La llegada de César Córdova Valverde como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pasó desapercibida, al igual que su salida en julio pasado.

Fue su designación como defensor encargado de la Defensoría del Pueblo la que desató las críticas de colectivos de defensa de derechos humanos, así como de legisladores de la Asamblea Nacional, porque no acreditaría experiencia en la materia y por una aparente cercanía a la familia de la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.

Córdova fue designado secretario del Consejo el 20 de noviembre de 2020, de una terna que planteó al pleno Sofía Almeida.

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Ocho meses después, el 12 de julio, el pleno le aceptó la renuncia. Se iba por “ética”, porque su aspiración era participar en el concurso público para ser titular de la Defensoría Pública. Aunque finalmente lo escogieron como defensor del Pueblo (e).

En su hoja de vida se menciona su participación como presidente de la fundación Fragua de Vulcano, que está vinculada a la logia masónica. Eso es un hecho “de carácter personalísimo”, ha dicho la autoridad.

Con ese grupo también está relacionado Luis Almeida, asambleísta del PSC y tío de Sofía Almeida.

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En una sesión en la Comisión de Fiscalización, a la que fueron convocados los vocales del CPCCS para explicar la designación de Córdova, Luis Almeida decidió intervenir en respaldo a su sobrina y ahí reconoció que conocía al nuevo defensor.

Vocales de mayoría del CPCCS sembraron dudas en Fiscalización por cómo eligieron al defensor del Pueblo encargado

El legislador no quiere que se malinterpreten las cosas, pues no significa que él “lo puso o no para ese cargo”.

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Esa cercanía se conoció al trascender una fotografía de una reunión de la logia, en la que aparecen Almeida y Córdova.

“El trabajo de la regeneración humana es el trabajo por la sociedad. Eso hace la fundación Fragua de Vulcano, promueve derechos humanos, valores, solidaridad, la defensa de intereses de la gente”, dijo Almeida.

Aceptó que conoce al defensor a través de este grupo y eso no es “ningún delito”. “Fue la institución que nos dio la libertad de Guayaquil, y hay miles de ciudadanos que pertenecen a ella”, y de la que Córdova es su presidente.

“No puedo negar que lo conozco. Lo conozco añísimos, en los juzgados, tribunales, en la labor social. Conozco a mucha gente de todas las tendencias políticas”, afirmó Luis Almeida, que lo describe como “un buen hombre, mejor que un monseñor. Es un caballerito, bien formalito. La gente le ha tenido mucho respeto en varios lugares”.

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Esta designación se dio en un álgido momento que enfrentaba la Defensoría del Pueblo, pues su titular, Freddy Carrión, fue llevado a juicio político en el Parlamento, que terminó con su censura y destitución el 14 de septiembre.

Un día antes, Sofía Almeida se reincorporó a sus funciones, al renunciar a su licencia de maternidad.

La coyuntura lo requería: el CPCCS debía resolver una posible acefalía en la Defensoría.

César Córdova asumió el encargo en la Defensoría del Pueblo y justificó que el ser abogado es ser defensor de derechos humanos

Fue así como el 18 de septiembre, cuatro consejeros de mayoría definieron quién asumiría el encargo, mientras se realiza el concurso público para elegir a la autoridad definitiva.

No se presentó una lista de candidatos. El consejero Javier Dávalos mocionó a Córdova y se lo nombró con los votos de él, Sofía Almeida, David Rosero e Ibeth Estupiñán. María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo se abstuvieron, advirtiendo que no cumplía los requisitos, como tener una amplia trayectoria en derechos humanos, según el artículo 216 de la Constitución.

Córdova es desde entonces la máxima autoridad de la institución encargada de promover y proteger los derechos humanos en el país.

El funcionario apenas recordaba las últimas cinco letras del denominado caso Furukawa, documentado como un hecho de esclavitud moderna en el Ecuador que está en investigación de la Fiscalía por delitos de trabajos forzados y otras formas de explotación laboral.

“(…) ¿A…kawa?”, respondía Córdova en una entrevista en el portal digital Ecuador Play. Y miraba a alguno de sus asesores para que lo ayudara a confirmar el nombre del caso que es “urgentísimo” de atender.

En ese mismo espacio le preguntaron si dará impulso a las investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos en las manifestaciones de octubre del 2019 que se recogen en un informe de la Comisión de la Verdad promovida por la Defensoría.

En la Asamblea Nacional se configura la posibilidad de enjuiciar políticamente a los vocales del CPCCS

Él respondió que eso está judicializado, que respeta a la Fiscalía y la Función Judicial y que ellos determinarán la inocencia del exdefensor Freddy Carrión.

El entrevistador le aclaró que se refería al informe de octubre, entonces reaccionó y dijo que lo leerá, que ha pedido a la prensa que le “dejen sentar” y analizar con el equipo jurídico.

Cuencano de 55 años, ha vivido en Guayaquil. Consta como miembro del estudio jurídico Corval Asesoría Jurídica y Comercio Exterior, que reseña su ejercicio profesional como asesor jurídico de Supermercados Mónika en Cuenca, funcionario de la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas, del Primer Distrito Aduanero de Guayaquil, de la antigua Subsecretaría Nacional de Aduanas, de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y como director de la extinta telefónica Pacifictel.

En la Contraloría General del Estado solo constan sus servicios como secretario del CPCCS y ahora como defensor del Pueblo (e). Su patrimonio actual asciende a $ 654.744.

En la Senescyt tiene registrado el título de abogado de los tribunales y un diplomado en Criminalística.

Otros títulos no reconocidos en el país, sobre reforma procesal penal y en derecho constitucional. Estaría cursando un posgrado en una universidad argentina y dos maestrías en universidades de México y España.

Sus estudios acreditan, según él, su trayectoria en derechos humanos. Además, porque defendió a 49 personas y a sí mismo tras ser desvinculados de una institución. (I)