El 22 de octubre pasado, el Banco Central del Ecuador (BCE) remitió un informe técnico al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Procuraduría General del Estado recomendando que el Estado ecuatoriano valore la pertinencia de continuar siendo parte del tratado constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

Lo reveló Guillermo Avellán, gerente del BCE, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que pretende identificar la sostenibilidad del sistema de compensación Sucre, sobre los resultados para los cinco países de la alianza bolivariana y en particular para el Ecuador.

El funcionario explicó que, en su informe, el BCE determinó que no hay operaciones a través del Sucre y que se demuestran dificultades y problemas que está afrontando el sistema, pues en el 2020 y 2021 el número de operaciones prácticamente desapareció.

El tratado se suscribió en octubre del 2009, entre los estados de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela; la Asamblea Nacional lo ratificó el 1 de junio de 2010 y el 23 de agosto se publicó en el Registro Oficial local.

El objetivo era impulsar el comercio, la reducción de costos de transferencias y sin la necesidad de disponer de divisas como el dólar estadounidense para el pago de las operaciones de comercio exterior en la región latinoamericana.

Avellán informó que desde el 2010 hasta el 2017 Ecuador aportó al sistema $ 2′309.736,54 de la Cuenta Única del Tesoro, pero que a raíz del 2018 se suspendieron las contribuciones anuales para el funcionamiento del Consejo Monetario Regional (CMR), debido a la falta de entrega de información.

El funcionario explicó que el sistema inicialmente pretendía que se puedan llevar a cabo operaciones de comercio exterior utilizando moneda local. En el caso del Ecuador, debido a que no tiene moneda local, tenía que hacer sus transferencias con dólares y las transacciones las acreditaba el BCE, de acuerdo con las solicitudes que realizaban sus exportadores e importadores.

Respecto a las exportaciones del Ecuador a través del Sucre da cuenta de que se concentraron principalmente hacia Venezuela con un 99 %, por monto total de $ 2.697,51 millones; y respecto a las importaciones entre el periodo octubre del 2010 hasta el 2015 suman un total de $ 143,31 millones, en el cual la participación de Venezuela es el 82,3 %.

Avellán afirmó que las operaciones con Venezuela vía transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención, añadió, porque estas transacciones que se ejecutaron a través del SUCRE deberían ser iguales o menores a las que se reportaron a las exportaciones no petroleras que se registraron a través del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

En cambio, en el 2013, las transacciones a través del Sucre llegaron a un monto de $ 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron en el Senae se ubicaron en $ 461,4 millones.

Debido a estas inconsistencias, dijo Avellán, el directorio del Central aprobó la regulación 044, el 26 de julio de 2013, en la que se solicita que antes de acreditar los recursos al beneficiario final de la operación la institución financiera deberá exigir al exportar el número de la declaración aduanera correspondiente y consultar que esta conste con el estado regularizado.

El funcionario indicó que en octubre del 2019, en Caracas sin la presencia de los representantes de Ecuador, resolvieron someter al Sucre a una pausa administrativa, debido a limitaciones.

Que desde el 2018 el BCE ha insistido en la entrega de información de las operaciones monetarias del Sucre, en especial de aquellas relacionadas con el fideicomiso, sin tener respuesta, pero luego ante la insistencia, el Consejo Monetario Regional (CMR) presentó un informe de la situación en julio del 2021.

En el informe, reveló Avellán, se detallan las dificultades del sistema y se recomienda considerar, entre otras, la viabilidad política, económica y operativa del Sucre.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, con la exposición de Avellán, queda claro que al ser un sistema que permitía las exportaciones e importaciones utilizando las monedas locales, se aprovecharon de la única moneda local fuerte que es el dólar, para generar un sistema de lavado, porque las exportaciones con Venezuela representaron el 99 %.

Además dijo que de la información preliminar que posee la Comisión más de 80 % de las exportaciones con Venezuela son sobrevaloradas y ficticias, y en ese contexto aparece, añadió, la empresa Fondo Global de Construcción (Fonglocons), que involucra a los ciudadanos Álvaro Pulido Vargas, Luis Eduardo Sánchez Yánez. En cuyas operaciones también consta Alex Saab Morán.

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Dijo Villavicencio que, según el Senae, la empresa Fonglocons exportó $ 296 millones, de los cuales pagó $ 2,2 millones por impuesto de salida de divisas. Esa compañía firmó varios contratos con empresas locales para exportar materiales de construcción a Venezuela, y una de ellas fue Electrocables, y gran parte de esos materiales nunca llegaron a Venezuela.

Acciones del BCE

Guillermo Avellán, ante la Comisión de Fiscalización, dijo que el Banco Central en el 2019 preparó un informe técnico en junio de ese año, en atención a un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual informó también al Ministerio de Economía y Finanzas, y recomendó a las autoridades competentes que desde las instancias decisivas, ante los elementos y limitaciones presentados, se establezca la pertinencia de continuar siendo parte del Tratado Consultivo del Sucre.

Durante la administración actual se realizó una nueva solicitud por parte del BCE en la reunión del CMR en agosto del 2021, para que informe sobre la situación actual del Fondo de Reserva y Convergencia Comercial (FRCC), pero hasta el momento no se ha recibido un informe.

Frente a ello, la actual administración del BCE preparó un informe técnico el 22 de octubre de 2021, que fue remitido al Ministerio de Economía y a la Procuraduría General del Estado, detallando la situación del SUCRE. En dicho informe, se recomienda que el Estado ecuatoriano valore la pertinencia de continuar siendo parte del Tratado Constitutivo del Sucre, y de ser necesario se tomen las acciones legales pertinentes.

El funcionario anunció que en los próximos días entregará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el número de empresas ecuatorianas y los montos, según el Servicio de Aduanas, que corresponden a exportaciones ficticias o sobrevaloradas y registradas por el BCE.

Igualmente, se comprometió con la Comisión de control político a presentar los nombres de los funcionarios del BCE que participaron desde la fecha en que se habilitó el mecanismo de compensación Sucre.

Pero sobre el destino de los $ 56 millones que se liberaron tras un fallo judicial solo lo podrá hacer vía judicial, conforme lo dispone el artículo 242 del Código Monetario y Financiero, acerca de la entrega de información, así como todas las transacciones a través del Sucre sobre exportaciones e importaciones entre Ecuador y Venezuela.

Villavicencio refutó al funcionario y aseguró que esa información la tiene la Comisión de Fiscalización, en la que se indica que esas transferencias fueron a bancos en Miami, Estados Unidos, en tres cuentas offshore.

En la sesión de la comisión de este 4 de noviembre, la mesa resolvió llamar a comparecer a Gerardo Reyes, Luis Eduardo Sánchez Yánez, Patricio Andrade, Carlos Marx Carrasco y Johny Estupiñán. (I)