Captación ilegal de dinero es una amenaza de riesgo ‘medio alto’ en el sector de microfinanzas en Ecuador, advierte la UAFE

La Unidad de Análisis Financiero y Económico catalogó a la captación ilegal de dinero como una amenaza en el sector de microfinanzas, determinándose el nivel de riesgo como “medio alto”. Lo considera vulnerable para el cometimiento del delito de lavado de activos en el país.

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Entre las amenazas identificadas en el sector de microfinanzas, según un informe realizado con el apoyo del Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentran las siguientes: la ubicación geográfica, la corrupción, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la captación ilegal de dinero, el robo de vehículos; el fraude, a través de esquemas piramidales; la trata de personas; los delitos ambientales, minería ilegal, pesca ilegal; tráfico de patrimonio natural; los préstamos extorsivos gota a gota, la usura, el contrabando y la evasión fiscal.

Un caso reciente de captación ilegal fue el de la plataforma Big Money, en la que el ahora fallecido Miguel Ángel Nazareno –militar en servicio pasivo, conocido como Don Naza– ofrecía una devolución del 90 % de interés en una semana a quienes entregaban su dinero. Cientos de personas, principalmente de Los Ríos, confiaron en ese sistema y fueron muchos los que resultaron perjudicados.

Respecto del delito de captación ilegal, el informe establece que el mayor número de causas se da en la provincia de Cañar (27 %), seguida de Pichincha (25 %) y Loja (9 %). Mientras que la usura predomina en las provincias de Azuay (25 %), Pichincha (12 %) y El Oro (10 %). El delito de estafa lo encabezan las provincias de Pichincha (17 %), Guayas (16 %) y Azuay (9 %). El documento concluye que estos datos permiten observar que estos delitos se concentran en el sur del Ecuador y en las provincias de mayor movimiento económico como son Pichincha y Guayas.

Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanza (Asomif), dice que además de la ubicación geográfica, la dolarización es otro factor que “facilita el interés por cometer actividades ilícitas en el país”.

Refiere que la mejor forma de prevenir estos riesgos es la formalización de los cientos de entidades del sector microfinanciero como cooperativas y el fortalecimiento del control, y destaca las últimas acciones realizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) para el control de cooperativas del sector 3, 4 y 5, que son las más vulnerables, con la designación de un oficial de cumplimento.

Margarita Hernández, superintendenta de la SEPS, cuenta que la institución que preside participó en el 2020 en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, para la que se realizó el informe de la UAFE y OEA como complemento.

Explica que la SEPS, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, ha implementado otras medidas específicas como el levantamiento de una metodología preventiva que toma en cuenta los factores de riesgo, como clientes, productos y/o servicios, canales de distribución o transaccional y jurisdicción; la expedición en enero de este año del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la SEPS, que crea la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos dentro de la Intendencia General Técnica, la cual inició sus labores el 1 de febrero de 2022.

Édgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), subraya que las amenazas señaladas existen no solo en el sector de las microfinanzas, sino en todos los ámbitos de la economía y en las actividades productivas.

Destaca que para el sector financiero popular y solidario se han emitido normativas que permiten a las organizaciones que componen este sector mitigar esas amenazas y manejar herramientas técnicas para identificar y reportar información para que los entes competentes actúen.

Menciona que considera que en el país los organismos de regulación y supervisión del sector cumplen su rol adecuadamente, pero dice que con el avance de la tecnología y nuevos mecanismos de lavado de activos, se requiere que la normativa sea revisada constantemente, para lo cual el sector debe estar presto a seguir implementando las disposiciones de los organismos reguladores.

Por su parte, Chanabá comenta que otros puntos por considerar que profundizan estos riesgos son la informalidad que existe en el empleo y el desempleo, que provocan la exclusión financiera de casi la mitad de la población financiera en edad de trabajar.

“Son más de seis millones de personas, nuestro país tiene los indicadores entre los más bajos de Latinoamérica de inclusión financiera, apenas nos supera Venezuela. Estas personas no tienen la oportunidad de tener una cuenta de ahorros, hacer depósitos o acceder a un crédito”, indica.

Explica que esto se debería a la falta de actualización de políticas públicas y regulaciones que han impedido que el sistema financiero brinde una cobertura más amplia de servicios y productos a los segmentos vulnerables.

“Estas personas están expuestas a sucumbir a cualquiera de estos ofrecimientos, las captaciones ilegales, el chulco, es una responsabilidad del Estado tener una política intensa de inclusión para ese grupo grande que está fuera”, apunta.

Peñaherrera coincide en que es importante que las personas se incluyan al sistema financiero formal, donde existen las normas adecuadas para mitigar estos y otros riesgos como las estafas por captaciones ilegales.

“Hay que seguir educándose financieramente, ahí hay un rol importante de las organizaciones para aportar a esa educación, un trabajo que es de todos”, dice.

En tanto, la UAFE indica que para combatir estos riesgos, el informe recomienda acciones como diseñar e implementar capacitaciones técnicas específicas dirigidas al sector microfinanzas o la revisión de las metodologías de supervisión aplicadas por los organismos de control.

La unidad subraya que el informe servirá de pauta para así implementar nuevas medidas. Actualmente trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) en el envío de reportes de operaciones inusuales e injustificadas, que pierden su condición de reserva cuando son enviados y pasan a ser tratados de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. (I)