A doble jornada, este 8 de julio, la Asamblea Nacional rechazó el informe de gestión del expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, por cumplir solo 11,4% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Además, el pleno resaltó que el ex mandatario entregó el informe fuera de tiempo y en su elaboración no hubo orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales e incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.

Por unanimidad, la legislatura dispuso que la Secretaria General remita copias de la resolución adoptada así como el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre el informe de gestión del expresidente Moreno, a la Contraloría General del Estado, para que, en el marco de sus competencias, inicie los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID-19.

La Secretaria General de la Asamblea también deberá remitir copias de la resolución adoptada por el Pleno y el informe respectivo a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus competencias, inicie las acciones que correspondan.

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Inicialmente, el informe recomendaba al pleno que se inicie un juicio político en contra del ex mandatario por incumplimiento de funciones en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, pero el texto fue excluido en la resolución final presentada por la asambleísta, Mireya Pazmiño, presidenta de la comisión de Régimen Económico que elaboró el informe.

El debate y resolución sobre el informe de gestión presentado fuera de plazo se realizó en la sesión plenaria 715.

El informe que presentó Moreno a la Asamblea Nacional consta de 111 fojas, divididas en tres secciones, donde se habla del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; sin embargo, según la legisladora Pazmiño, no se adjuntan datos, cuadros estadísticos, anexos ni referencias de ningún tipo que sirvan como fuente de verificación de las afirmaciones vertidas en el informe.

Asamblea Nacional debate enjuiciamiento político a Lenín Moreno por incumplimiento de funciones

En el documento, el exmandatario hace referencia a la inversión social, salud, educación y obra pública y una situación de crecimiento económico e inversión social que hace pensar, según Pazmiño, que se refiere a otro país o a otro contexto, y no presenta una sola fuente de verificación.

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Pazmiño resaltó un sobreendeudamiento del expresidente, que duplicó la deuda pública, y si esos recursos no fueron utilizados para el cumplimiento del plan nacional de desarrollo, dónde fueron a parar todos esos dineros, preguntó.

Dijo que es urgente armar una comisión ocasional que audite los procesos de deuda pública de Moreno, en el que se determine lo que firmó el exmandatario con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones que se impusieron.

La legisladora de Pachakutik indicó que en el informe de gestión, Moreno hace referencia a los hechos de octubre de 2019 y califica como sombrío el hecho registrado, donde resalta que soportó once días de inusitada violencia, pero que nunca habla de que la razón de esa crisis y asesinatos que se produjeron fue la emisión del Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y que fue adoptado sin consensos, diálogos y conversaciones con ningún sector social.

Diego Ordóñez (CREO) explicó que su bancada se abstuvo de votar por el informe de la Comisión, porque se enfrentaron a un dilema de que ese informe carece de veracidad y que refleja un mal gobierno, pero no por las conclusiones que constan en el texto, sino porque el informe no fue elaborado por la subcomisión, sino por el asesor de la presidenta de la Comisión, Carlos de la Torre, que a criterio del legislador es un connotado correísta y además fue ministro de Economía de Moreno.

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Resaltó que el informe lo que pretende demostrar es que el gobierno de Moreno fue un mal gobierno, pero desarticula la historia, pues no reconoce que a Lenín Moreno le llegó una crisis gestada por un gobierno corrupto y despilfarrador.

Ordóñez resaltó que el informe pinta una realidad que no corresponde a los hechos, que es como cuando en el gobierno de Correa se fabricaba la verdad, la maquillaban para poder convencer de que las cosas estaban bien, cuando en realidad todo incurría en corrupción.

Si bien no se está juzgando el gobierno de Rafael Correa, Ordóñez dijo que para analizar el desempeño del gobierno de Lenín Moreno hay que recoger los indicadores que arroja el gobierno de Correa. Porque el gobierno de Moreno, para desgracia del Ecuador, encontró una caja fiscal sin recursos para atender la emergencia derivada por la pandemia del COVID-19.

En el informe de la Comisión inicialmente se aprobó un acápite donde se sugería un juicio político a Lenín Moreno; pero en la Constitución no se contempla esta figura, por lo tanto, el informe se alteró al llegar al pleno de la Asamblea, por lo que pidió a la sala que se contraste el texto que fue votado.

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Blasco Luna (UNES) refutó la versión de Ordóñez, quien dijo que el informe sobre lo presentado por el exmandatario Moreno fue elaborado en la Comisión.

Que el informe de Moreno falta a la verdad, por los datos que dio a conocer como la construcción de vivienda, pues el mismo Ministerio de Vivienda afirma que de las 125.000 viviendas únicamente construyó 15.000 y que posiblemente se harán unas 2.000 más.

Que si bien es cierto que en la Constitución no se especifica un juicio político a un exmandatario, pero también es cierto que los exministros de Moreno deben rendir explicaciones a la Asamblea.

Byron Maldonado (CREO) dijo que no se suma al informe, porque existe una serie de incoherencias, y además, porque no es legalmente viable un juicio político contra el expresidente Moreno, porque no lo contempla la Ley.

En cambio, Pabel Muñoz (UNES) manifestó que el informe de Moreno debe ser comparado con su mismo gobierno, con lo que dijo que iba a hacer en el 2017 y lo que cumplió hasta mayo de 2021. (I)