El próximo 20 de octubre concluirá la etapa de instrucción fiscal en el caso Danubio, relacionado con tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en distintas instituciones públicas, donde existen ocho personas procesadas y más de un centenar de impulsos fiscales. La Fiscalía emitirá un dictamen acusatorio o abstentivo respecto a las personas investigadas durante esta etapa del proceso.

Lo reveló la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que, este 19 de agosto, reactivó las comparecencias de funcionarios públicos y un periodista respecto al caso Danubio.

Asamblea Nacional llama al secretario jurídico de la Presidencia por designación de directora del Senae

Los inconvenientes que se presentan en esta investigación política es la ausencia de los funcionarios llamados a comparecer. Para este viernes fueron convocados siete personas, de las cuáles solo dos se presentaron, lo cual fue condenado por los integrantes de la mesa.

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No asistieron la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), Carola Ríos; el almirante, Carlos Vallejo, ex subdirector del Senae; el Gral. Adain Luna Villavicencio, de la Policía Nacional. Los tres debían presentar información respecto al presunto delito de asociación ilícita que vincula a funcionarios del Senae y lo relacionado con el caso Danubio. De este grupo solo asistió el periodista, Andersson Boscán.

En el segundo grupo de comparecientes constaban: Aparicio Caicedo, asesor presidencial; Diana Salazar, Fiscal General del Estado; y, Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia. Solo asistió la Fiscal.

En la sesión del viernes, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), se excusó de participar en la sesión por un evidente conflicto de intereses en vista que el secretario de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, es uno de los investigados en el caso Danubio, no solo por el periodismo, sino también por la Fiscalía.

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Tres millones de dólares se ofrecieron por la Subdirección de Operaciones de Aduanas

La Fiscal Diana Salazar, reveló que el caso Danubio surgió por una denuncia presentada por la directora del Senae, Carola Ríos, cuando Juan José Aucancela, representante de la organización de campesinos e indígenas libres de la Sierra Central-Norte del Ecuador, que tomó contacto con la asesora de Ríos, y le ofrece $3 millones, a fin de incorporar al Senae en calidad de Subdirector General de Operaciones de la Aduana a una personas propuesta por él. Posteriormente envía a su teléfono la hoja de vida de Sergio Peña.

La asesora de Ríos, mantuvo una segunda reunión y graba la reunión con Juan Aucancela y Sergio Peña. En esa cita, Aucancela, pide ayuda para ingresar a dos personas más a la aduana, como directores distritales de Huaquillas y Esmeraldas y ofrece $1.5 millones por cada uno.

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En días posteriores se organiza otra reunión con Juan Aucancela y seis personas más. Luego contactan a la asesora Sergio Peña y Ronny Cabrera, quien menciona ser asistente de Marcos Reyes, y le requiere coordinar una reunión con delegados de los señores Pons y Chiriboga.

En todo este caso, la Fiscalía General desarrolló 428 diligencias y 114 impulsos fiscales, afirmó la fiscal ante la Comisión de Fiscalización. Entre las diligencias existen 41 actos urgentes como autorizaciones para intercepciones telefónicas, vigilancias y seguimientos y allanamientos; 45 versiones, incluidas las de los procesados; 40 reportes de documentación; 65 solicitudes de reportes telefónicos; 2 pericias, entre otras.

La Fiscal afirmó que el fin de la instrucción fiscal está previsto para el próximo 20 de octubre de 2022, salvo que exista nuevas vinculaciones, y por tanto, se extienda por 30 días más. A partir de allí, todas las personas motivo de la investigación y envueltas en esta trama que podrían ser objeto de vinculación, se podrá revelar mayores detalles.

Durante la comparecencia, el legislador Roberto Cuero (UNES), pidió a la Fiscal precisar que en esta investigación el ex consejero, Juan José Pons, en qué calidad está dentro del proceso. Salazar señaló: “el señor Juan José Pons y otras personas, se esta analizando la investigación, no puedo decir que se encuentra como sospechoso, porque los sospechosos son durante la fase de la investigación previa y los procesados son aquellas personas sobre quienes ya pesan cargos; son personas que se encuentran relacionadas con los hechos y que se están ejerciendo actividades investigativas para determinar su vinculación o no”.

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Reveló que Juan José Pons y su hijo Juan José Pons Cruz, fueron llamados a comparecer, pero que no lo hicieron en un primer llamado, pero que la Fiscalía insistirá.

Aclaró que respecto a Francisco Gottifredi y Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, socios del estudio jurídico Gottifredi- Pozo, y del asambleísta, Guido Chiriboga, todavía no han sido llamadas a rendir versión y de existir algún elemento que se desprenda de toda la investigación se actuará conforme a la ley.

Política roza con el narcotráfico

En la comparecencia el periodista, Anderson Boscan, del portal La Posta, aseguró que en el caso Danubio no se habla de corrupción política, sino de límites en donde se encuentran el narcotráfico y la política, y empezó mostrando fotografías de dos secretarios jurídicos de la Presidencia de la República:  Fabián Pozo, actual secretario del Gobierno de Guillermo Lasso, y de Alexis Mera, ex secretario jurídico del ex mandatario, Rafael Correa.

Describió que ambos mientras ejercían el cargo pertenecían a un bufete de abogados. Que en el caso de Alexis Mera, salía cada semana y meses informaciones en la prensa sobre un evidente conflicto de intereses, y cuando se trata de Fabián Pozo, algunos no quieren hacerlo, porque es amigo o porque es cercano al proyecto político.

El problema, añadió, es que Pozo no solo es socio de un despacho jurídico, sino que ha tenido influencias en el Gobierno relacionados a la aduana, “donde al final la política roza la frontera con el narcotráfico”.

Que en la aduana hay dos cargos importantes en aduanas: el Director General y el del Subdirector General de Operaciones; el primero, es la representación oficial y el otro es el poder dentro de los patios de la aduana. La directora manda en el organigrama, pero el subdirector de operaciones señala con el dedo los contenedores que deben pasar por aforo automático o aforo físico.

En su exposición, el periodista, sugirió preguntar a la directora del Senae, por qué nunca se han abierto los contenedores de los cuatro grandes grupos importadores del país: Eljuri, Ortiz, entre otros, pues todos sus contenedores pasan por aforo automático, eso es muy raro y muy peligroso; “eso significa que el Estado está confiando ciegamente en un sector privado que fácilmente se puede contaminar”, mencionó.

Habló que las investigaciones desarrolladas sobre el caso Danubio llevaron a descubrir que un grupo de empresarios centro americanos querían comprar el puesto de subdirector de operaciones del Senae, y ofrecieron $3 millones. Que esa información salió del ex presidente del Congreso, Juan José Pons, de unas grabaciones expuestas. Que según las escuchas, estaba todo listo para que Sergio Peña, se siente como Subdirector General de Operaciones, vinculado a Juan José Pons, y no de Carola Ríos. (I)