El 93 % de los ecuatorianos cree que la corrupción es un problema grande y muy grande en el país, según el Barómetro de la Corrupción 2022, estudio elaborado por Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto con Transparencia Internacional, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, y que se presentó este 31 de enero.

El reporte se efectuó en el país por primera vez y “pretende presentar datos objetivos y actualizados para el análisis de este fenómeno en Ecuador, pero por sobre todo para el desarrollo de políticas públicas que permitan la construcción de un ecosistema anticorrupción eficiente y oportuno”, indicaron los encargados de la investigación.

La encuesta se aplicó a 1.500 personas de Costa, Sierra y Oriente, entre julio y agosto del 2022. Estuvo a cargo de la empresa Ipsos.

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El documento menciona que la corrupción afecta la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y por ello la desconfianza en el Gobierno coincide con el porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un gran problema en el país.

El 73 % sostiene que la corrupción aumentó en el país en los últimos doce meses, mientras que muy pocas personas, el 7 %, opinan que la corrupción disminuyó en el mismo periodo de tiempo.

El reporte indica que gracias a investigaciones periodísticas, denuncias de activistas y/o procesos de fiscalización política, la ciudadanía ha podido conocer casos de corrupción relacionados tanto con el Gobierno central (funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social) como de varios Gobiernos autónomos descentralizados.

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A la ciudadanía le cuesta identificar acciones y resultados concretos en la lucha contra la corrupción de parte del régimen, indica el documento: tres de cada cuatro personas opinan que el Gobierno actual está haciendo un mal trabajo en el abordaje de ese problema.

Para los encuestados, las instituciones más corruptas son los partidos políticos, con el 65 %; asambleístas, 63 %; jueces y magistrados, 58 %; el presidente y los funcionarios de su despacho, 58 %; banqueros, 57 %; funcionarios del Gobierno y ministros, 57 %; representantes de gobiernos locales, 55 %; Policía Nacional, 44 %; empresarios, 44 %; oenegés, 35 %; periodistas, 35 %; y líderes religiosos, 34 %. Los militares son los que tienen una mejor puntuación: 30 %.

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El informe plantea siete recomendaciones para mejorar el combate a la corrupción:

1. Transparencia del financiamiento político e integridad político-electoral.

2. Políticas públicas con un enfoque de transparencia, participación, integridad e innovación colaborativa para lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración de lo público y aumentar la credibilidad en los gobernantes.

3. Desarrollar políticas de prevención y combate a la corrupción con un enfoque de género que incluya mecanismos seguros de denuncia.

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4. Que el Estado promueva canales ágiles, sencillos y anónimos de denuncia de la corrupción, con especial énfasis en aquellas regiones del país en las que el uso de sobornos y contactos para acceder a servicios básicos se encuentra normalizado.

5. Servicios públicos eficientes e íntegros.

6. Regular los conflictos de intereses.

7. Potenciar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. (I)