Candidatos enfocan su discurso a las otras atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana frente a la posibilidad de perder la selección de autoridades

Aunque hay incertidumbre del futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) los discursos de algunos de los candidatos a ocupar una de las siete vocalías de este organismo, en las elecciones de febrero del 2023, se caracterizan por una defensa institucional e incluso hay un aire de resignación, de llevarse a cabo y de ser el caso, que gane la propuesta de referéndum de ocho preguntas, cuya esencia es quitarle su atribución de elegir autoridades de control del Estado.

Los 45 candidatos inscritos a ser vocal del CPCCS que se elegirán en los comicios seccionales vivirán el 5 de febrero un posible cambio en las ‘reglas del juego’, por las cuales se postularon: no ostentarán una de las principales atribuciones en el ejercicio de sus funciones, como es elegir a las principales autoridades estatales.

Aunque los escenarios están en construcción, está en manos de la Corte Constitucional (CC) calificar la constitucionalidad de una propuesta de referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución que propuso el presidente de la República, Guillermo Lasso, siendo la principal la reestructuración al CPCCS.

El Gobierno aspira a que su propuesta sea aprobada por los jueces constitucionales y que se someta a la voluntad popular antes o después de los comicios del 5 de febrero; aunque no se descarta que la papeleta se sume a las de la elección de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales y de los vocales del CPCCS del 5 de febrero del 2023.

La iniciativa propone modificar mediante una enmienda, el artículo 208 de la Constitución, en el que se establecen las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Son doce las responsabilidades que le otorgó el constituyente en el 2008, pero tras trece años de la existencia de este organismo, se propone quitarle tres. Esto es eliminar cuatro numerales del artículo 208: el 9, 10, 11 y 12.

El primero se refiere a organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales; el 10, designar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el presidente de la República.

El 11 se refiere a designar a las autoridades de la Fiscalía General, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública y Contraloría General del Estado. Y el 12, sobre designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura.

También se propone eliminar los artículos 209 y 210 de la Carta Política, sobre las cuales el CPCCS debía conformar comisiones ciudadanas para llevar a cabo los concursos públicos de oposición y méritos; y, el último a escoger como autoridades a quienes obtengan los mejores puntajes en dichos concursos.

Según Lasso estas competencias han dado como resultado que siete personas tomen decisiones con la mayoría de sus miembros, es decir, cuatro vocales, convirtiéndolo en un “órgano vulnerable por su diseño constitucional y representa un riesgo para la institucionalidad del país”.

Se critica al Consejo porque en sus trece años de existencia ha gastado $ 142 millones del presupuesto estatal, del que el 96,94 % se ha destinado en gastos administrativos, el 0,29 % en promoción de la participación ciudadana y el 0,0 % en lucha contra la corrupción.

Esto, pese a que estas dos últimas acciones se desarrollan en las ocho atribuciones que tiene el Consejo, siendo el primero promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; establecer mecanismos de rendición de cuentas de las entidades estatales, entre otros.

Es en estas últimas atribuciones que algunos de los candidatos concentrarán sus propuestas electorales para alcanzar la aceptación popular en las urnas, en tanto se define qué pasará con la propuesta de referéndum presidencial.

Pamela Troya es una de las postulantes y lamenta que el organismo sea conocido por los propósitos de quitarle la posibilidad de elegir a los altos funcionarios del Estado, mientras se deja de lado sus otras atribuciones como la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el Consejo de Participación Ciudadana se mira como un ‘desacierto’ la propuesta de enmienda constitucional para quitarle sus atribuciones

“La gente ubica al Consejo por los escándalos que hay detrás de la elección de autoridades. De manera particular no estoy interesada en esa atribución, pero si se mantiene esa atribución y la población me beneficia con su voto, trabajaré de la manera más transparente y coherente como ha sido mi vida. Mi gran propósito y de candidata es poder lograr el fortalecimiento de las demás funciones del Consejo. No me da ningún temor ni dejaría de ser consejera si la población me elige, porque no está esa facultad”, comentó.

A su criterio, este trabajo se realiza pasando cada cinco o cuatro años, en los que se cumplen los periodos de designación, por lo que le apostará a fortalecer las otras atribuciones.

Otro candidato es Óscar Ayerve, quien cuestiona la propuesta de enmienda constitucional, porque lo que haría es traspasar la elección de autoridades a la Asamblea Nacional que es “una institución eminentemente política”.

“Los asambleístas son electos con nombre y número de partido y movimiento y obedecen a directrices personales, partidistas y por lo tanto la elección de estos funcionarios será politizada. Se vio en el pasado y se verá con mayor fuerza en el futuro porque existen poderosos intereses en su entorno. Sin embargo, en lo particular a mí me interesa trabajar por las otras atribuciones que tiene la institución, como es la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana”, dijo Ayerve.

Él ejemplificó que con un trabajo centrado en la lucha contra la corrupción se evitará que vuelvan a ocurrir hechos como el del excontralor del Estado Carlos Pólit, involucrado en la trama de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

Piedad Cuarán buscará llegar al CPCCS y tiene una postura radical frente a la propuesta de referéndum.

“A cualquier propuesta del Gobierno y principalmente la que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana le digo: ¡no, no y no! De llegar a ser electa, mi objetivo será levantar la institución, que la han empañado, la han desvalorizado. Al Consejo hay que defenderlo. Hay que trabajar más en defensa de los derechos y promoción de la participación. Hay mucha tela por cortar y los ciudadanos deben decirle no al Gobierno, porque el Consejo es un derecho ganado con base en la lucha social”, manifestó.

El 5 de diciembre sería la fecha ‘tope’ para que Guillermo Lasso incluya su referéndum y consulta popular en votaciones de febrero

Francisco Bravo es actual consejero y busca la reelección y prefiere esperar que se levante el telón político.

Él ve “imposible” que la iniciativa de Lasso tenga la aprobación popular, debido al “desgaste y poca aceptación” que tiene el mandatario.

“No hay viso de que vaya a ver un triunfo. Pero de aprobarse lo que va a pasar es que las leyes rigen para el futuro, somos candidatos que nos hemos inscrito con las reglas del juego que las puso el CNE. Yo primero quiero ver los resultados de la consulta popular y ver lo que viene. En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana sigue trabajando y tengo la fe que esa consulta no va a pasar porque es regresiva en derechos de participación para los ecuatorianos”, enfatizó el consejero-candidato.

Su contrario en el CPCCS y también postulante a la reelección es Javier Dávalos que coincide en que la enmienda no avanza en promover derechos de participación y tampoco mejora la institucionalidad.

“La Asamblea Nacional funciona a través de intereses partidistas. Cuando ellos elegían a las autoridades de control se repartían entre los partidos políticos y eso impedía que se luche contra la corrupción. Si se aprueba esa enmienda tendríamos un retroceso en el diseño institucional y en cuanto a la lucha contra la corrupción”, dijo Dávalos.

No obstante, recuerda que el CPCCS no está limitada a esta tarea, sino también tiene otras atribuciones que pueden ser mejor abordadas.

“En el caso de no tener esa atribución, el Consejo debería concentrarse y dedicarse a otros esfuerzos como la lucha contra la corrupción y los mecanismos de participación ciudadana. Soy enfático en que somos una institución valiosa para la democracia, más allá de nombrar autoridades. Incluso me atrevería a decir que esas otras competencias son las más importantes, pero que por falta de recursos, de talento humano, tiempo y debido a las discusiones estériles entre los consejeros ha hecho que no podamos desarrollarlas”, añadió.

La candidata Mónica Argüello ahonda también que la razón de existir del Consejo es “potenciar la voz de la ciudadanía, no reemplazarla”.

Recuerda que cuando se implementó el mecanismo de elección de autoridades por concursos públicos se lo hizo pensando en la participación ciudadana, pero ahora “están siendo reemplazados por otros actores”; pero cree que se debe fomentar la transparencia y evitar poner requisitos burocráticos que entorpezcan la intervención ciudadana. “En lugar de minar las competencias, lo que debemos hacer es potenciar al Consejo. Necesitamos retomar el espíritu en el que el ciudadano es el protagonista. No podemos dejar que se pierda lo que es producto de un proceso histórico, esto es un producto de procesos de lucha de la gente. No estoy de acuerdo en eliminar la elección de autoridades al Consejo, pero sí debe potenciarse y no minarse sus atribuciones”.

Isabel Boboy es candidata inscrita por los pueblos, nacionalidades indígenas, montuvios, afroecuatorianos y ecuatorianos en el exterior y cree que hacer el referéndum en las mismas elecciones seccionales y las de ellos será contraproducente porque “va a generar confusión”.

Para ella, quitarle esa potestad será “regresar al pasado en el que vivíamos en el antiguo Congreso cuando se repartían las autoridades, lo positivo sería fortalecer a la institución y que sean los ciudadanos los actores protagonistas”. (I)