Al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, no le preocupa que los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo planteen una denuncia penal en su contra, por incumplir una decisión de autoridad competente al convocar al pleno legislativo para posesionar a nuevos integrantes de ese organismo.

“Me tiene sin cuidado, no es factible que la ignorancia de la ley, una acción de incumplimiento no cabe dentro de una medida cautelar como lo señala la Corte Constitucional”, subrayó Saquicela, quien dijo que si se presenta la denuncia ante la Fiscalía, estará listo para defender el respeto a la ley, Constitución y a la separación de poderes.

Insistió en que no hay vuelta atrás jurídica, moral y legalmente hablando, y si se manosea la justicia, se está rompiendo el estado de derecho.

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No pueden los destituidos influir en las decisiones del primer poder del Estado, reiteró Saquicela, quien advirtió que los destituidos por el Parlamento no pueden actuar, y que cualquier actuación es nula de nulidad absoluta, porque “ellos fueron destituidos, la sesión en la cual se los destituyó es la que operativizó el llamado a juicio”, reiteró.

Mayoría del Consejo de Participación planteará en la Fiscalía General una denuncia contra Virgilio Saquicela por incumplimiento de medida cautelar

El titular de la legislatura manifestó que la Asamblea Nacional dentro del marco legal procedió el 18 de noviembre a la censura y destitución de cuatro consejeros del CPCCS. Posterior a ello, añadió, hubo una “hemorragia” de quince acciones constitucionales, entre acciones de protección y medidas cautelares autónomas, pues solo en el cantón La Concordia se presentaron siete demandas de medida cautelar autónoma, solo a la séptima pudieron obtener una decisión que establece que la Asamblea suspenda la resolución 112, que hace alusión del pleno de llamar a juicio político y no al juicio como tal.

Saquicela narró que la documentación solicitada por el juez de La Concordia la hizo llegar el 22 de noviembre a través de un funcionario en el juzgado de La Concordia, es decir, el Parlamento cumplió con la disposición judicial.

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También dijo que la Función Legislativa requirió la revocatoria de la medida cautelar, porque “no puede darse el manoseo de la justicia con quince acciones constitucionales, hasta que una pueda coincidir con el criterio de quienes quieren permanecer vulnerando la ley y torciendo el estado de derecho, y no las decisiones de la Asamblea Nacional”.

Saquicela anunció que se buscará una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para poder establecer los parámetros donde no pueden actuar jueces de esta manera, no pueden los jueces que no son del domicilio donde se produce el acto dictar medidas cautelares.

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Explicó que la Asamblea Nacional procedió a convocar a la posesión de los cuatro nuevos consejeros principales del CPCCS, de los cuatro suplentes. Que ahora se argumenta que se convocó a una persona fallecida, entonces, la legislatura procederá a requerir la información al Registro Civil para llamar a la persona que corresponda.

Olindo Nastacuaz fue posesionado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana

Al momento, añadió, las consejeras Karina Ponce y Mónica Moreira ya fueron posesionadas en la época del presidente de la legislatura César Litardo, por lo tanto, pueden principalizarse; en cambio, el consejero Carlos Figueroa dirigió una carta y es el único que queda por posesionarse, en tanto que el consejero Chugchilán renunció al cargo, por lo que se posesionó al siguiente de la lista, Olindo Nastacuaz y podrá principalizarse en el momento que corresponda. (I)