De la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova dependerá si el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, Adolfo Agusto Briones y otras nueve personas son llamadas o no a juicio por el delito de delincuencia organizada que se ha investigado dentro del caso Las Torres por ocho meses.

Para las 08:30 de este lunes, 24 de enero, Córdova convocó a la Fiscalía, a la Procuraduría General (PGE) y la empresa pública Petroecuador, como acusadoras particulares, y a las trece defensas de los acusados para reinstalar una diligencia que se suspendió el pasado 16 de diciembre. Desde esa fecha el juez penal entró a deliberar todos los argumentos escuchados en ocho días de audiencia preparatoria de juicio.

Dos líderes y once colaboradores hacen parte de la ‘organización delictiva’ a la que acusa la Fiscalía en el caso Las Torres

La fiscal general, Diana Salazar, pidió que sean llamados a juicio los trece acusados en calidad de autores, haciendo la diferencia que el excontralor Celi y el exgerente Flores eran los líderes de la organización, mientras que los once restantes procesados fueron colaboradores. La PGE acusó a doce de los procesados, mientras que Petroecuador lo hizo solo contra once.

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La semana pasada Salazar, durante la rendición de cuentas de 2021 ante la Asamblea Nacional, comentó sobre el caso Las Torres, al cual calificó como uno de los que tuvo alta connotación nacional.

Según ella, en esta causa, en la que la Fiscalía realizó 780 diligencias, entre los años 2017 y 2020 se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la secretaría de la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas.

El contralor (juez de cuentas) general del Estado ecuatoriano, Pablo Celi, quien desde abril pasado se encuentra en una cárcel de Quito por un caso de supuesta delincuencia organizada atada a una trama de corrupción, dimitió este lunes de su cargo. EFE/José Jácome/Archivo Foto: EFE

Se aclaró que los beneficios económicos debían venir de la empresa Nolimit C. A., la cual tenía una relación contractual con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20,3 millones, derivados de entregables adicionales del período 2017-2018. Al tener conocimiento de la cantidad adeudada, dijo Salazar, la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto a cancelar.

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Aunque no tiene muchas esperanzas de que se dé, Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, cree que lo correcto jurídicamente hablando es que se emita un sobreseimiento a favor del excontralor. Desde su perspectiva, la Fiscalía no presentó nada contra Pablo Celi, más allá de apreciaciones subjetivas de la fiscal Salazar, pues no hay un correo, un chat, una conversación, una reunión de Pablo Celi con el resto de procesados.

De haber un llamado a juicio contra el excontralor, Ron piensa que lo mínimo que el juez Córdova podría hacer es aceptar el pedido de sustituir la prisión preventiva que pesa sobre su cliente desde abril de 2021. El abogado fundamenta su pedido en que la prisión preventiva es de carácter excepcional y por un principio de igualdad, pues si se dice que Celi y Flores eran los cabecillas de la organización, por qué solo Flores tiene una medida sustitutiva a la prisión preventiva y no también Celi.

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Juez del caso Las Torres ingresa en fase de deliberación luego de ocho días de audiencia

El juez Felipe Córdova no solo deberá pronunciarse sobre si llama o no a juicio a los procesados en el caso Las Torres, sino que también tiene que resolver los pedidos de sustitución de la prisión preventiva hechos por las defensas de Pablo y Esteban Celi y de Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien también fue investigado en esta causa.

Qué es lo que va a decidir y cómo lo va a fundamentar el juez nacional Felipe Córdova es lo que le causa incertidumbre en Joan Paul Egred, defensa de los procesados Adolfo Agusto Briones y Andrés Luque. De lo que sí está claro es que, luego de escuchar la teoría y los elementos de la Fiscalía, respecto a sus dos clientes no se justificaría que sean llamados a juicio, pues no hay indicios suficientes y contundentes que los relacionen con un delito como la delincuencia organizada. (I)