Audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Torres está definida para el 23 de noviembre próximo

Por tercera ocasión, dentro del caso Las Torres, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se vuelve a definir una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada en el que se procesa al excontralor Pablo Celi y once personas más. La diligencia fue dispuesta para el próximo martes 23 de noviembre, a las 09:00.

Inicialmente en este caso fueron investigadas quince personas, pero luego de la muerte en la cárcel de José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República; de que la fiscal general, Diana Salazar, emitió un dictamen no acusatorio contra Elsie Cueva y Marco Flores, y retiró el pedido de procedimiento abreviado para Esteban Celi, hermano del excontralor, la audiencia preparatoria de juicio solo se dará en contra de doce personas.

El 20 % de una factura de $ 20,3 millones era el beneficio que buscaba la ‘organización delictiva’ en caso Las Torres, sostiene Fiscalía

Según Salazar, el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa Nolimit C. A., por $ 20,3 millones, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que habrían ejercido el liderazgo el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, el excontralor Pablo Celi y el ahora fallecido exsecretario José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.

La fiscal señaló el 21 de septiembre pasado, durante la audiencia en la que se negó el primer procedimiento abreviado solicitado para Esteban Celi, que entre 2017 y 2020 en Quito se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General (CGE) y la secretaría de la Presidencia de la República.

Todos ellos, explicó, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco habrían planificado obtener beneficios económicos como finalidad de su organización, a través de varios colaboradores entre funcionarios públicos y privados, coordinando, gestionando y planificando la comisión de delitos con penas mayores a cinco años.

La Fiscalía ve como colaboradores de la estructura a Natalia Cárdenas, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera, estos dos últimos sentenciados en Estados Unidos por estos mismos hechos, mas no son procesados en el caso ecuatoriano; el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana; Martha Barrezueta, esposa de Barrera; Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de Presidencia Roy Calero, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

Marcelo Ron y Pablo Encalada, abogados de Pablo Celi y Pablo Flores, respectivamente, sostienen que la Fiscalía no posee pruebas concretas que dejen ver una participación de sus defendidos en la delincuencia organizada que ha investigado por 120 días.

Para Encalada, lo que la Fiscalía tiene en contra de Flores son simplemente los dichos de personas como Raúl De la Torre, de quien dijo es una persona que ya ha sido condenada en Estados Unidos por delitos confesados y que se tomó no solo el nombre de su cliente, sino el de otras personas más para pedir dinero y cometer ilegalidades.

Ron, en cambio, es claro en decir que cada persona debe responder por los actos que haya cometido y que Pablo Celi, afirma, no puede responder por lo que haya hecho su hermano Esteban.

La audiencia estará dividida en dos etapas. En la primera se escuchará a los abogados de los acusados que crean que existen vicios durante la etapa de instrucción fiscal que podrían afectar todo lo actuado por la Fiscalía hasta el momento. En ese punto la Fiscalía, así como la Procuraduría General del Estado y Petroecuador tendrán la oportunidad de contradecir esos argumentos.

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Si el juez titular del caso, Felipe Córdova, declara como procedentes los vicios, el caso deberá volver hasta el punto en que se definió que existió la vulneración, pero de lo contrario, si no se aceptan los argumentos con los vicios, el juez definirá la validez de todo lo actuado y se pasará a la fase en la que se escuchará la acusación fiscal y cuáles son los elementos con que cuenta Diana Salazar para pedir que se llame a juicio a todos los procesados.

Debido a la cantidad de procesados e información que se evaluará en la diligencia, no solo se espera que la audiencia, que se dará de forma presencial y por vía telemática en la Corte Nacional, dure varios días, sino que también el juez tome un tiempo prudencial para analizar la decisión de si llama o no a juicio a todos o emite algún sobreseimiento por falta de elementos de convicción. (I)