Carrera en el Consejo de Participación Ciudadana por integrar comisión ciudadana que elegirá al contralor del Estado

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podría acelerar el concurso público para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, en un contexto en el que las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional buscan mecanismos para avanzar en el juicio político a cuatro de los consejeros que conforman actualmente la mayoría.

Este 9 de mayo se cumplen tres meses de la presidencia de Hernán Ulloa en el CPCCS, en los que el concurso no ha pasado de la fase de admisibilidad en la revisión de las carpetas de 102 candidatos a integrar la comisión ciudadana que designará al contralor para los siguientes cinco años.

Pero la situación podría cambiar. Fuentes del Palacio de Gobierno informaron que días atrás se había llevado a cabo un encuentro reservado entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y los consejeros Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

En ella, el jefe de Estado les había ofrecido asignar los recursos económicos para llevar a cabo el concurso público, al igual que otros que están pendientes, como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), del titular de la Defensoría Pública y otros seis que no han pasado de la integración de veedurías ciudadanas.

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Ello, debido a la configuración de una mayoría en la Asamblea Nacional, en la que las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y varios independientes pretenden priorizar el juicio político a los cuatro vocales del Consejo.

El mecanismo que se analiza es retirar la interpelación política planteada por UNES a los miembros del Consejo de la Judicatura; y en el caso del juicio político a los vocales del CNE, la Comisión de Fiscalización analizaba no continuar, porque el organismo se declaró en periodo electoral para organizar los comicios seccionales y de elección de los nuevos vocales del CPCCS en febrero del 2023.

De acuerdo con el Código de la Democracia, durante el desarrollo de procesos electorales los miembros de la Función Electoral no pueden ser sometidos a juicios políticos o enjuiciados penalmente, con excepción en casos de violencia de género o intrafamiliar.

En todo caso, después de que Ulloa asumió la presidencia el 9 de febrero pasado con el respaldo de tres consejeros, se concentraron en reformar varios reglamentos de designación de autoridades y se reconfiguraron los equipos técnicos de apoyo integrados con funcionarios del CPCCS, que se encargan de revisar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes.

Por lo que hasta la fecha ninguno de los nueve concursos públicos cuenta con una comisión ciudadana conformada.

Para acelerar el proceso de selección del contralor, el 4 de mayo último se introdujo en el orden del día una moción para conocer un informe de nueve reconsideraciones solicitadas por los postulantes de la ciudadanía, de los que cuatro fueron aceptados.

La consejera Ibeth Estupiñán mocionó inadmitir a dos candidatas: Lida García Arias y María García García, con lo que el círculo de habilitados se cerró con 102 postulantes.

La siguiente fase es la calificación de méritos, de los que los 30 mejor puntuados sobre 50 puntos (15 hombres y 15 mujeres) entrarán a un sorteo público de los que saldrán los cinco comisionados principales y suplentes.

La importancia de las comisiones ciudadanas de selección se debe a las atribuciones que le dio la Constitución.

El artículo 209 de la Carta Política establece que estas instancias son las que efectúan el concurso público de oposición, méritos e impugnación ciudadana para elegir a las principales autoridades de control del Estado.

En tanto que la Ley del Consejo determina en su artículo 79 que luego de las etapas de selección, las comisiones remitirán un informe con los resultados para resolución del pleno del CPCCS, que deberá designar a quienes hayan obtenido la mayor puntuación.

Esto se hará con base en los informes de las comisiones que “son vinculantes” y los consejeros no podrán “alterar las valoraciones, ni el orden de los resultados, ni modificar las valoraciones de los postulantes”.

La comisión se integra por diez personas. Cinco representantes de la ciudadanía, que se postulen de forma individual o auspiciados por grupos de la sociedad civil; y cinco personas que provienen de delegaciones de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Judicial, Electoral, Legislativa y de Transparencia y Control Social.

Aunque en el caso de la Contraloría, la comisión está en etapa de conformación, los representantes de las funciones están casi resueltos al estar admitidos.

Desde la Presidencia de la República se escogió a Andrea Jiménez Cherres, abogada que se desempeñó en el área jurídica durante el gobierno de Rafael Correa en instituciones como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de la Administración Pública y actualmente labora en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

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El presidente Guillermo Lasso también escogió a Jhossueth Almeida Villacís, un activo militante del movimiento oficialista CREO.

Abogado, ha sido asesor jurídico en la Fundación Ecuador Libre que lidera el jefe de Estado; actualmente es director de Desarrollo Normativo y director de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. En periodos legislativos pasados fue asesor jurídico de asambleístas de CREO y candidato a legislador alterno por esa agrupación.

La Función Judicial delegó a Hugo Acuña Vizcaíno, secretario relator de los tribunales de justicia. Según su hoja de vida, en el periodo de Rafael Correa se desempeñó en el área jurídica en la extinta Secretaría Nacional del Agua (Senagua), del Ministerio de Vivienda y fue asesor de la desaparecida Comisión de la Verdad que se constituyó en el 2009.

Eugenia García Fernández fue ayudante judicial, secretaria relatora y también ejerció como directora de Patrocinio de la Contraloría.

La Asamblea Nacional escogió en su pleno a asesores legislativos de las bancadas Pachakutik (PK) y UNES que se dedican a actividades de comunicación y relaciones públicas.

Uno de ellos es Santiago Cadena, que lidera el portal de opinión Ecuador Today; fue asistente del asambleísta Fernando Cabascango y también de Patricia Sánchez (PK).

Mientras, Nary Galarza Escobar es asistente del asambleísta Fausto Jarrín (UNES). Según su hoja de vida, es creadora del portal digital IngobernablesEC; y exservidora del extinto Ministerio de la Gestión Política, creado en la gestión de Correa.

Por la Función Electoral se escogió a Maribel Baldeón Andrade, asesora jurídica del Consejo Electoral y también fue asesora del despacho del consejero José Cabrera. También está Jorge Benítez Sánchez, que consta como coordinador de asesoría jurídica del CNE.

Por la Función de Transparencia consta el abogado Juan Guaña Pilataxi, que labora en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y en años pasados asesoró a la Arcotel, al anterior Consejo de Regulación de Comunicación (Cordicom), la Agencia de Control Minero (Arcom), los ministerios de Minería y del Ambiente.

Se delegó a Lourdes Espinoza, cercana a Sofía Almeida. Sobre su designación, el pleno no ha resuelto aún solicitar una nueva delegada a la función, ya que tras el cambio de administración de Almeida a Ulloa, Espinoza fue desvinculada del Consejo de Participación.

Aunque estos funcionarios fueron admitidos por cumplir requisitos, deberán enfrentar la etapa de impugnación ciudadana junto con aquellos concursantes escogidos por la ciudadanía.

El CPCCS hará un último sorteo público para determinar la paridad de género, con la cual se definirá quiénes se principalizarán y quiénes serán los suplentes.

Concluidas estas etapas, el Consejo los posesionará e inmediatamente convocará oficialmente al concurso para designar por concurso público al nuevo titular de la Contraloría General del Estado, que actualmente tiene como su principal a Carlos Riofrío, quien se encuentra en funciones prorrogadas. (I)