Con cinco votos a favor, la comisión ocasional que investiga los supuestos hechos de corrupción en el casi llamado Gran Padrino acogió la moción del socialcristiano Pedro Zapata de eliminar del informe la causal de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por traición a la patria, pero mantener la del delito contra la seguridad del Estado, contemplado en el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución.

Por la moción votaron los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Rodrigo Fajardo (ID), Diego Esparza (PSE) y Pedro Zapata (PSC), proponente. Tras la aprobación la comisión entró en un receso para ajustar el texto final.

Luego de cinco horas de lectura, a las 13:50, la comisión abrió el debate entre los asambleístas integrantes de la comisión investigadora.

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Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik) fue la primera en participar para pedir que en el informe se incluya el texto de un tuit publicado por el portal digital La Historia, respecto a un mensaje aclaratorio de Leonardo Cortázar, sobre el financiamiento a las campañas electorales. Y mocionó la inclusión de un texto para que se solicite al Consejo Nacional Electoral (CNE), se remita los aportes de campaña de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero.

El socialcristiano Pedro Zapata propuso que en el informe se replantee la primera recomendación respecto al numeral 1 del artículo 129 de la Constitución; y “solicito expresamente se elimine la referencia al posible delito de traición a la patria, lo correcto y lo pertinente es que, si algunos comisionados creen que toda la información recabada se adecúa a la causal prevista en dicho numeral, que en el informe se recomiende de forma general el posible enjuiciamiento por el presunto cometiendo de delitos contra la seguridad del Estado”.

El tercer legislador en intervenir fue Rodrigo Fajardo, quien anunció que la Izquierda Democrática apoyará, en todo momento, el pedido de juicio político al primer mandatario.

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Dijo que hoy se demuestra, al pueblo ecuatoriano, que la Asamblea Nacional responde a los clamores de la gente defendiendo la independencia de funciones frente a los actos de un gobierno que ha puesto en riesgo la seguridad del país y afecta a las posibilidad de que los ecuatorianos accedan a una vida digna, libre de corrupción.

En tanto, que el delegado de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Gruber Zambrano, reclamó por la exclusión en el informe las fotografías e información que circularon en redes sociales, sobre los aportes de la campaña de Leonardo Cortázar a los candidatos del correísmo en el 2021. Denunció que el informe fue elaborado entre “gallos y media noche”, sin que se permita la participación de los asesores de los legisladores integrantes de la comisión.

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Indicó que llegan a la audacia de pretender plantear un juicio político aduciendo que el primer mandatario incurrió en el delito de traición a la patria, cuando ya lo aclaró el asambleísta del PSC, Pedro Zapata, que ese delito no va ahí. Ese delito se aplica en caso de conflicto bélico y en estado de guerra; en dónde está la cordura en el momento de elaborar un informe, preguntó Zambrano, quien señaló que por más odio político que se pueda tener contra una persona no se puede forzar las cosas de esa manera.

Diego Esparza (PSE), señaló que la investigación pone en evidencia una trama de corrupción, pues dijo que hay pruebas y merecen ser juzgadas con todo el peso de la ley, y además demuestra el trabajo fiscalizador de la Asamblea Nacional.

Dijo que el presidente Guillermo Lasso, justifique que le faltó suspicacia a su cuñado, Danilo Carrera, para identificar a los corruptos con quienes tenía acuerdos es pensar que el pueblo ecuatoriano es ingenuo, y eso no lo podemos permitir.

“La destitución del presidente Lasso, es lo mínimo que podría ocurrir si es que procede este juicio político, porque los ecuatorianos necesitamos en Carondelet, a un hombre o a una mujer con coherencia y convicción, con los pantalones bien puestos lejos de apadrinar actos de corrupción que dan vergüenza”, subrayó.

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Augusto Guamán (IND) aclaró que la investigación se realizó sin caer en venganzas, pasiones o revanchismos políticos, que el trabajo estuvo matizado por un investigación científica y sobre todo social. Que no es el momento en que se pueda decir al pueblo ecuatoriano, que en las empresas públicas objeto de la investigación, no han existido actos de corrupción durante los últimos tiempos, donde la ‘mano negra’ es Hernán Luque, y eso está claramente evidenciado.

Pretender decir que se archivó el proceso de investigación realizado por la dirección antinarcóticos a sabiendas del Presidente de la República es querer cegarse a una realidad. Por esa razón, dijo que se ratifica en todo lo dicho durante el proceso de investigación y apoya la aprobación del informe.

La legisladora Viviana Veloz (UNES), presidenta de la comisión manifestó que recomiendan el juicio político y la censura del presidente Lasso, y pidió que no se aferre al cargo y que tampoco provoque la ira popular.

En su exposición señaló que Rubén Chérres, prófugo de la justicia, se hizo famoso por operar políticamente para el “gran padrino” que es Danilo Carrera, y cuando Lasso, supo que se investigaban estos delitos no hizo nada, prefirió guardar su silencio cómplice para proteger a su cuñado e influyó directamente en la cúpula policial para que desaparezcan los informes que vinculaban a su cuñado con narcotraficantes. Siempre prefirió el interés familiar antes que el interés general, anotó.

Que los elementos recabados en la investigación de la comisión permiten concluir que se diseñó todo un andamiaje institucional que facilitó la corrupción; que el presidente Lasso, a través de sus delegaciones permitió que actores inescrupulosos sin ningún tipo de preparación profesional ni experiencia en el sector público como Hernán Luque.

Afirmó que el presidente de la República se abrogó funciones que no le correspondía, que solo son las competencias de la legislatura, pues a través de un Decreto reformó la ley para concentrar poderes para su amigo Hernán Luque. Que solo a nivel presupuestario manejan más de $13 mil millones anuales.

La legisladora Veloz manifestó que en estricto derecho existen las condiciones fácticas y jurídicas para invocar el artículo 129 numeral 1 y 2 de la Constitución y enjuiciar políticamente al primer mandatario. Aclaró que el juicio político no es sinónimo de golpismo o desestabilización. (I)