Que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes. Esa fue la respuesta que hizo pública el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador al conocer sobre la posibilidad de que la exministra de Transporte del correísmo, sentenciada por cohecho, María de los Ángeles Duarte, podría recibir asilo por parte de Argentina.

La noticia la dio a conocer el sábado último en su edición digital el medio argentino Clarín, que replicaba lo dicho en su cuenta personal de Twitter la presidenta del PRO y candidata a la Presidencia de Argentina, Patricia Bullrich.

Exministra María de los Ángeles Duarte es llamada a juicio por incumplimiento de medidas cautelares, pero etapa de juzgamiento se suspende

“Ahora dan asilo político a María Duarte, ecuatoriana, exministra de Rafael Correa condenada en Ecuador por corrupción, hoy refugiada en la Embajada de Argentina en ese país. Una vergüenza más de un Gobierno que no respeta la ley”, dijo en un primer tuit.

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Inmediatamente agregó: “Presidente (Aníbal) Fernández: ¡Usted no puede dar asilo a la exministra Duarte! La Convención Interamericana Contra la Corrupción lo impide y nos compromete a conceder la extradición por delitos de cohecho. Debe respetar un tratado, que es nuestra ley. ¿Saben cómo se llama esto? Lawfare”.

“María de los Ángeles Duarte fue sentenciada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el delito de cohecho a una pena privativa de libertad de ocho años en 2020. Su proceso, que se inició, se desarrolló y concluyó con sentencia en firme antes de que se inicie el actual gobierno ecuatoriano, contó con todas las garantías procesales para los acusados. El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción”, explicó la Cancillería.

El expresidente de Ecuador, también sentenciado por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter no solo enfiló contra Bullrich, sino también contra el canciller ecuatoriano. Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel en calidad de autor mediato por instigación.

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De Bullrich dijo: ”Señora: Inaugure la decencia. Hasta en su maldad e incapacidad puede verificar que se trata de una brutal persecución política, como ya lo han confirmado Bélgica, México, Interpol, relatores de Naciones Unidas y el mundo entero”. Mientras que del canciller Juan Carlos Holguín refirió: “Canciller: No sea ridículo. Bélgica y México ya dieron asilo por el mismo caso. El caso Sobornos es el paradigma del lawfare, y el mundo lo sabe. Los verdaderos corruptos son gente como los del caso Pandora o Danubio”.

En agosto de 2020, Duarte dejó de cumplir su presentación periódica y se retiró el dispositivo electrónico dispuesto dentro de la causa conocida como Sobornos para ingresar a la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, en calidad de “huésped por razones humanitarias”.

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Para ese momento la exministra del correísmo tenía ratificada en dos instancias la sentencia de ocho años de cárcel en calidad de coautora del delito de cohecho pasivo agravado. Estaba a la espera de que realice la audiencia de casación, recurso que se le fue negado y quedó en firme el fallo a finales de septiembre de 2020, no solo para ella, sino para 19 procesados más, entre ellos, los exmandatarios Rafael Correa, Jorge Glas, exministros y exasambleístas del correísmo, exfuncionarios de la Presidencia de la República y diez empresarios.

De forma oficial el gobierno de Alberto Fernández o su representante diplomático en Ecuador no ha emitido un pronunciamiento. La posibilidad de un asilo empieza a tomar fuerza semanas después de que Correa estuvo en Argentina presentando un libro y en esa visita se reunió con líderes del kirchnerismo que son parte del gobierno de Fernández.

El gobierno de Lenín Moreno en su momento sobre este tema indicó que no le concederá el salvoconducto para que salga de la Embajada y vaya hasta Argentina. El argumento era similar al explicado hoy: Duarte fue juzgada por un delito común y en todas las instancias la justicia reafirmó su estado de culpabilidad.

Pero la exministra del correísmo no únicamente tiene una sentencia en firme por el delito de cohecho. También tiene un llamado a juicio en suspenso, desde febrero de 2021, por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Este proceso penal se desprende del incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en el caso Sobornos.

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El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal señala sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En el comunicado emitido por la Cancillería de Ecuador, publicado el domingo último, se reiteró el respeto a la independencia de justicia y su decisión de luchar contra la impunidad y la corrupción. (I)