Fundamedios analizó el ‘caso El Universo’ como emblemático para la defensa de las libertades y el ejercicio del periodismo

Édison Lanza, ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Jeaninne Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación; y César Pérez, subdirector de Diario EL UNIVERSO, coincidieron en calificar al caso Palacio Urrutia vs. Ecuador, que surgió de una querella presentada por el Gobierno de Rafael Correa, como “emblemático para la defensa de las libertades y el ejercicio del periodismo” en el país.

Lo hicieron en un foro virtual organizado por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), con la moderación de su director, César Ricaurte, la mañana de este miércoles 5 de enero; todo esto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la “responsabilidad internacional” del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario EL UNIVERSO, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, y dispuso una serie de medidas de reparación integral a su favor.

El sistema judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del expresidente Rafael Correa, quien demandó por injurias calumniosas a Palacio por su artículo ‘No a las mentiras’ (publicado el 6 de febrero de 2011) y a los directivos de EL UNIVERSO como autores coadyuvantes. El texto publicado hacía referencia a la revuelta policial del 30-S.

En su exposición, César Pérez, subdirector de diario EL UNIVERSO, señaló que la sentencia de la Corte es importante para el desarrollo de las libertades y la defensa de la democracia en el país y la región. Reconoce que la sentencia de Ecuador benefició al expresidente Correa y violó los derechos humanos a la libertad de expresión y al debido proceso.

Ante las declaraciones del exmandatario sobre que a él nadie lo ha defendido, Pérez enfatizó que el Estado invirtió mucho tiempo y dinero en su defensa; que la mayoría del proceso de defensa del Estado fue en los años en que Correa fue presidente, cuando se autoproclamaba como el “jefe de todos los poderes del Estado” y cuando lideró toda una “persecución” con la Relatoría de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la intención de debilitar a la Comisión Interamericana.

De la sentencia de la Corte, el directivo del EL UNIVERSO destacó que ella borra la sentencia ecuatoriana, deja un precedente para que no se repita un caso similar en el país y ordena a Ecuador que las opiniones de funcionarios públicos no se ventilen en el ámbito penal.

Pérez agregó que las reparaciones “no deben costarle un centavo al Estado”, pues las deben pagar los implicados; que siempre el poder va a encontrar una manera de intentar coartar la libertad de expresión con creación de nuevos organismos o con los ya existentes, como fue el caso de la Supercom; y que la “sentencia es un triunfo para el ejercicio de las libertades”.

Al recordar cómo se vivieron esos momentos en el interior del medio de comunicación, el subdirector de EL UNIVERSO relató que hubo intimidación y campañas de desprestigio en cadena nacional, que se trasladaban a toda la organización, afectación a la libertad de expresión y la estabilidad laboral de todos los empleados y una atmósfera de autocensura. “Es una realidad, eso existía, sería de ciegos decir lo contrario, y eso el Gobierno de Correa lo tenía clarísimo”, añadió.

Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de directivos de EL UNIVERSO

Édison Lanza expresó su contento porque el caso prosperó y tuvo sentencia favorable para las víctimas. Calificó al fallo de histórico y aseguró que sienta precedentes para la libertad de expresión de los periodistas.

Además, resaltó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos funciona y se muestra en este caso que las víctimas obtuvieron respuesta. Coincidió en que el exmandatario Correa “hizo una cruzada para destruir la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión”; pero, al contrario, esto indica la importancia de mantener el Sistema.

Lanza agregó que existe un problema estructural e histórico de violación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador y la región, y que la sentencia es la oportunidad del Estado ecuatoriano para evitar que un caso de abuso, supresión de libertades y autoritarismo como el de EL UNIVERSO se repita.

En tanto, Jeaninne Cruz dijo que el caso deja un precedente importante a favor de la libertad de expresión, pero también es un “aliciente”, un “nuevo aire”; que las autoridades públicas tienen que ser tolerantes al escarnio público; y calificó al Gobierno de Correa de “abusivo”.

Cruz insistió en que a los jueces que actuaron en este caso “no les sirvió de nada arrodillarse al Gobierno de Rafael Correa”, pues ahora tendrán que pagar, y que hay que entender que “la prensa seguirá siendo la prensa y seguirá cuestionando al poder”.

“La sentencia es a favor de la libertad de expresión en la región y de un Estado democrático (...). La prensa no necesita el beneplácito del poder (...). La labor periodística ha prevalecido sobre cualquier intento de censura”, añadió.

La exasambleísta recalcó que hay que hacer las reformas legislativas necesarias para proteger el ejercicio periodístico, porque las amenazas no solo vienen de la función pública, sino también del crimen organizado. Además, hay que capacitar a los funcionarios públicos para que entiendan la labor periodística.

Al final del evento, Ricaurte concluyó que “nunca más” se debe repetir un caso como el analizado.

En el “Informe sobre las libertades en Ecuador 2021”, Fundamedios señaló que, entre 2007 y diciembre de 2021, se registraron 3.045 agresiones contra la prensa. En el 2021, se registró un total de 289 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación que vulneraron los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información. Del total de alertas registradas en el 2021, 50 % ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno y 50 % durante el gobierno de Guillermo Lasso.

“Vale destacar que el número de alertas registradas en 2021 ha sido el más alto desde 2018. Concretamente, en comparación al año anterior, se registró un preocupante incremento del 35 % en el número de agresiones contra la prensa reportadas por Fundamedios”, señaló la organización no gubernamental. (I)