Más de un centenar de pedidos de documentación e información realizó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional respecto a los contratos firmados entre Petroecuador y Petrochina; el uso de los aviones presidenciales; los exámenes realizados por la Contraloría del Estado; la contratación del monitoreo de la campaña electoral; y, la gestión de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia.

El mayor número de información que se solicita es al sector petrolero y está dirigido al gerente de Petroecuador EP, Gonzalo Maldonado Albán, que incluye 81 pedidos de documentos sobre los contratos realizados con la compañía Petrochina International Company Limited; datos y movimientos bancarios de las cuentas en que conste el nombre del titular desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.

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Esta documentación, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien suscribe los pedidos, permitirá conocer la ruta del dinero de uno de los mayores perjuicios de la historia, tras la suscripción de contratos directos de líneas de crédito y otros como preventa petrolera con instituciones financieras y petroleras de China y Tailandia, a través de Petrochina, Unipec y Petro Tailandia, registrados entre el 2009 y 2019.

Estos pedidos son parte de la investigación periodística que llevaba adelante el ahora legislador y que espera cerrar el proceso, y luego remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado con las respectivas recomendaciones y determinaciones. Las instituciones a las que se requirió información tienen un plazo de diez días.

Uso de aviones

En una carta dirigida al presidente de la República, Guillermo Lasso, con fecha 28 de mayo, Villavicencio solicitó que se remitan copias certificadas y los documentos habilitantes de los contratos para la adquisición de los aviones Dassault Falcon 7X con matrícula FAE 052 y Embraer Legacy 600 con matrícula FAE 051.

Además, las rutas que contengan la ciudad de origen, escalas y ciudad de destino final; que se indique el motivo de viajes de los aviones asignados a la Presidencia de la República, así como también de los vuelos bajo modalidad chárter en los periodos comprendidos desde el año 2007 hasta lo que va del año 2021.

En la Comisión de Fiscalización esperan conocer también el listado de la tripulación asignada a los vuelos y aviones de la Presidencia de la República y bajo la modalidad chárter desde el año 2007; listado de los pasajeros de los vuelos y aviones de la Presidencia de la República y bajo la modalidad chárter; los documentos donde conste el tipo de carga y equipajes que fueron trasladados desde el 2007 hasta la presente fecha.

Ese mismo tipo de información fue requerida a Petroecuador y a la Comandancia de la Policía sobre el uso de las aeronaves a su cargo, pues según Villavicencio, posee información de que la aeronave salió a Panamá varias veces y que la usaban varios funcionarios de los anteriores gobiernos.

Exámenes de Contraloría

La Contraloría General del Estado deberá remitir a la Comisión de Fiscalización el listado de todos los exámenes especiales realizados a las instituciones públicas en los periodos comprendidos desde el año 2007 y lo que va del año 2021. Este debe contener nombre de la institución, tipo de examen; en el caso de existir responsabilidades penales, civiles, administrativas, glosas, deberán ser descritas con los nombres de los funcionarios y sus respectivos cargos.

Deberá incluirse un listado de todas las glosas, detallando su estado, y que hayan sido generadas desde el 2007; las glosas desvanecidas con sus respectivas resoluciones; el listado de las predeterminaciones emitidas de los exámenes especiales; y, el listado de las órdenes de trabajo de inicio de exámenes especiales que hayan sido canceladas entre el año 2007 hasta la actualidad.

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La contralora subrogante, Valentina Zárate, ha señalado que entregará toda la información solicitada por la Asamblea Nacional, lo cual implica mucha documentación y será una memoria de todo lo que ha pasado en la Contraloría del Estado desde el 2007, dijo Villavicencio.

Centro de Inteligencia

También se solicitó información sobre el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). La Comisión de Fiscalización en la sesión de este miércoles espera aprobar una resolución para hacer una visita in situ a la institución para recibir un reporte de los equipos y la información que está en los archivos.

Villavicencio precisó que al secretario general de la Presidencia de la República, Ralph Suástegui, se le solicitaron copias de los listados de los contratos de adquisición de bienes, equipos y servicios tecnológicos propios para el desempeño del servicio de inteligencia y contrainteligencia, nombres de los contratistas, proveedores, domicilios, identificación del representante legal, cuantía de los contratos, formas de pago, pagos realizados entre el año 2007 y el 24 de mayo de 2021.

Las actas suscritas con la Contraloría del Estado de aquellos gastos legalmente justificados y declarados como gastos reservados desde el 2007 de la extinta Secretaría de Inteligencia y el actual Centro de Inteligencia Estratégica.

En la información se solicita también el listado de todo el personal que desarrolló actividades permanentes, temporales, ocasionales o tiempo parcial tanto perteneciente a la Policía Nacional, al personal civil, donde se deberá determinar las funciones que desempeñaban.

Monitoreo de propaganda

Otro de los pedidos que solicitó Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización es el contrato del servicio de monitoreo de propaganda electoral en medios digitales y comunicación social en prensa escrita, radio y televisión para el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones generales del 2021, durante las etapas de campaña anticipada, campaña electoral, el silencio electoral y día de sufragio.

Se tendrá que presentar los informes de monitoreo, grabación, identificación, tabulación y valoración de la propaganda diaria transmitida en las 24 provincias en los medios de comunicación social que incluye prensa escrita, radio y televisión en los periodos comprendidos desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 7 de febrero de 2021; y, del 7 de febrero de 2021 al 11 de abril de 2021, de los 560 medios registrados en el CNE.

Villavicencio señaló que el CNE estaba obligado a contratar el monitoreo de medios desde el día en que empieza la campaña, esto es el 31 de diciembre de 2020, pero el contrato recién se firmó el 26 de enero; lo cual es una grave violación al Código de la Democracia, dijo. (I)