. Casi un año después, en abril de 2019, Pablo Celi firmó la resolución 17121 con la que desvaneció la glosa. Celi se allanó a la defensa de los glosados. Según él, el rediseño contó con todas las autorizaciones estipuladas en el contrato. Argumentó también que “por el tipo de contratación, que fue por precio fijo, no se estipuló la posibilidad de que al rediseñarse la obra se deba realizar una renegociación del precio”. Así consta en la resolución.

El dinero salió de la matriz de China CAMC

Muchas cosas pasaron entre la emisión de la predeterminación y el desvanecimiento de la glosa. En febrero de 2019, Pedro Saona creó la empresa Legalcont LLC en Florida (Estados Unidos). Él contó voluntariamente a la Fiscalía ecuatoriana los pormenores de los trámites y operaciones financieras de esa compañía.

“Terminé siendo gerente de fachada”, afirmó.

Según su versión, Esteban Celi le ofreció trabajo y le pidió que constituyera Legalcont, que abriera una cuenta a nombre de esta en el Wells Fargo de Miami y que firmara un contrato con China CAMC.

En la realidad, las cosas sucedieron al revés. Primero se firmó el contrato entre Legalcont y la empresa china el 22 de febrero de 2019, seis días después se constituyó la empresa en Florida y luego se abrió la cuenta bancaria.

El contrato entre Legalcont y China CAMC lo firmaron sus representantes legales, Saona y Liang Yang. Este asumió como apoderado de la empresa china en 2012, cuando tenía 29 años.

En los antecedentes del contrato se menciona la predeterminación de $ 22,6 millones. El acuerdo establece que Legalcont, por sí misma o a través de otros abogados, “formularán una estrategia ante la Contraloría General del Estado encaminada a reducir las predeterminaciones”. El costo por este servicio se fijó en $ 1,3 millones, que serían pagados luego del pronunciamiento de la Contraloría.

El pago se realizó el 18 de junio de 2019, dos meses después de que Pablo Celi desvaneciera la glosa. El reporte de esa transferencia bancaria llegó al poder de la Fiscalía gracias a una asistencia penal de Estados Unidos, que se generó dentro del caso llamado Las Torres, donde también se investigaba a los hermanos Celi De la Torre por posibles sobornos relacionados con glosas de Petroecuador.

Los documentos mostraron que los $ 1,3 millones salieron de una cuenta de la matriz de China CAMC Engineering en el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), de Beijing. El reporte de la transacción especificó la dirección de la constructora china: No.3, Danling Street, Haidan District. Es el domicilio oficial de la matriz.

El dinero ingresó a la cuenta de Legalcont en el Wells Fargo, de Miami, ese mismo día.

EL UNIVERSO solicitó una entrevista a la sucursal ecuatoriana de China CAMC, pero no obtuvo respuesta.

De su parte, la defensa de Esteban Celi sostuvo que él no tiene ninguna relación con Legalcont. “Esto lo puede corroborar revisando los documentos de constitución (…), nóminas de accionistas, etc.”, contestó su abogado, Ricardo Vaca, frente a una consulta de este Diario.

Ranvill Investment S. A. y Forban Holding S. A. recibieron el dinero

La asistencia penal estadounidense aportó con todas las operaciones de la cuenta bancaria de Legalcont en Miami. Pedro Saona recibió $ 10.000 semanales de esa cuenta durante cuatro meses. Fueron 17 transacciones que sumaron $ 170.000.

Además, Legalcont transfirió $ 390.000 a la empresa panameña Forban Holding S. A., el 12 de agosto de 2019. El reporte de la transacción no especificó el objeto del giro.

Otra compañía panameña, Ranvill Investment S. A., recibió $ 500.000 el 22 de octubre de 2019. Como objeto de la operación en el reporte consta “primer pago”.

Ese mismo día, Pedro Saona transfirió desde una cuenta personal $ 100.000 a Forban Holding con el objeto “segundo pago”.

Al finalizar octubre de 2019, la millonaria suma se había esfumado de la cuenta bancaria de Legalcont en Miami. Quedó con un saldo un poco menor a los $ 7.500.

La mayor parte del dinero, $ 990.000, fue a parar a manos de las dos empresas panameñas, en cuentas del St. Georges Bank en ese mismo país. Estas compañías están ligadas a Xavier Neira Menéndez, quien fue congresista y candidato presidencial del Partido Social Cristiano.

Este Diario le solicitó una entrevista, que él no pudo atender por un contagio de COVID-19. Aseguró que ya dio su versión libre y voluntaria en la Fiscalía al respecto.

Un expediente de Forban Holding se encuentra en los Pandora Papers, la última filtración sobre negocios en paraísos fiscales que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en la que participó EL UNIVERSO.

Esta compañía se constituyó en 2006. Como directores y dignatarios de la sociedad participaron Neira Menéndez, su esposa y dos de sus hijos. Los archivos filtrados muestran que al inicio se emitió un certificado de acciones al portador, el mismo que fue anulado a fines de 2015, en reemplazo de otros dos nuevos, que se emitieron a nombre de los dos hijos de Neira Menéndez.

Como agente residente en Panamá actuaba el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), cuyos archivos internos fueron filtrados en los Pandora Papers.

En febrero de 2021, Neira Menéndez y su hijo Xavier Neira Salazar abandonaron el directorio de Forban Holding. Para ese entonces, Legalcont ya había transferido el dinero.

Ranvill Investment fue creada en 2010. Como directores y dignatarios actuaron Neira Menéndez, su esposa y sus dos hijas. El agente residente era el estudio Arosemena, Abrego & Asociados. Se desconoce a nombre de quién se inscribieron las acciones de esta empresa.

Ambas compañías fueron suspendidas por el Registro Público de Panamá en 2021, pues sus agentes residentes renunciaron y no hubo reemplazo.

Las empresas de los Neira ya aparecieron en el caso Isspol

Las autoridades judiciales ecuatorianas ya tenían en su radar a Ranvill Investment y Forban Holding. Aparecieron cuando las autoridades de control comenzaron a reconstruir la ruta de las inversiones que el Isspol realizó con el intermediario financiero Jorge Chérrez Miño, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense, donde se lo acusa de haber entregado sobornos a altos oficiales de la Policía ecuatoriana y otros funcionarios. Mientras tanto, la justicia ecuatoriana ya pidió a la Interpol emitir una alerta roja para su captura.

Forban Holding apareció en una inversión del Isspol que fue propuesta por la empresa IBCorp Investments, perteneciente a Chérrez. En junio de 2019, el Isspol aprobó la compra de $ 32,28 millones en bonos del Estado ecuatoriano.

En esta operación participaron el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S. A., como custodio, y la Casa de Valores Citadel, como operadora, según un informe de la interventora de Decevale.

Esta auditoría descubrió que los $ 32,28 millones no fueron utilizados para la compra de los bonos, sino para realizar otras transacciones, entre ellas, pagar al mismo Isspol por el vencimiento de otra inversión.

De ese monto, según el informe, $ 11 millones fueron a Citadel, cuyo gerente y principal accionista era Xavier Neira Salazar, casado con Oriana Rumbea Thomas, gerente financiera administrativa de Decevale. Y de este valor, $ 4 millones se destinaron a un préstamo que Forban Holding le otorgó a Envases del Litoral S. A.

Es por ello que la Fiscalía consideró que Decevale y Citadel “dispusieron de los fondos del Isspol (…) en beneficio propio”. Así lo afirmó el fiscal César Suárez Pilay en diciembre pasado, en una audiencia judicial en la que acusó a los esposos Neira Rumbea de ser autores directos del delito de falsedad de información.

El argumento del fiscal no convenció al juez Juan Carlos Terán Moreno, quien dictaminó que “la utilización de la compañía Forban Holding no ha tenido la finalidad de perjudicar ni beneficiarse económicamente el procesado Neira Salazar, sino por el contrario, resguardar la posibilidad de un reclamo judicial en caso de incumplimiento en el pago del préstamo”.

Con este y otros argumentos, el juez sobreseyó a los esposos y a otros dos acusados.

Envases del Litoral pagó la última cuota del préstamo, que ascendía a $ 1 millón, directamente al Isspol, en julio de 2021.

Ranvill Investment, en cambio, intervino en una operación de reporto. Los reportos eran prácticamente préstamos que otorgaba el Isspol a 180 días plazo a una tasa fija de interés y cuya garantía consistía en bonos de deuda externa ecuatoriana.

Una auditoría realizada por Ernst & Young a las comunicaciones de Decevale estableció que Ranvill Investment participó en 2015 en un reporto por $ 2,3 millones con la garantía de Bonos 2024, en la que también aparece como intermediaria otra compañía de Chérrez. El Isspol confirmó que esta deuda sí fue cancelada.

En la misma auditoría de Ernst & Young se reseñó la participación de Ranvill en otra operación de bonos por $ 9,8 millones. (I)