Una vez que se había concretado la suscripción del contrato con la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y las opciones del financiamiento estaban en marcha, la fiscal general, Diana Salazar, señalaba que para la red de corrupción instalada lo lógico era empezar a labrar el terreno para la recepción de los más de $ 76 millones acordados como coimas.

Para explicar cómo lo hicieron se tomó la fiscal Salazar una buena parte de la casi media hora que llevó la exposición de la relación de los hechos por los que se les formularon cargos a 37 personas acusadas del delito de cohecho, bautizado con el nombre de caso Sinohydro. Desde el 5 de marzo pasado corren los 90 días de instrucción fiscal que ordenó el conjuez Luis Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia.

Según la Fiscalía, inmediatamente quedó confirmado que sería Sinohydro la empresa que se encargaría de la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de la Revolución Ciudadana, se identificó la empresa mediante la cual se iban a recibir las dádivas.

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“Se optó nada más y nada menos por una de las empresas de la familia del representante comercial de Sinohydro, la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa C. A., cuyo gerente general era Conto Patiño (el amigo de Lenín Moreno)”, explicaba Salazar.

El paso siguiente y con el fin evidente de acondicionar la fachada de la empresa a usarse para enviar los dineros que le tocaba a cada uno de los integrantes, a decir de la fiscal general, se realiza la obviedad de perfilar a la empresa. Con esta acción, la razón social de la empresa se modifica de tal forma que su actividad económica vaya alineada al contexto de la construcción de la obra pública.

El 3 de marzo de 2010, los accionistas de Recorsa amplían el objeto social de la empresa en cuestión al tipo de actividades de representación, asesoría y consultorías para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país. Los accionistas eran Manuel, Patricia, María Auxiliadora y Juan Carlos Patiño, hijos de Conto Patiño, también procesados junto a su padre.

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Salazar considera que con la ampliación a este objeto social se armó el escenario idóneo para no levantar ninguna sospecha en el sistema financiero. A ese punto usando una empresa de su dominio, la adaptan a sus intereses y les da paso a que abran una cuenta en un paraíso fiscal para recibir las dádivas.

Finalmente, teniendo pleno conocimiento de que el dinero a recibir en la empresa Recorsa era el producto de los sobornos, el gerente general Conto Patiño, como es usual en los entramados de corrupción de esta clase, resaltaba Salazar, acude a un paraíso fiscal para abrir una cuenta en el banco Pichincha Panamá.

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Este hecho se habría dado el 1 de julio de 2010. Un dato que llamó la atención a los investigadores es que se informó que los fondos que iba a recibir en esa cuenta, la que iba a ser utilizada para la repartición, tendrían como origen el 4 % del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. “Ya tenemos el porcentaje del soborno”, anotaba Salazar en la Sala de la Corte.

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En un documento que es parte de los 280 cuerpos que forman el expediente del caso Sinohydro, los encargados de Comercial Recorsa C. A. le decían al banco Pichincha Panamá que los montos que ingresarán a esa cuenta corresponden a “comisiones” generadas por la representación de la empresa Sinohydro, “las mismas que ascienden a $ 80 millones, que representan el 4 % del contrato”.

La gente de Recorsa resaltaba que el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair era el más importante en Ecuador.

“Como se puede apreciar el panorama delictivo se va construyendo con el evidente acto llevado a cabo por el exvicepresidente Lenín Moreno al viabilizar cualquier inconveniente que se le presente a la empresa Sinohydro. Paralelamente, sus cómplices iban adaptando el camino que facilitaría la obtención de los sobornos”, apuntaba Salazar.

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Relatadas las acciones llevadas a cabo por los facilitadores, la Fiscalía empezó a definir cómo se inició la repartición de las dádivas. Como punto de partida los frutos de esas conductas ilícitas se cristalizaron en la empresa ecuatoriana Recorsa, la cual recibe inicialmente cerca de $ 76 millones en la cuenta del banco Pichincha Panamá de Recorsa y luego otros $ 400.000.

Los dineros habrían sido depositados entre los años 2010 y 2018, todos provenientes de la “empresa cohechadora” Sinohydro.

Los inicialmente beneficiados con dineros parte de los $ 76 millones habrían sido quienes en su momento fueron representantes de Sinohydro, los ciudadanos chinos Wu Yu, Liu Ai Sheng, Song Don Sheng y Tyan Hui Hub. Según Fiscalía, ellos recibieron $ 1′060.000. Respecto al exembajador de China y también exrepresentante de Sinohydro, Cai Runguo, se habría registrado que recibió de manera personal y directa $ 40.400.

QUITO (01-03-2023).- Diana Salazar, fiscal general del Estado, durante la audiecnia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Salazar insistía en que la empresa receptora de los $ 76 millones, Recorsa, se encargó de hacer llegar los “dineros indebidos a sus beneficiarios a través de terceras personas” que por medio de actos financieros también facilitaron la recepción de las dádivas.

Los núcleos o grupos formados para repartir el dinero

Aquí aparece el núcleo Moreno González, integrado por la familia del exvicepresidente Lenín Moreno, que recibió cerca de $ 655.000.

Lenín Moreno y su cónyuge, Rocío González, a través de la adquisición de un departamento y muebles de sala que suman un total de $ 220.000; Irina Moreno (hija), $ 50.000; Guillermo Moreno (hermano), $ 10.000; Edwin Moreno (hermano), $ 350.000; Jacqueline Viteri (cuñada), $ 10.000; Martha González (cuñada), $ 15.000; y a través de la suegra que está fallecida también otros montos.

En tanto, el grupo Patiño Martínez, gracias a las facilitaciones que prestaron para la recepción de los sobornos en sus empresas recibieron alrededor de $ 44 millones.

Conto Patiño, $ 1,5 millones; María Auxiliadora Patiño (hija), $ 20 millones; Xavier Macías Carmigniani (yerno), $ 3,5 millones; Manuel Patiño (hijo), $ 600.000; Juan Carlos Patiño (hijo), $ 700.000 y también a través de empresas $ 250.000 y $ 12.000, empresas Todernant LLC y Todernant S. A. del Ecuador.

QUITO (02-03-2023).- En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizó la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. El abogado Fausto Jarrin y el asambleísta Ronny Aleaga acudieron a dicha audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Patricia Patiño (hija), $ 100.000; Juan Manuel Durini (esposo de la nieta de Conto Patiño y exaccionista), $ 900.000; Francisco Chiriboga, $ 190.000; Maurio Pérez (esposo de la sobrina), $ 190.000; Victoria Patiño (nieta), $ 200.000; Juan Simbaña (empleado de confianza de Conto Patiño - mensajero), $ 6 millones; Antonio Simbaña (auxiliar de contabilidad), $ 250.000; Mercedes Cruz, $ 500.000; Pablo Zatizabal (empleado de confianza de Recorsa), $ 150.000; Ximena Delgado (abogada), $ 400.000; Carlos Almeida (abogado), $ 1′450.000, y a través de Carfal Corporation $ 1′800.000; Eduardo Carmigniani (abogado), $ 2′600.000; Pablo Avilés Argüello, $ 250.000; Francisco Espinosa, $ 100.000; y, Mónica Ortega, $ 400.000.

Rocío Guerrero, contadora de Recorsa, habría facilitado a través de su gestión la recepción de estas dádivas.

Por último, Salazar sostuvo que la magnitud del costo del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, así como su evidente complejidad tanto técnica como financiera, provocó ciertos escenarios autónomos de cohecho en su trayecto, beneficiando a los miembros de la comisión técnica que emitió el informe para la aprobación del proyecto.

Es así como Julio César Gordón (fallecido) y Luciano Cepeda, quien con su cónyuge, Rocío Baquero, habían recibido $ 310.000, aproximadamente. Por otra parte, Henry Galarza y Francisco Castelló, en sus calidades de gerente y miembro de directorio de Coca Codo al año 2010, recibieron $ 220.000 y $ 55.000 por sus “desempeños a favor de la empresa Sinohydro”.

“Actividades que si bien se desarrollan de manera independiente a los actos del exvicepresidente Lenín Moreno, fueron objeto de beneficios económicos a través de la empresa acondicionada para la distribución de los sobornos, la empresa Comercial Recorsa. Pagos que se han podido identificar por medio de transferencias y cheques en los sistemas financieros tanto nacionales como internacionales”, concluyó la fiscal Diana Salazar. (I)