La Asamblea Nacional, este 11 de enero, tramitó en primer debate el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes.

Fueron veinte legisladores los que intervinieron en el debate, que se centró en cuestionar al Ejecutivo por no remitir un proyecto de ley sobre esta materia, como lo dispuso la Corte Constitucional; establecer multas a los ciudadanos y negocios que no observen las disposiciones de las autoridades para frenar contagios y las atribuciones que tendrán los comités de operaciones provinciales y el nacional.

El proyecto busca establecer las disposiciones para la gestión de la pandemia del COVID-19 y sus variantes, en las que se garantice el derecho a la vida y a la salud, regulando las limitaciones del tránsito y reunión e inviolabilidad de domicilio.

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A casi dos años de pandemia Asamblea Nacional debate ley para gestión de la emergencia sanitaria

Fija sanciones por incumplimientos sobre aforos en centros comerciales, locales comerciales, supermercados, restaurantes y demás actividades comerciales, por las que se establecen multas de dos salarios básicos por primera vez y hasta la clausura del establecimiento.

Las sanciones referentes a reuniones y aglomeraciones se aplicarán a los asistentes a los eventos, que van desde trabajo comunitario de limpieza del espacio público hasta una multa de tres salarios básicos unificados.

Jhon Vinueza, de Unión Ecuatoriana, manifestó que el proyecto de discusión está poniendo el peso y la culpa de la pandemia en el ciudadano, pues las estadísticas determinan que las olas de contagios se dan luego de feriados y eventos masivos. “¿Y quiénes dictan los feriados?”, preguntó; por lo tanto, dijo que la respuesta no está en castigar a los ciudadanos, sino en ser claro con el ciudadano. Por lo que planteó que se eliminen las multas.

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Marcela Holguín (UNES) cuestionó que en el proyecto se incluyan multas, cuando las personas no tienen recursos para alimentarse y comprar las medicinas; es un proyecto que no entiende la magnitud de lo que el país enfrenta por la pandemia.

La correísta por Pichincha dijo que el país necesita de una institución que actúe de manera oportuna, pero no solo en los casos de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y sus variantes, sino también para otro tipo de emergencias, que aún no se sabe lo que vendrá.

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Esteban Torres, coordinador del PSC, advirtió que este proyecto de ley que nació desde la Asamblea Nacional y no desde el Ejecutivo, como lo estableció la Corte Constitucional, podría ser declarado en lo posterior como inconstitucional. También invitó a revisar toda la sentencia de la Corte para evitar extralimitaciones legislativas respecto a una ley de pandemias. Dijo que está mal planteado el artículo uno del proyecto.

Observó que el Ministerio de Salud no está publicando las cifras de los contagios en la web, y que en el proyecto se esté dando la atribución a esa secretaría para la fijación de las zonas de emergencia. También dijo que se está dando poder excesivo al Comité de Operaciones de Emergencia nacional y provinciales.

El legislador Rafael Lucero (PK) comentó que es importante este proyecto para evitar el abuso de los estados de excepción; defendió que en el texto se propongan multas para quienes no observen las medidas tomadas para controlar contagios; son necesarias las multas, porque “hay que reconocer que los ecuatorianos somos malacostumbrados”.

Xavier Santos, de la ID, manifestó que en la ley se tienen que regular las atribuciones del COE nacional, y manifestó que no se puede delegar la responsabilidad de la presidencia del COE nacional a una institución que es encargada de monitorear cámaras, como lo es el ECU-911.

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A criterio del asambleísta Santos, el primer mandatario jamás debió delegar la presidencia del COE nacional, pues él es el responsable de manejar la emergencia pública e incluso debió delegar al vicepresidente de la República. (I)