El asambleísta Mariano Curicama (Minga-BAN) enfrenta un juicio penal por el delito de concusión (cobro de diezmos) a empleados y trabajadores a contrato mientras ejerció la prefectura de Chimborazo, cuyo monto superaría el millón de dólares, según los denunciantes.

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En esta semana, Curicama Guamán pidió licencia en la Comisión de Soberanía Alimentaria que preside y la sesión fue encargada a la vicepresidenta Lucía Placencia (ID). El legislador tuvo que asistir el 8 de junio pasado a la instalación de la audiencia de juicio en la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Chimborazo.

La audiencia de juzgamiento se instaló el 8 de junio en Riobamba, provincia de Chimborazo, y al día siguiente la Fiscalía inició la presentación de su prueba testimonial en la que debían incluirse las versiones de Ángel Herrera y Wilson Velasteguí, como testigos solicitados por la Fiscalía, que hasta el viernes no concluía la presentación de pruebas.

A más de Mariano Curicama, también están procesados por el delito de concusión la exviceprefecta Tránsito Lluco y la extesorera de la Prefectura Ana Castro.

La audiencia instalada el pasado martes aún no concluye, afirmó el abogado del procesado, Ángel Velasteguí, quien reveló que son 82 testigos, y que el proceso de juzgamiento avanza lentamente debido a que el presidente del tribunal penal decidió que se trabajarían cuatro horas diarias en este caso. A más de los testigos existe la prueba documental y pericial.

Velasteguí indicó que con suerte la audiencia de juzgamiento se estaría terminando entre el miércoles y jueves próximos, y aclaró que su defendido no posee grillete electrónico como se sugirió por parte del presidente del tribunal penal y el presidente de la Corte Provincial de Justicia; sin embargo, en la primera ocasión el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) certificó que no había dispositivos electrónicos y en la segunda ocasión se presentaron, pero no hubo atención. Consideró que la colocación de un grillete, como una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva, ya no tiene objeto porque el procesado está compareciendo ante el juez.

Denuncia

Mariano Curicama fue prefecto de Chimborazo del 2005 al 2019, antes de inscribir su candidatura para asambleísta por esa provincia por el movimiento provincial Minga.

La denuncia en contra de Curicama ante la Fiscalía la presentó la Asociación de Jubilados de la Prefectura de Chimborazo, asegura Carlos Moyota, miembro de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo, que acompañan a los denunciantes en el proceso.

Moyota afirma que el gremio de los jubilados tenía las pruebas sobre los descuentos que se hicieron a los trabajadores y empleados a contrato que prestaron sus servicios mientras el acusado representó a la provincia en la Prefectura. La modalidad era que se descontaba del sueldo un valor determinado a los trabajadores, lo que se conoce como diezmos.

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La Fiscalía hizo la formulación de cargos, llamó a juicio a tres personas incluido Curicama, porque existen todos los elementos de convicción, afirmó Moyota, debido a que en un momento determinado se cobraron diezmos a quienes hoy son jubilados y se está hablando de mucha plata que iba a cuentas particulares de gente ligada al exprefecto y actual asambleísta.

En la audiencia de juicio, según Moyota, los jubilados se ratificaron en su denuncia e incluso dijo que existe un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal sobre este tema en contra de representante de Chimborazo.

Curicama, asambleísta por el movimiento Minga, integra el bloque gobiernista Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y preside la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

Al ser consultado sobre los resultados de la audiencia de juicio, manifestó que el proceso está en manos de las autoridades judiciales y sus abogados, y que aún continuarán las audiencias en este caso.

Dijo que la próxima semana se incorporará a la Comisión de Soberanía, donde se tendrá que definir una agenda de trabajo. Adelantó que habrá legislación a favor de los pescadores, arroceros, lecheros y productores de banano. (I)