CIDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de las garantías judiciales de un militar destituido en 1993

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado ecuatoriano es responsable por la “violación de las garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial” en perjuicio de Vicente Aníbal Grijalva Bueno, quien fue destituido de manera irregular de la Fuerza Naval del Ecuador en 1993, luego de haber denunciado torturas y desapariciones forzadas dentro de la esfera castrense.

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional respecto a las violaciones ocurridas en el proceso de destitución y por la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales.

En la sentencia, la CIDH señaló que el Estado debe garantizar las condiciones fácticas para que los funcionarios públicos realicen denuncias de violaciones de derechos humanos libremente sin que sean víctimas de amenazas, represalias u otros tipos de hostigamiento.

El exmarino Vicente Grijalva llevó su caso a CIDH

Posteriormente, la Corte ordenó varias medidas de reparación.

Grijalva fue miembro de la Fuerza Naval del Ecuador, con el cargo de capitán de corbeta perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante. En el ejercicio de sus funciones tuvo conocimiento de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de tres personas por parte de miembros de la Marina y lo denunció a la Comisión.

En 1994, Grijalva expuso públicamente en los medios de comunicación las denuncias que había efectuado anteriormente en el interior de la institución.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en su cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”, dice el comunicado. (I)