Casi a los nueve meses, la Asamblea Nacional vuelve a definir un cambio en la segunda vicepresidencia del Parlamento. Esta vez, Yeseña Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática, será sometida a un juzgamiento en el pleno por incumplimiento de funciones. Antes se juzgó por actos de corrupción a la entonces legisladora Bella Jiménez, a quien remplazó.

El pleno del Parlamento está convocado para este jueves a partir de las 09:30. Como segundo punto en el orden del día se incluye el informe sobre la denuncia calificada y admitida por resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presentada por la asambleísta Jhajaira Urresta (UNES) en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní.

Asamblea Nacional conocerá informe que recomienda destituir a Yeseña Guamaní como segunda vicepresidenta del Parlamento

Guamaní está acusada de incumplir funciones por interferir en las atribuciones del CAL al mocionar que se consultara a la Corte Constitucional, antes de que se calificara el proyecto de ley derogatoria de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal (reforma tributaria que incrementó impuestos), de iniciativa de la legisladora de UNES Viviana Veloz, con el fin de determinar el alcance del artículo 140 de la Constitución.

La procesada ha señalado que la acusación es infundada; que existen diez ilegalidades que fueron expuestas durante la sustanciación de la denuncia, y afirmó que lo único que busca el correísmo es tomar el control de la Asamblea Nacional y que esperan su salida para “repartirse” las dos vicepresidencias que quedarían vacantes.

Los representantes de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC), a los que se suman los disidentes de la Izquierda Democrática y los autodenominados Rebeldes de Pachakutik, anunciaron que acogerán el informe presentado por la comisión pluripartidista ad hoc, donde se recomienda la destitución de Yeseña Guamaní en su calidad de segunda vicepresidenta.

De confirmarse esa decisión anticipada de los bloques, que juntos superan los 70 votos necesarios para destituir a un legislador por incumplimiento de funciones, se sumaría la segunda vacante entre las autoridades del Parlamento, pues desde el 31 de mayo está vacante la primera vicepresidencia que dejó Virgilio Saquicela, quien pasó a remplazar a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional tras su destitución, también por incumplimiento de funciones.

El presidente de la Asamblea anunció que tiene previsto convocar al pleno para el próximo martes para designar a dos legisladores que ocuparán la primera y segunda vicepresidencias.

Por qué buscan llegar al CAL

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) es el máximo órgano de administración de la Asamblea Nacional. Lo componen, a más del presidente y los dos vicepresidentes, cuatro vocales que son designados por el pleno. A este organismo todos los legisladores aspiran a llegar, en razón de las atribuciones que tiene y también por algunos privilegios que reciben sus miembros.

El CAL define la hoja de ruta de la Asamblea en materia legislativa y de fiscalización, planifica las actividades legislativas, resuelve la calificación o no de los proyectos de ley que se presentan, sugiere al pleno la creación de comisiones ocasionales, resuelve si sanciona o no a un asambleísta, aprueba el presupuesto del Parlamento, califica los juicios políticos, establece la prioridad del tratamiento de los proyectos, entre otras de las atribuciones.

La legisladora Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, resalta que el CAL tiene potestades importantes para todo lo que es calificación de proyectos, juicios políticos, el orden en que tienen que ir los proyectos al pleno. Según ella, el principal objetivo de esta nueva mayoría es “poder articular y tener el control, a mediano plazo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

Desde el CAL podrán establecer “todo lo que quieren para llegar al Consejo de Participación, al Consejo de Judicatura, que son espacios clave de control”; y para ello existe un acuerdo entre el correísmo y el PSC, afirma Andrade.

Nathalie Arias, integrante del CAL en representación de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), recalca que en ese organismo administrativo se define la agenda y se cuestionan las últimas reuniones que mantiene la actual administración con sectores sociales y representantes de los Gobiernos seccionales en su afán de construir una nueva agenda legislativa.

Resaltó que en el Consejo de Administración se definen las sanciones a los asambleístas por faltas graves o muy graves. Con respecto a esto, dijo que no a todos se los mide con la misma vara, pues Arias reveló que es testigo de que se suspendió al legislador Salvador Quishpe (PK) por 20 días por una denuncia que provino de la bancada correísta; pero esa misma mayoría del CAL no dio paso al pedido de sanción por agresión verbal presentado por la legisladora Blanca Sacancela (BAN) en contra del correísta Ferdinan Álvarez. “Ahí vemos el doble rasero”, apuntó.

El coordinador del bloque del PSC, Esteban Torres, describe que por la mesa del CAL pasan muchos temas trascendentales, como la calificación de los juicios políticos y el orden en que deben ser tramitados, calificación de proyectos de ley, la decisión de consultar a otras instituciones sobre ciertos temas.

El representante de Tungurahua también señala que los temas administrativos de la Asamblea Nacional son exclusivos del CAL, como aplicar sanciones a los legisladores cuando son denunciados. Igualmente, existen espacios para coordinar con el presidente los temas que se tramitarán con prioridad en el pleno. (I)