El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificó la queja que presentó la asambleísta Mónica Palacios Zambrano (UNES) en contra del legislador Diego Ordóñez Guerrero (CREO), por “agresión de palabra y evidente misoginia”, al emitir un comentario por redes sociales en referencia a la parlamentaria.

El 4 de noviembre, al responder un tuit del portal 4 Pelagatos, referente a que “Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a Lasso. La Súper de Bancos de Panamá la desmiente. Y ahora esa comisión no sabe qué poner en su informe”, Ordóñez posteó: “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”.

Lo actuado por Ordóñez, asegura la denunciante, le ha causado un grave daño o sufrimiento psicológico ante la exposición a un peligro o amenaza originada en el comportamiento misógino y machista del ciudadano contra el cual presenta la queja, que afecta la convivencia pacífica de los asambleístas y la de quienes concurren o laboran en la Asamblea Nacional, esto es, conductas inapropiadas constitutivas de faltas graves y muy graves.

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Palacios presentó el pedido al CAL en contra de Ordóñez por haber incurrido en una falta grave o muy grave tipificada en el numeral 1 del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionada con agresión de palabra a una asambleísta dentro o fuera del recinto parlamentario.

Ese organismo parlamentario deberá dar curso a una investigación en la que conozca la versión de la legisladora que se considera afectada y el acusado, luego implementar una sanción.

Palacios en su queja pide que Ordóñez, por su inadecuado comportamiento y forma de actuar, evidentemente misógina y machista, sea sancionado con el máximo de la pena que el ordenamiento disciplinario permite, se disponga que se le ofrezcan disculpas públicas y se le conmine a no repetir en el futuro hechos como los que motivan esta queja en respeto a la majestad de la Función Legislativa.

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En el escrito, Palacios describe que a través de diversos medios de comunicación, con motivo del escándalo internacional desatado por los denominados Pandora Papers, precedió a efectuar un proceso de investigación y entrega de documentos en la Asamblea Nacional, así como entrevistas, lo cual ocasionó diversas reacciones y unas fueron ataques a su honra y dignidad en medios escritos y redes sociales.

Que el 4 de noviembre de 2021, Diego Ordóñez, en su cuenta de Twitter, se manifestó sobre su persona. Lo publicado no corresponde a algo tolerable en una sociedad democrática, asegura.

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Respecto de dicho comentario, señala el expediente, no puede expresarse de otra manera más que destila odio, revanchismo político, refleja una total misoginia, un brutal machismo, con un irrespeto total de género, pretendió ofenderla en su calidad de mujer, y demuestra unas ansias marcadas de erigirse aquel ciudadano en un ser referente seudomoralista.

Pero también incluye en el escrito que Diego Ordóñez, representante de Pichincha, el 5 de noviembre en la sesión de la Comisión de Régimen Económico solicitó disculpas públicas al bloque UNES. Luego el legislador retiró el comentario de la red social.

En la sesión del pleno del pasado lunes, en la que se debatió una resolución sobre la violencia de género, Ordóñez dijo llevar tiempo como gestor de la opinión pública y que en sus escritos y columnas, está la constancia de que es un igualitarista y defensor de la igualdad entre todos los géneros y que respeta la dignidad humana.

“Ese testimonio me da suficientes credenciales para levantar la voz, defenderme y rechazar las expresiones de algunas asambleístas”, apuntó y rechazó la acusación de Palacios a la que calificó de “injuriosa”.

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Aseguró que su tuit no tuvo como fin ofender ni insultar a la asambleísta y que “el tubo” al que hizo referencia es un deporte.

El asambleísta hizo énfasis en que es responsable de lo que escribe, más no de que puedan entender quienes lo lean. Añadió que es necesario marcar una línea entre lo que es la violencia y las valoraciones políticas.

“Estamos en el escenario en que no podemos decir absolutamente nada, no podemos hacer un cuestionamiento, porque a partir de eso podría establecerse eso como un acto de violencia de género”, lamentó.

Según Palacios, la forma de actuar de su colega irrespeta los deberes como legislador, establecidos en el numeral 12 del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se encuentra incursa en lo establecido en los artículos 170.1 y 171.4 de la LOFL, y 5.1 y 6.4 del reglamento para el trámite de faltas administrativas en las que puedan incurrir los asambleístas y su sanción.

Según el procedimiento, una vez calificada la queja se notificará al asambleísta contra quien se ha dirigido para que proceda a contestar en el plazo de tres días, quien podrá solicitar ser escuchado ante el CAL. La solicitante también intervendrá en la sesión. Con la contestación emitirá una resolución en la que concluirá si se ha incurrido en la falta e impondrá una sanción. No existe plazo para que se presente la resolución. (I)