Avanza instrucción fiscal por delincuencia organizada contra Jorge Guamán y otros; este viernes él renunciará al cargo de prefecto de Cotopaxi

Seis de los diez procesados por el delito de delincuencia organizada, causa en la que es investigado el actual prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, están a la espera de que se realice la audiencia de apelación al auto de prisión preventiva que recibieron el 29 de julio pasado.

Esta diligencia estaba dispuesta para darse en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi la tarde del martes último, pero no pudo instalarse porque primero existió la excusa del juez provincial José Luis Segovia, ponente del Tribunal que había conocido una acción de habeas corpus relacionada a varios de los apelantes, y luego de forma oral se excusó de ser parte de la sala el juez Santiago Zumba.

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Un día después, el juez que quedaba en el Tribunal de Apelación, José Fernando Tinajero, también se excusó y se apartó del conocimiento de la causa. Según una providencia del 14 de septiembre pasado, Tinajero también conoció acciones de habeas corpus presentadas por dos de los procesados en esta causa. Ante esta situación se debe volver a sortear nuevos jueces que integren un tribunal para que conozcan la apelación.

Hasta el momento han transcurrido 49 días de los 90 que se definieron sean parte de la instrucción fiscal abierta ante una denuncia sobre que en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, operaba una organización delictiva que aprovechaba a funcionarios en diversos cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia, con la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, previamente a un acuerdo con personas relacionadas a esas empresas a través de la entrega de dinero u otro mecanismos de beneficio.

El prefecto Guamán y Margoth T. recibieron las medidas de presentación periódica todos los viernes en la Fiscalía de Cotopaxi, prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. A inicios de agosto pasado el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) notificó al juez del caso que ya existían los dispositivos de vigilancia para ser colocados a los dos procesados.

Pablo V., José N., Diego S., Carlos V., Paúl S. y César C., quienes apelaron la medida cautelar, y Pablo A. y José H. recibieron orden de prisión preventiva y permanecen en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, ubicado en Latacunga.

Para las medidas alternativas de Guamán y Margoth T. se tomó en cuenta que se trataba de dos miembros de comunidades indígenas. El artículo 10, numerales uno y dos, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales y deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento.

Guamán es precandidato a la alcaldía de Latacunga por el movimiento Pachakutik y se conoce que este viernes 16 de septiembre él renuncie formalmente al cargo de prefecto e inmediatamente inscribirá su candidatura a alcalde en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. La renuncia de Guamán a la prefectura es el tercer punto del orden de la sesión que se instalará a las 15:00 en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi.

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La Fiscalía sostiene en su teoría del caso que Guamán ejercía la dirección y mando de la organización, es decir, era el encargado de disponer y aprobar todas las acciones ejecutadas por su colaborador directo Pablo V., quien era el encargado de ejecutar las disposiciones junto al resto de procesados.

Jorge Guamán ha rechazado que se diga que es la cabeza de esta organización. Pese a que ha reconocido que podría haber existido algún inconveniente administrativo, asegura que él jamás se ha organizado ni ha organizado a gente para actuar delictivamente.

Las detenciones de los nueve hombres y una mujer se dieron dentro de la Operación Depuración 1, que se realizó el jueves 28 de julio pasado y abarcó a varias viviendas y la sede del Gobierno autónomo descentralizado de Cotopaxi o Prefectura de Cotopaxi. (I)