Álex Castillo será el nuevo fiscal a cargo del proceso penal que investiga el peculado que habría ocurrido en operaciones financieras de inversión con irregularidades que afectarían a fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Él remplazará al fiscal de la Unidad de Administración Pública n.º 2, Martín Navarrete.

El cambio de agente fiscal se dio inmediatamente luego de que el fiscal provincial de Pichincha Alberto Santillán, el 22 de febrero último, revocó el dictamen abstentivo emitido por Navarrete a favor del general (SP) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, y Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.

El fiscal Navarrete consideró que cabían en este caso los abstentivos a favor de Espinosa de los Monteros y Domínguez, pues no se enmarcaba dentro del tipo penal de peculado la conducta de ambos. Ante la oposición de los nuevos directivos del Isspol, los abstentivos pasaron a conocimiento del fiscal Santillán a inicios de febrero último, para que como superior analice la decisión de Navarrete.

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Con la revocatoria de los abstentivos, Castillo deberá presentar y sustentar un dictamen acusatorio no solo contra Espinosa de los Monteros y Domínguez, sino también contra los ocho restantes procesados en la causa, entre quienes está Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones.

En este caso se analiza un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

Además de Espinosa de los Monteros, Domínguez y Chérrez, el fiscal Castillo deberá también presentar su acusación contra el general (SP) David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y los empresarios Carlos Carbo Cox y Luis Álvarez.

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Desde mediados de diciembre pasado, en que se difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en este caso, aún no se ha vuelto a definir una nueva fecha para la diligencia. Para lo que sí hay fecha es para la audiencia de apelación a la orden de prisión preventiva que pesa sobre los empresarios Chérrez, Domínguez y Álvarez.

Aunque a Paúl Ocaña, abogado del exdirector del Isspol Espinosa de los Monteros, le causa asombro el corto tiempo que le tomó al fiscal Santillán leer un abultado expediente para revocar el abstentivo a favor de su cliente, el defensor considera que la Fiscalía no tiene los elementos necesarios para responsabilizar a Espinosa de los Monteros por el delito de peculado.

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“Existe un peritaje financiero-contable en el que se determina que el perjuicio que existe contra el Isspol es a partir de 2016, y mi representado fue director del 2013 al 2015, es decir, mucho tiempo antes al que se hace referencia en el expediente y la investigación”, anotó Ocaña.

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Desde el Isspol se ha reconocido el apoyo de la Fiscalía General para esclarecer lo que es calificado como un “atraco”, y en especial se destaca la atención y preocupación que ha dado la fiscal general Diana Salazar a este y a otros casos que son parte del megacaso de corrupción Isspol.

Entre la tarde y noche del miércoles último, agentes de Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional allanaron oficinas de la Superintendencia de Compañías ubicadas en Quito y Guayaquil. Fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realizaron la acción con la finalidad de obtener documentación relacionada con el portafolio de inversiones del Isspol.

No se han dado mayores detalles de los allanamientos que se dieron de forma simultánea, pues son parte de una investigación previa por el delito de peculado. (I)

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