Proyecto de Ley de Libertad de Expresión no convence a todos en la Asamblea Nacional

Los equipos técnicos de los bloques legislativos empezaron a analizar el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional que defiende, promueve y garantiza las libertades de expresión, de comunicación y de prensa.

El proyecto tiene 14 artículos, dos disposiciones reformatorias, dos derogatorias y una disposición final, donde se determina que todas las personas de manera individual o colectiva son titulares de los derechos de libre expresión y comunicación, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad privada.

Si bien la propuesta del Ejecutivo plantea la despenalización de la calumnia, la persona puede acudir a la vía civil por acciones que afectan al honor y buen nombre.

Guillermo Lasso plantea despenalización de la calumnia en proyecto de la nueva Ley de Comunicación

Eso se complementa con normativa planteada por el Ejecutivo que obliga a los medios de comunicación a regular su propio comportamiento por medio de códigos de ética y políticas editoriales o informativas, los cuales deberán difundirse en sus portales web.

Además, toda persona que haya sido directamente mencionada a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso para que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita.

Héctor Muñoz, exlegislador de la Comisión de Justicia, explicó que al derogarse el artículo 182 y una parte del 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que hace el Ejecutivo es eliminar la acción penal con una pena privativa de seis meses a dos años, para la calumnia, pero queda aún la posibilidad de que por esa clase de acciones pueda interponer la acción civil.

La diferencia radica, añadió, en que lo civil es de carácter pecuniario, es decir, se fija indemnización, cuando en función de esa actitud se pueda lacerar el derecho a la honra. No se elimina la posibilidad de accionar por la calumnia, sino el tipo penal contenido en el COIP.

En la Asamblea Nacional los legisladores aún analizan el contenido del primer proyecto remitido por el presidente Lasso, unos adelantan apoyos y otros defienden la vigencia de la actual ley.

Rafael Lucero, coordinador de Pachakutik, dijo que ya se inició la revisión del proyecto y que en su momento habrá un pronunciamiento oficial y claro; pero dijo que si la propuesta del Ejecutivo plantea el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de opinión, lo que hará Pachakutik es respaldar su aprobación.

Dijo que muchos del movimiento indígena son comunicadores sociales y existen medios de comunicación comunitarios, por lo que esperan incluir textos para garantizar su permanencia.

“Nosotros vamos a exigir que se preste la libertad de expresión, que los medios de comunicación tengan la libertad de comunicar, informar y que no exista persecución política a aquellos medios de comunicación que denuncian las cosas antes de que la justicia investigue.

La coordinadora del PSC, Dallyana Passailaigue, afirma que su bancada defiende y defenderá la libertad de expresión, y que siempre estuvo en contra de la Ley de Comunicación aprobada en el 2013 y todas las instancias para sancionar y liquidar a los medios.

El proyecto remitido por el Ejecutivo recoge observaciones de relatores internacionales para garantizar que el ejercicio del periodismo, sobre todo de investigación, esté libre de mordaza.

Presidente de la República, Guillermo Lasso, remite proyecto que deroga la Ley de Comunicación vigente desde 2013

Passailaigue destacó la eliminación de la pena que es de carácter penal de la calumnia; es decir, se elimina la prisión, pero sí se mantiene la posibilidad de la acción civil.

En cambio, Juan Lloret, de la bancada de UNES, sostiene que es peligroso que se plantee la derogatoria de la ley vigente y además se despenalice la calumnia, pues eso dejaría en la indefensión a los ciudadanos ante el poder mediático.

El proyecto apela a la autorregulación de los medios, lo cual según Lloret es insuficiente, en vista de lo que le ha tocado vivir en los últimos años a la clase política, donde se ha visto que los medios de comunicación, no todos, han jugado un papel decidor detrás del poder.

Con la despenalización de la calumnia el día de mañana cualquier medio de comunicación puede publicar cualquier cosa, cuando lo que se debe defender es el derecho a la verdad donde los medios juegan un papel fundamental. “Este proyecto constituye una carta abierta para que los ciudadanos no tengan instrumentos para defenderse en el caso de que las noticias no correspondan a la verdad”. El planteamiento de la bancada de UNES debería ser la defensa de la legislación vigente en materia de comunicación, subrayó. (I)