La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) presentó una acción de protección con medidas cautelares ante la supuesta vulneración de derechos que ha causado el Consejo de la Judicatura (CJ) por la solicitud de información de visas de turista a los jueces del país.

A inicios de enero, después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer que había “revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial”, el CJ tomó acciones para conocer quiénes son los funcionarios judiciales que hacen parte de esa lista.

Consejo de la Judicatura adopta acciones ante el anuncio de que Estados Unidos ‘revocó visas’ a jueces ecuatorianos

Entre ellas, el CJ solicitó colaboración al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos para el intercambio de información en cooperación mutua, con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos o siguen en sus funciones.

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Además, con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requirió a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas a EE. UU. han sido revocadas.

Paúl Ocaña, abogado patrocinador de la demanda de la Aemaj, critica que se hable de supuestos actos de corrupción, de posibles jueces corruptos a los que se los debe destituir, sin tener la información completa ni haberse iniciado un debido proceso en lo judicial y administrativo que revele legalmente que, en efecto, ha existido un acto de corrupción de por medio.

Por ello dice que la acción de protección busca que se determine que en este caso se han violentado derechos, como independencia judicial, seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa y, sobre todo, el principio de inocencia. Según Ocaña, hasta donde conoce, entre los jueces que hacen la Aemaj no hay casos del retiro de visas.

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“Solicitamos que cesen de manera inmediata estas declaraciones que hace el CJ indicando que posiblemente hay jueces corruptos, toda vez que no se ha iniciado el debido proceso para llegar a una resolución contra juzgadores”, explicó Ocaña, quien dijo que se pide además que en sentencia se ordenen disculpas públicas de los integrantes del CJ, que la resolución se difunda en la página web de esta institución y que se suspendan los términos y los plazos que dio a los jueces para informar al CJ sobre dichas visas.

El CJ ha indicado que continuará ejerciendo sus competencias, como lo ha hecho desde 2019, implementando políticas y acciones enmarcadas en su primer eje de gestión: lucha contra la corrupción, mediante la cual, como parte del control disciplinario, se ha destituido a 240 servidores judiciales: 75 jueces, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 servidores administrativos; y se expidieron 177 sanciones de suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

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Revocatoria de visas: la Embajada de Estados Unidos afirma que continuará revisando las visas otorgadas y las solicitudes realizadas

“Se da este tipo de hechos con el fin de determinar que hay una lucha contra la corrupción en el Estado, cuando esa no es la forma ni la manera. Para eso existen los procesos investigativos que lleva Fiscalía y existen los sumarios disciplinarios que lleva el mismo CJ. Entonces, si es que existiera un acto de corrupción por cualquier persona, juez o fiscal, se debe iniciar un proceso investigativo, mas no ya lanzar la noticia a la sociedad de que porque están luchando contra la corrupción van a ser destituidos. Es una cosa inusual que violenta el debido proceso”, indicó Ocaña, quien aclara que los jueces no tienen temor a que se investigue ni a entregar información. (I)